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Regular proceso de selección de magistrados de Corte es clave para abordar impunidad en Honduras

selección de magistrados es clave para abordar impunidad en Honduras

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“La corrupción en Honduras es endémica, su penetración en el Poder Judicial es inmensa. Aún no hay confianza en una judicatura que ha estado plegada a intereses de los partidos políticos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado”, detalló la directora de WOLA para Centroamérica

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indicó que para abordar la impunidad en Honduras y la independencia judicial, el Congreso Nacional debe regular el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo los principios de transparencia, idoneidad, objetividad y méritos.

El pronunciamiento se hace en medio de la discusión de la nueva Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la CSJ.

Ana María Méndez-Dardón, directora de WOLA para Centroamérica

La directora de WOLA para Centroamérica, Ana María Méndez-Dardón, señaló que si bien hay un «canal abierto de buena voluntad para los temas de corrupción.  No hay aún algo que podamos llamar un avance real» y «el proceso legislativo actual representa una oportunidad única en ese sentido.»

Manifestó que pese al reciente cambio de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien parece tener voluntad de iniciar cambios reales, “la corrupción en Honduras es endémica, su penetración en el Poder Judicial es inmensa y aún no hay confianza en una judicatura que ha estado plegada a intereses de los partidos políticos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado”.

Méndez-Dardón afirmó que ante la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), si bien no se pretende un escenario perfecto, sí se requiere de condiciones que puedan generar cambios en el sistema judicial de Honduras.

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La representante regional de WOLA destacó que existen cuestiones básicas que son necesarias para el funcionamiento de un mecanismo anticorrupción. En primer lugar está la eliminación de obstáculos legales y políticos que impidan hacer investigaciones criminales profundas y relevantes.

Seguido por el fortalecimiento de las unidades dentro de la administración de justicia con recursos humanos y financieros. En este caso, que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) esté dotada de recursos humanos, técnicos y financieros.

Explicó que para el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se pasó por tres etapas: la creación de herramientas legales, identificación de patrones de las estructuras criminales que más dañaban la democracia en el país, y el último período con investigaciones criminales y procesos judiciales que sacaron a la luz los grandes esquemas de corrupción.

Mendéz-Dardón apuntó que es necesario establecer un escenario similar en Honduras. Esto porque “en la medida en que no se fortalezcan las instituciones nacionales ninguna comisión internacional va a tener impacto”.

Al referirse al poder del crimen organizado en países como Honduras, la representante de WOLA para Centroamérica dijo que este ha penetrado las más altas esferas del poder entrelazadas con las élites.

“Lo que estas redes criminales han creado es una dinámica perversa en lo político y lo legal, convirtiendo a los gobiernos en sus principales aliados. El caso de Juan Orlando Hernández en Honduras demostró que el narcotráfico tiene distintas formas de cooptar y penetrar a la institucionalidad”, sostuvo. 

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Previamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) hizo un llamado para adoptar un nuevo marco legal para la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora que garantice que la próxima elección se realice con base en criterios de idoneidad, capacidad, integridad y competencia.

Mientras que el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, advirtió al Congreso Nacional que si no se aprueba una nueva ley para la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia se pone en riesgo la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

El Congreso Nacional discutió y aprobó -el sábado- 14 de los 28 artículos que conformarían  la nueva Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes se retomó el debate a partir de las 4:00 de la tarde.

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