Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, piden a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y a la Federación Interamericana de Derechos Humanos (FIDH), su intervención urgente ante la siguiente situación de hostigamiento y persecución que viven los defensores en Honduras.
Denuncian la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra Suiza, de acusar a los defensores como “malos hondureños que brindan informes falsos y desconocen los avances del gobierno de Honduras en materia de derechos humanos”.
El Observatorio recuerda que no es un hecho aislado, y que altos funcionarios estatales ya han realizado este tipo de declaraciones públicas buscando difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil en el momento en el cual presentan públicamente sus conclusiones sobre la situación de derechos humanos en Honduras ante instituciones internacionales.
El Observatorio condena además los actos de estigmatización que el Estado de Honduras está llevando a cabo en contra de la Coalición contra la Impunidad, que forman parte de una campaña de difamación contra las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
A continuación la misiva enviada al presidente Juan Hernández y a todos los organismos nacionales e internacionales que laboran sobre el tema de derechos humanos
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre estigmatización pública por parte de autoridades del Estado en contra de la Coalición Contra la Impunidad Honduras, grupo compuesto por más de 50 organizaciones’ de la sociedad civil de derechos humanos del país.
Según la información recibida, el 6 de julio de 2017, el Sr. Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a través de la lectura de un comunicado público acusó en nombre del Estado hondureño a organizaciones de la sociedad civil de haber supuestamente entregado información falsa sobre los avances en la investigación del caso de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres asesinada en marzo del 20162, a algunos expertos de Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diciendo que el gobierno de Honduras no acepta «que malos hondureños y organizaciones nacionales y extranjeras pretendan desconocer los avances y llevar informaciones falsas o tergiversadas para dañar el país con aviesos intereses particulares».
El Sr. Rolando Argueta tomó la palabra en calidad de presidente de la Delegación del Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos en la sesión final del examen que le estaba realizando el Comité desde el 3 de julio de 2017 en Ginebra. En el marco del examen del Comité, la Coalición Contra la Impunidad presento un Informe Alternativo3 afirmando que se habían arrestado sospechosos del asesinato de la Sr. Berta Cáceres, y entre ellos el autor material de los disparos que la mataron, pero que no se tiene información sobre la persecución penal de los autores intelectuales del crimen.
El mismo día, el Sr. Rolando Argueta volvió a afirmar en una cadena de radio lo que había dicho frente al Comité. Además, el comunicado fue retomado por varios medios», incluyendo aquellos de los periodistas que estaban acreditados por el Estado hondureño durante las sesiones del Comité.
El Observatorio quisiera recordar que no es un hecho aislado, y que altos funcionarios estatales ya han realizado este tipo de declaraciones públicas buscando difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil en el momento en el cual presentan públicamente sus conclusiones sobre la situación de derechos humanos en Honduras ante instituciones internacionales, y participan a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, como en el marco de su colaboración para el Examen Periódico Universal (EPU), por lo que varias relatorías de las Naciones Unidas han expresado su preocupación5. En agosto del 2015, el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández había declarado refiriéndose a personas defensoras de derechos humanos que había hondureños que iban a Estados Unidos y Europa a «poner en mal al país»6.
Es importante destacar que estos hechos se enmarcan dentro de una campaña sistemática de ataques públicas y físicas contra los defensores de derechos humanos en Honduras’ y particularmente en contra de los miembros del COPINH, como lo demuestra el intento de asesinato en contra de su coordinadora general e hija de Berta Cáceres, la Sra. Bertha Zúñiga Cáceres, ocurrido el pasado 2 de julio de 20178.
Anteriormente, a principios de 2017, con ocasión de la presentación de un informe de Global Witness sobre la situación de Honduras, había circulado un panfleto en redes sociales en que se señalaba a los miembros de Global Witness, y a integrantes de las organizaciones de derechos humanos hondureñas Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) y el COPINH, de desprestigiar al país, aliarse con grupos radicales y financiar campañas de desprestigio.
El Observatorio condena los actos de estigmatización que el Estado de Honduras está llevando a cabo en contra de la Coalición contra la Impunidad, que forman parte de una campaña de difamación contra las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en Honduras. El Observatorio expresa su preocupación frente al riesgo que representa declaraciones públicas por parte de funcionarios del más alto nivel del Estado estigmatizando a la sociedad civil, que crean un riesgo que se agrega a la alarmante situación de riesgo en la cual se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
El Observatorio urge al Estado hondureño a reconocer públicamente la importancia de la legítima labor llevada a cabo por la Coalición Contra la Impunidad y garantizar la integridad física y sicológica y seguridad de sus integrantes.
Acción Solicitada:
- Adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes de la Coalición.
- Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a los artículos 1 y 12.2;
- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
4 comentarios
Que vallan a las maquilas en san Pedro Sula que inspeccionen allí , que ni tiempo para el baño les dan
En este pais comunista,si todos los que trabajan para los derechos humanos tienen que ser comunistas,sino no hay chamba.
Esos DDHH no defienden nada, hay empresas que explotan a los trabajadores , los hostigan y trabajan jornadas extraordinarias y no se las
para que actuen necesitan la denuncia, ademas estan las instancias como el ministerio del trabajo,…no hay que confundirse.