Tegucigalpa. El pasado fin de semana el director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Seattle International Foundation (SIF), Eric Olson, expresó al medio guatemalteco «El Periódico» que Estados Unidos se está adaptando a una realidad donde la Fuerza de Tarea Anticorrupción actúe sin la colaboración de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Esto en respuesta directa -mas no exclusiva- a lo ocurrido en Guatemala con la remoción del entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, por parte de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Una decisión que provocó el recelo del Departamento de Estado, y a raíz de la cual se incluyó a Porras en la Lista Engel, reportó el medio.
Criterio.hn conversó con los analistas sociopolíticos, Víctor Meza y Joaquín Mejía sobre la viabilidad de activar la Fuerza de Tarea Anticorrupción sin la participación activa de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Ambos opinan que este accionar podría fortalecer la lucha porque Estados Unidos haría una presión más directa y efectiva por medio de la Ley Magnitsky y otros mecanismos legales.
Sin embargo, Joaquín Mejía repara que, ante el desmantelamiento de unidades especiales de fiscalías contra la corrupción e impunidad en El Salvador, Guatemala y Honduras, que contaban con el respaldo y confianza de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Anticorrupción recurrirá a trabajar con la sociedad civil, lo que podría ser un peligro.
«¿Con qué sociedad civil va a relacionarse esta unidad [Fuerza de Tarea Anticorrupción]?», cuestionó Mejía. «Porque dependiendo de eso también esa lucha contra la corrupción va a ser selectiva» o investigará a todas las personas vinculadas con la corrupción por igual.
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«Estados Unidos tiene muchísima influencia política en nuestros países y particularmente en un país como Honduras y no solamente es posible que tenga capacidad para luchar contra la corrupción, sino que también pueda utilizar otras herramientas vinculadas como por ejemplo las sanciones», explicó Mejía. Sin embargo, aclaró que deberá ser parejo. Así como ha impuesto sanciones al gobierno de El Salvador debe ser parejo con el gobierno de Honduras.
«Miremos el caso de Honduras, hasta el momento a pesar de que el gobierno salvadoreño ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho el régimen de Juan Orlando Hernández, Estados Unidos no lo ha hecho [imponer sanciones a Honduras] y eso obviamente manda un mensaje terrible de doble moral, en el sentido que ese mecanismo al final puede ser un instrumento como para atacar únicamente aquellos gobiernos que no son aliados de Estados Unidos», pormenorizó Mejía.
LA INEFICACIA DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS Y SU IMPACTO EN LA IMPUNIDAD
El sociólogo Víctor Meza sostiene que es «hasta cierto punto comprensible y de repente también justificable la posición oficial de la administración Biden de optar por fórmulas de solución al tema de corrupción en Centroamérica», prescindiendo de la interlocución con instituciones como las fiscalías y los Ministerio Públicos de la región, que no han mostrado un interés real en la lucha contra la corrupción, ni tampoco han producido los resultados esperados. «Tal vez ahora con una iniciativa individual de los Estados Unidos directamente la situación cambia, ojalá».
La ineficacia de los Ministerios Públicos en la región se debe, a juicio de Meza, a que los mismos «no están diseñados para una lucha efectiva contra la corrupción y solamente tienen momentos estelares en la lucha cuando llegan personas valientes, con el coraje suficiente para enfrentar el tema de la corrupción», remarcó.
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A criterio del analista uno de los principales problemas que enfrentan estas instituciones que deberían velar por los intereses de la ciudadanía es que la selección de sus fiscales generales y fiscales adjuntos, entre otros, ocurre en medio de un ambiente político partidario. Esto «ha quedado demostrado perfectamente en Guatemala y desde ya hace mucho tiempo aquí en Honduras», afirmó.
«Si estos organismos por su propia naturaleza y por su contaminación político-partidaria no son capaces de hacer una interlocución válida y productiva en la lucha contra la corrupción, es comprensible que los Estados Unidos opten por buscar fórmulas diferentes, confiando más en sus propios recursos y en sus propias personas y haciendo a un lado a los organismos teóricamente llamados a combatir la corrupción en estos países», opinó.
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Para Joaquín Mejía «la decisión de Estados Unidos de no contar con los gobiernos de la región en la lucha contra la corrupción simplemente refleja la desconfianza que hay en esa institucionalidad». Citando en primer lugar, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional 2020, en donde Honduras cayó once posiciones y obtuvo su peor puntuación desde 2012.
En segundo lugar, Mejía señaló que el mismo servicio de investigaciones del Congreso de Estados Unidos catalogó que, aunque se celebren elecciones en Honduras lo que existe es una autocracia electoral, donde una persona controla toda la institucionalidad. Ejemplificando este extremo en las autoridades del Ministerio Público, quienes han restado las capacidades y recursos a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la heredera de la UFECIC-MACCIH.
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Finalmente, Mejía dijo a Criterio.hn que «hasta no comprender en su total dimensión cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos a través de este nuevo mecanismo en la lucha contra la corrupción, podemos decir que esta lucha contra la corrupción se mantiene estancada con grandes retrocesos en El Salvador, Honduras y Guatemala».
En el caso de Honduras, apuntó Mejía, el proceso electoral de noviembre será crucial pues determinará cómo quedará estructurado el Congreso Nacional, que finalmente elegirá a la Corte Suprema de Justicia y al nuevo fiscal general del Ministerio Público por los próximos siete años.
¿CÓMO FUNCIONARÍA LA FUERZA DE TAREA ANTICORRUPCIÓN?
En marzo de este año, el gobierno de EE. UU. informó sobre la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. Este anunció fue confirmado en junio durante la visita de la vicepresidente estadounidense, Kamala Harris a Guatemala.
En ese momento, Harris explicó que a través de esta fuerza anticorrupción, los Departamentos de Estado, Tesoro, y Justicia estarían trabajando en conjunto en investigaciones anticorrupción en la región; así como capacitando a las fuerzas locales que lleven a cabo sus propias investigaciones.
Sin embargo, con este revés Eric Olson señaló que, debido a la falta de confianza en el MP, las investigaciones que realicen los estadounidenses solo se limitarán a armar casos en contra de políticos, funcionarios y miembros del crimen organizado que hayan colaborado o cometido delitos en Estados Unidos.
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«Lo más apropiado sería que los Ministerios Públicos y juzgados locales (de Guatemala, Honduras y El Salvador) apoyaran y armaran investigaciones para combatir la corrupción, pero si estos no están en condiciones de poder garantizar el Estado de derecho y están siendo manipulados políticamente, es obvio que hay que buscar otros caminos”, dijo Olson al medio guatemalteco.
De acuerdo con la información proporcionada por Olson a El Periódico, hace aproximadamente seis semanas se inició la integración de los equipos técnicos que tendrán a su cargo investigar a corruptos centroamericanos.
