Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) presentó una segunda denuncia por traición a la patria contra hondureños que conformaron el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el cual regulaba las inconstitucionales y recientemente derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público es contra Ricardo Rodolfo Maduro Joest, empresario que fungió como presidente de la República por el Partido Nacional en el período 2002-2006; y Octavio Rubén Sánchez Barrientos, quien fue exministro de staff del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, según compartió Business Human Rights.
El coordinador de ARCAH, Christopher Castillo, compartió que con esta denuncia se completan las acusaciones contra los hondureños que fueron miembros del CAMP, una estructura que era la encargada de rectorar todos los procesos de las ZEDE a nivel nacional, incluidas Próspera, Morazán y Orquídea, así como la promoción -en su momento- de la fallida ZEDE Mariposa.
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“Ayer [Lunes, 12 de agosto] denunciamos, específicamente, contra Ricardo Maduro, que es expresidente de la República, y también contra Octavio Sánchez Barrientos, ambos miembros del CAMP que en el marco de la promoción de las ZEDE analizamos, evidenciamos, y sostenemos que fue y continúa siendo una lesión a la soberanía nacional, territorial y de los pueblos, que interfiere en el ejercicio de los derechos humanos. Presentamos denuncia sobre cuatro delitos siendo el principal, el delito de traición a la patria”, confirmó Castillo a Criterio.hn.
A esta nueva imputación se suman las denuncias contra los ahora recientemente nacionalizados ciudadanos nicaragüenses, Ebal Jair Díaz Lupían y Ricardo Leonel López Cardona López.
Criterio.hn ha realizado varias solicitudes de información a la Secretaría de la Presidencia, del anterior y actual gobierno, para conocer quiénes son los actores detrás del CAMP. A lo largo de los años y meses, la respuesta se ha sostenido y continúan entregando copia del Decreto No. 368-2013. La última respuesta a la solicitud realizada por Criterio.hn fue el 1 de agosto de 2022.
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Ebal Jair Díaz Lupían fue secretario ejecutivo del Consejo de Ministros en el periodo 2014 a 2018, durante el primer mandato de Juan Orlando Hernández. Luego, en febrero de ese año, fue ungido secretario de la Presidencia y fue considerado mano derecha de la administración Hernández. Además, es investigado en Honduras por el fallido proyecto Casas Contenedores, que causó un daño económico al Estado de Honduras por 1,200 millones de Lempiras.
Mientras que Ricardo Leonel Cardona López, también exministro de la Presidencia, exsecretario privado de Juan Orlando Hernández y extitular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
Ricardo Leonel Cardona López también fue señalado por el Consejo Nacional Anticorrupción por latrocinio tras su paso por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y valoró el perjuicio monetario al Estado de Honduras por 178,845,912 millones de Lempiras.
Castillo expresó que las denuncias fueron interpuestas en momentos distintos debido a que las interpuestas contra Ebal Díaz y Ricardo Cardona deben ser vistas desde una óptica acorde al derecho internacional. Ambos se nacionalizaron como nicaragüenses, lo que afecta la óptica jurídica, teniendo que pasar por el derecho internacional dado que ambos “en un claro intento de evadir la justicia, en especial la que tiene que ver con procesos de extradición porque Nicaragua no cuenta con tratados de extradición”.
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El coordinador de ARCAH fue contundente y expresó que las denuncias contra estos cuatro hondureños, no implica que el resto de miembros del CAMP que son extranjeros están liberados de responsabilidad de la comisión de otros delitos, pero la vía de denuncias es distinta.
En cuanto a la actuación de las denuncias realizadas contra estos cuatro exfuncionarios públicos, Castillo manifestó: “este es un Ministerio Público que está cooptado todavía por estructuras del narcotráfico que gobernaron doce años, que sigue estando bajo la presión transnacional que fue capaz de dar golpe de Estado y que además tiene la complicidad histórica con las ZEDE”.
No obstante, el coordinador de ARCAH especificó que la denuncia presentada
no es simple, es una acusación y hacen la solicitud al Ministerio Público de investigar y profundizar en el caso, sin injerencias de las ZEDE, solo así encontrarán otra gama de delitos.
