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Estados Unidos suspende ayuda a Fiscalía general de Guatemala

Estados Unidos ayuda fiscalía Guatemala

La bandera estadounidense ondea afuera de la Corte Suprema en Washington el 27 de junio de 2012. La Corte Suprema examina el lunes 15 de abril de 2013 si procede la concesión de patentes relacionadas con los genes. (AP Foto/Alex Brandon)

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Washington anunció el martes la suspensión de su cooperación con el Ministerio Público de Guatemala por haber perdido la confianza en la jefa de esa institución, Consuelo Porras, luego de que destituyó a Juan Francisco Sandoval, que encabezaba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

La remoción de Sandoval —reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha anticorrupción— se anunció el viernes y ha generado indignación entre miles de guatemaltecos, que se han manifestado para pedir la renuncia de Porras. La comunidad mundial también mostró su repudio por el despido.

Para reemplazar a Sandoval, Porras nombró inmediatamente a Carla Isidra Valenzuela Elías, una fiscal de su confianza que ya ha empezado a revisar los expedientes de la FECI.

Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado estadounidense, dijo el martes a periodistas en Washington que la decisión de Porras “se ajusta a un patrón de comportamiento que indica una falta de compromiso con el estado de derecho y los procesos independientes, judiciales y fiscales”.

“Como resultado, hemos perdido la confianza en la fiscal general y la intención de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”, agregó.

Porter dijo que la cooperación será suspendida temporalmente mientras realizan una revisión de la asistencia a las actividades que dirige Porras.

“Estados Unidos ha dejado en claro a los más altos niveles del gobierno de Guatemala nuestra opinión de que la lucha contra la corrupción es esencial para nuestros objetivos compartidos de fortalecer el estado de derecho, aumentar las oportunidades económicas y abordar las causas fundamentales de la migración irregular”, añadió Porter.

La funcionaria estadounidense recordó las visitas recientes de funcionarios de Washington al país para abordar temas como la migración y la corrupción.

Uno de los primeros en reaccionar tras la declaración estadounidense fue el mismo Sandoval, quien dijo a The Associated Press que le parecía adecuada.

“Es una decisión congruente con la política de Estados Unidos del respeto a la cultura de la ley”, señaló.

Tras su salida el viernes, Sandoval dijo a periodistas que varios de los casos que Porras había obstaculizado incluían pesquisas donde había señalamientos contra el presidente Alejandro Giammattei, inclusive una donde se les informó que personajes rusos llevaron a su casa maletas de dinero, pero que no se pudo corroborar. Giammattei ha dicho públicamente que Porras es su amiga.

En una conferencia de prensa el martes por la tarde, el mandatario dijo que le ordenó al procurador general que indagara sobre las denuncias que hizo Sandoval y rechazó estar involucrado en nada ilegal. También señaló que colaborará con cualquier información que pida la fiscalía.

La oficina de prensa de la fiscalía dijo más tarde a la AP que no habían sido notificados oficialmente de la postura de Estados Unidos.

“Siempre se ha trabajado de manera coordinada en favor de los intereses de ambos países. En este caso respetamos las decisiones de Estados Unidos. El Ministerio Público es una institución independiente y autónoma, por lo que seguiremos trabajando con normalidad en beneficio de la población guatemalteca”, señaló.

Organizaciones campesinas, indígenas, profesionales, estudiantiles y otras han convocado a un paro nacional el jueves con el fin de rechazar la destitución de Sandoval, así como para reclamar la falta de vacunas contra el coronavirus.

Sandoval acusó a Porras de haberlo despedido por los avances alcanzados en casos judiciales contra altos funcionarios de gobierno y exfuncionarios señalados de corrupción y que Porras estaba protegiendo. La fiscal general, por su parte, dijo que hubo “vejámenes en su contra” y “un irrespeto a la institucionalidad del Ministerio Público”, sin especificar a qué se refería ni presentar evidencias.

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