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Por asesinato de Berta Cáceres sentencian a 22 años de prisión a David Castillo

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Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- Después de cuatro audiencias postergadas, dieciséis minutos bastaron para dar lectura a la sentencia contra Roberto David Castillo Mejía, quien deberá cumplir un total de 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de la ambientalista indígena Berta Isabel Cáceres.

Los abogados defensores de Castillo asistieron virtualmente a la audiencia. Mientras integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y otras organizaciones se movilizaron desde diferentes lugares del país hasta la Corte Suprema de Justicia en la capital de Honduras.

Los manifestantes reafirmaron que, pese a la lectura de la sentencia, el Estado de Honduras continúa en deuda con la justicia puesto que David Castillo es solo un eslabón a la cadena de mando que ordenó el asesinato de la lideresa del Copinh.

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La lectura de la sentencia se dio a pocos días de que se cumpliera un año de la condena contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y de repetidas postergaciones por parte del Tribunal.

SENTENCIA DE DAVID CASTILLO

En la lectura de hechos probados destacaron el pago por parte de DESA a informantes para mantenerlos al día sobre las actividades del Copinh y los movimientos de la lideresa ambientalista indígena, así como el intercambio de mensajes entre la red de ejecutores del crimen y altos directivos de DESA.

Posterior a esto, la jueza presidenta dio lectura a la sentencia en la que condenó a Roberto David Castillo Mejía como autor responsable a 22 años y 6 meses de prisión.

La pena deberá cumplirla en el centro penitenciario que el juez de ejecución determine. A la vez que deberá computarse el tiempo que Castillo permaneció en prisión por esta causa y la inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de las condenas.

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De igual forma se declaró a Castillo responsable civilmente, punto que será objeto de casación en la fase de ejecución de la sentencia, declaró la jueza presidenta, y se le suspendió su ciudadanía por disposición constitucional. Tampoco procede la condena en costas procesales personales ni gastos ocasionados por el juicio.

En el cuarto numeral se especificó que “no se decreta el comiso de las evidencias puestos a la vista del juicio oral y público, en vista de que el ente acusador continúa las investigaciones en relación al asesinato de la señora Berta Isabel Cáceres”, leyó la jueza.

Tanto la defensa como las partes acusadoras tendrán el término legal de hasta veinte días para interponer un recurso de casación.

REACCIONES DE ORGANIZACIONES

Tras conocer la sentencia, la Global Justice Association señaló que los autores intelectuales del asesinato de la lideresa indígena continúan sin ser responsabilizados y que el Copinh exige su captura.

 

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señaló que aún falta deducir responsabilidades a los Atala Zablah, a quienes el Copinh apunta como los autores intelectuales de Berta Cáceres.

 

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos subrayó que tras la sentencia contra Castillo, siguen firmes en la exigencia de justicia para Berta Cáceres y cárcel para los actores intelectuales que no han sido juzgados.

El abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad y parte acusadora en la causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, remarcó que “más que la cantidad de años, es el precedente. No son empresarios, son criminales”.

 

La ambientalista Berta Isabel Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, por oponerse a la construcción de una represa en el río Gualcarque que es vital para la subsistencia de los indígenas lencas.

Actualmente, David Castillo y otras cinco personas enfrentan un proceso judicial conocido como “Fraude Sobre el Gualcarque” e implica el concesionamiento ilegal del río Gualcarque para la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca. Por esta causa, se llamó a testificar a Jacobo Atala Zablah, banquero y presidente de la empresa Las Jacarandas, dueña del proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Tras la lectura de la sentencia, las reacciones tanto de organizaciones nacionales e internacionales resaltaron que falta juzgar a los autores intelectuales del asesinato de la lideresa indígena

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