Nuevo Congreso Nacional debe aprobar la ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente por la violencia

 CAMPO PAGADO

Durante los últimos meses de 2021, las redes juveniles asociadas al Centro de Desarrollo Humano (CDH), han realizado una serie de acciones encaminadas a promover la pronta adopción de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas internamente por la violencia, como una respuesta efectiva del Estado ante tal fenómeno.

En marzo de 2019, la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), entregó a miembros del Congreso Nacional de Honduras el Proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, para ser presentada ante el pleno legislativo para su discusión y aprobación.

Pero hasta la fecha, esto no ha ocurrido, por lo que las redes y organizaciones juveniles asociadas al Centro de Desarrollo Humano, exhortan a los nuevos Diputados y Diputadas del Congreso Nacional a responder a las necesidades reales del pueblo, iniciando con la adopción de tal proyecto de ley, como una muestra de buena voluntad política para superar dichos problemas y para responder a las necesidades de las víctimas de la violencia en el país.

Según el Estudio de Caracterización de Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras, entre el 2004-2018, alrededor de 247,090 personas han sido desplazadas por la violencia, lo que significa que aproximadamente el 2.7% de la población hondureña ha sido víctima de este fenómeno. 

Los hogares desplazados se caracterizan por estar integrados principalmente por personas jóvenes y el 43% de las víctimas son personas menores de edad, por lo que existe una mayor probabilidad de desplazamiento en los hogares con mayor presencia de niños, niñas y adolescentes.  

El estudio destaca que el 55% de los integrantes de los hogares desplazados son mujeres, lo que significa que los hogares encabezados por mujeres son más vulnerables al desplazamiento ante situaciones de riesgo e inseguridad y que los principales departamentos de expulsión y recepción son Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida, siendo San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba y Choloma los cuatro municipios más afectados por el desplazamiento interno, y los municipios con mayor número de homicidios.

Adicionalmente se sabe que los principales detonantes del desplazamiento interno son las amenazas contra la vida, la integridad física, la seguridad y el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.  

El desplazamiento interno en Honduras es multicausal y sus impactos son multidimensionales, afectan de manera diferenciada y desproporcionada a diversos sectores de la población hondureña.

A la fecha, más de 247,090 personas se encuentran sin ninguna respuesta efectiva del Estado y, siguen esperando que se adopte una ley que de respuesta efectiva a sus necesidades de asistencia y protección.

La deuda con las personas desplazadas internamente por la violencia debe ser saldada por el nuevo Congreso Nacional, pues con ésta, se dará un paso más a la reconstrucción del tejido social de Honduras y contribuirá con el desarrollo de ambientes favorables para el goce de derechos humanos de las personas y las comunidades afectadas por la violencia en el país.