Presiones políticas impiden libertad de ambientalistas de Guapinol

Por: Redacción CRITERIO.HN

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El equipo de abogados de los ambientalistas de Guapinol quienes tienen más de un año de permanecer en prisión preventiva, ha presentado un nuevo recurso de amparo por violación al debido proceso de defensa y a la libertad personal.

La acción fue presentada ante la Corte de Apelaciones y pretende presionar por la liberación de los ocho defensores del agua que permanecen tras las rejas por orden de los Juzgados con Jurisdicción Nacional.

Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente Miguel Facussé.

Inicialmente los ambientalistas habían sido acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.

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De acuerdo a las declaraciones a medios de comunicación del abogado Carlo Jiménez, integrante del equipo de defensa, el recurso pretende dar rechazo a la decisión del pasado 13 de agosto de la Corte de Apelaciones, quien dejó sin lugar las peticiones de revisión de medidas de los imputados.

En la primera quincena de agosto, la defensa de los ambientalistas fue notificada sobre la ratificación de prisión preventiva contra los acusados. “Es una maniobra vergonzosa que ahora la denominamos como copy paste, pues la resolución incluso fue adaptada a otra que se dio en un caso parecido”, expresó Jiménez.

Hace un año, los defensores se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional para aclarar su situación legal después de que la empresa minera Los Pinares y el Ministerio Público presentaran cargos  en su contra.

Al terminar su audiencia inicial el 1 de septiembre de 2019, la jueza Lisseth Vallecillo ordenó la prisión preventiva a pesar de que según la defensa, los cargos a los que se enfrentan  (incendio agravado y privación injusta de libertad) – no requieren esta medida.

“Está claro que la medida responde a presiones políticas, este atraso en la resolución de los recursos que hemos interpuesto no es un asunto de negligencia o lentitud administrativa, sino que pertenece a decisiones políticas para mantener a los ambientalistas presos injustamente”, enfatizó Jiménez.

“El fallo copy paste de las magistradas María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubon Padilla y el Magistrado Ramiro Alejandro Ramírez de la Corte de Apelaciones, emitido el 13 de agosto, ratifica el fallo de la Jueza Vallecillo, quien fue traslada del Juzgado de Jurisdicción Nacional la semana pasada”, dice el comunicado emitido por la defensa en la conferencia de prensa.

Para los abogados, las acusaciones realizadas por el Ministerio Público y la empresa Los Pinares son falsas y no tienen sustento legal, por lo que los acusados deberían estar en libertad desde el día en que se presentaron voluntariamente a la audiencia.

El recurso presentado ante la Corte, va dirigido a los 8 ambientalistas que permanecen privados de su libertad en una cárcel de Olanchito, Yoro. Cabe mencionar que la Corte Suprema este mes de agosto resolvió en contra del primer grupo de ambientalistas que fueron absueltos de responsabilidad penal en el mismo caso.

Y es que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo emitido en favor de los ambientalistas Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalid Cedillo Mendoza, Marco Tulio Ramos quienes el pasado 4 de marzo de 2019 fueron sobreseídos definitivamente en el caso y que ahora con la determinación de la Corte, se encuentran en riesgo de retornar a prisión.

Sobre ambas situaciones el Comité Municipal Ambiental de Tocoa, Colón, rechazó la decisión de la Corte: “Esto confirma una vez más la persecución política contra los defensores y defensoras, cuya resolución es la viva expresión de la opresión sistemática de los ricos contra los oprimidos”, manifestó tal organización.

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El equipo de defensa de los ambientalistas, aseguró que seguirán presionado para que la Corte pueda dar lugar a una audiencia de revisión de medidas, en la que se le permita a los imputados defenderse en libertad.

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