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Debemos garantizar el derecho a la salud en Centroamérica

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Por: Julio Hernández*

En 2022 el mundo alcanzará la histórica cifra de 8,000 millones de habitantes, uno de los hechos que marcó la celebración del Día Mundial de la Población de este año. Es un momento oportuno para recordar los avances existentes en la ampliación de la esperanza de vida, así como en la reducción de la mortalidad materna e infantil, sin olvidar que el progreso no ha sido igual para todos, pues persisten amplias desigualdades entre regiones, países y personas, que afectan especialmente a las mujeres, personas en territorios rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes, brechas de bienestar que  se han agravado por los efectos sociales y sanitarios provocados por la pandemia de la covid-19.

Para el caso de Centroamérica, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas[1], en 2022 la población alcanzará la cifra de 51.1 millones de personas. Tal como ha sucedido con otras regiones del mundo, Centroamérica ha tenido en las últimas décadas un aumento significativo en la cantidad de su población; entre 1980 y 2020, la población centroamericana pasó de 22.9 millones de personas a 50.0 millones: se duplicó su población. La población seguirá en aumento en las próximas décadas, aunque a un menor ritmo, estimándose que para 2050 alcance un total de 66 millones de personas.

Fuente: elaboración propia con datos de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2022), Perspectivas de la población mundial: la revisión de 2022, a través del sitio web https://population.un.org/wpp/

Tal como señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), existen posturas que afirman que «el mundo está al borde de una desastrosa superpoblación o de un colapso de población catastrófico»[2], ambas exigiendo medidas para restringir o aumentar el crecimiento de población, olvidando que estas medidas socavan los derechos humanos, entre estos los derechos reproductivos, especialmente de las mujeres, a quienes se les obliga a tener más o menos hijos, ya sea en contra de su voluntad o debido a que no tienen acceso a servicios que pueden ayudarlas a tomar esa decisión. Por ello, más allá del hito numérico, la atención debe centrarse en las personas.

Para los Estados y sociedades centroamericanas, alcanzar una población de 51 millones de personas deberían representar 51 millones de oportunidades para crear una Centroamérica desarrollada, sostenible e inclusiva. Para encaminar a Centroamérica en esa ruta, el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es un horizonte ineludible. Si bien atender la totalidad de las metas establecidas en esta agenda resultará imposible para la mayoría de los Estados centroamericanos —dado el corto periodo de tiempo que queda para su cumplimiento—, sí es posible atender las necesidades sociales más urgentes, entre ellas, la erradicación de la pobreza, la universalización de la educación, así como la mejora sustancial de los servicios de salud, especialmente la atención primaria.

En términos demográficos, sociales y de garantía de derechos humanos, lograr la universalización de la atención primaria en salud es esencial. Sin esto no se podrán lograr avances significativos en la reducción de las muertes maternas e infantiles, así como en el aumento de la esperanza de vida, especialmente en las poblaciones más desfavorecidas. Así mismo, la atención primaria en salud es clave para garantizar el derecho de toda persona a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento e intervalo de los nacimientos y a disponer de información y de los medios para ello —incluyendo el acceso a métodos e información de planificación familiar—, tal como lo señala el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030 (Vol. 3), tomando como referencia los estándares recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sugieren un nivel mínimo de inversión en salud del 6.0% del Producto Interno Bruto (PIB), ha calculado los esfuerzos que deben realizar los Estados centroamericanos para avanzar decididamente en la mejora sustancial de los servicios de salud. De tal cuenta ha estimado que, a 2030, la inversión en ese rubro deberá incrementarse en un 3.5% del PIB en Guatemala, en 2.8% en Honduras, en 1.3% en El Salvador,  en 1.2% en Panamá, 0.8% en Nicaragua y 0.5% en Costa Rica. Además, recomienda que este aumento de recursos se acompañe de la adopción de sistemas de atención que se adapten al contexto económico y social de la población que atiende, así como del establecimiento de mecanismos de evaluación permanentes diseñados para asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos.

[1] Ver en: World Population Prospects – Population Division – United Nations

[2] Ver en: Día Mundial de la Población (unfpa.org)

*Economista investigador del Icefi

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