Denuncian persecución política detrás del revés judicial contra defensores del río Guapinol

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó el sobreseimiento definitivo emitido a favor de los defensores del río Guapinol en Tocoa, Colón; y dictó auto de formal procesamiento junto a otros ocho defensores que guardan prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito por el mismo caso.

Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reinaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza, Marco Tulio Ramos son los defensores que el 4 de marzo de 2019 recibieron sobreseimiento definitivo y ahora se encuentran en riesgo de ser apresados por las autoridades.

El Comité Municipal Ambiental de Tocoa, rechaza enérgicamente la decisión de la Corte de Apelaciones, «porque confirma una vez más la persecución política contra los defensores y defensoras, cuya resolución es la viva expresión de la opresión sistemática de los ricos contra los oprimidos.

El derecho que protegen es el derecho corporativo empresarial privado sobre los derechos colectivos de las comunidades y sus bienes, eso explica la criminalización y la militarización”, dijo el Comité en conferencia de prensa desde Tocoa, Colón.

Conferencia sobre la decisión de la corte este sábado 15 de agosto

Para el abogado Edy Tabora, la acción judicial representa un atentado contra los derechos fundamentales como la manifestación pacífica, libertad de expresión y defensa del medio ambiente, en un contexto donde se da sobreseimiento a implicados del caso Pandora.

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 Asimismo, Omar Menjivar, abogado de los defensores de la comunidad de Guapinol, reitera que el caso tienen graves falencias legales en el que se ratifica que la línea es de persecución por parte del Poder para defender intereses del capital y quienes poseen el capital en proyectos que atentan contra el medio ambiente.

George Leonel, uno de los defensores del río Guapinol cuyo sobreseimiento definitivo fue revocado, calificó el accionar de la Corte como “una situación lamentable donde se evidencia la vulneración y desprotección de los defensores de las comunidades y donde no se opera con el propósito de garantizar la vida de la ciudadanía y la defensa del medio ambiente.”

Igualmente, Juana Zúniga, quien también forma parte de la defensa del río Guapinol, dijo que la decisión de la Corte de Apelaciones “evidencia la vulneración y desprotección de quienes defienden las comunidades. Es lamentable que no se opere para garantizar la vida y se evidencia que hay un sistema judicial al que no le interesa su ciudadanía y medio ambiente”.

Finalmente, el abogado Efraín Ramírez, resaltó que la resolución de la Corte de Apelaciones carece de apego al derecho al emitir una sentencia de culpabilidad en el numeral 11, afirmando la comisión de un delito. “Esto es algo gravísimo”, afirmó. A la vez que señaló que, así como los defensores de Guapinol están siendo perseguidos, “hay muchas comunidades que están siendo pisoteadas por autoridades que deberían defender sus derechos.” El Estado de Honduras dio una concesión de explotación minera a Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalares. Esta acción causó la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro, que abastecen con agua potable a catorce comunidades circundantes. Debido a este accionar los defensores del agua establecieron por más de 60 días un campamento para la defensa de sus afluentes de agua.

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Actualmente, otros ocho defensores del río Guapinol guardan prisión preventiva desde el 1 de septiembre de 2019, y los habeas corpus presentados tanto por su defensa como por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) fueron negados por la Sala Constitucional, aduciendo que actualmente las garantías constitucionales se encuentran suspendidas debido al Covid-19.

A inicios de agosto, los defensores conmemoraron la instalación del campamento de la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón. Durante este evento condenaron a las autoridades hondureñas por permitir que Inversiones Los Pinares continúe el desarrollo de operaciones a orilla del río Guapinol durante la emergencia; mientras obstruyen el proceso de liberación de los ocho líderes criminalizados, corriendo el riesgo de contagiarse con Covid-19 al interior del Centro Penal de Olanchito en el departamento de Yoro.

Organizaciones internacionales y el senador estadounidense Jeff Merkley han manifestado su preocupación por la seguridad física de los defensores de Guapinol que se encuentran en detención preventiva. “Estoy profundamente preocupado por la seguridad personal de estos activistas, que actualmente están siendo detenidos en Honduras a pesar de no haber sido condenados por ningún crimen. Fueron detenidos simplemente por protestar por proyectos mineros que han envenenado el agua local para 14 comunidades cercanas”, escribió el senador demócrata por el estado de Oregon en su muro de Facebook.

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