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Nacionalistas en el Congreso pretenden aprobar reformas en el CNE que son inconstitucionales

reformas que atentan contra derechos ciudadanos

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Tegucigalpa. – La Bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) denunció este martes, que hay una maliciosa estrategia legislativa que pretende aprobar reformas a la ley electoral, que son inconstitucionales y que cambian las reglas tanto para el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Los nacionalistas pretenden que se apruebe un artículo para que el consejero del CNE, Kelvin Aguirre del Partido Nacional, sea el único en dar los resultados de las elecciones generales.  

Además, pretenden aprobar disposiciones presupuestarias que van limitadas y que trastocan y pretenden controlar el accionar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de un comunicado, el PINU informó a la comunidad nacional e internacional acreditada en el país, de los graves riesgos que desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se está poniendo el proceso democrático en Honduras, tomando medidas que al final solo provocaran más pobreza y migración.

“Nos oponemos rotundamente a que el Comisionado Kelvin Aguirre del Partido Nacional, sea el único que de los resultados electorales de las próximas elecciones generales”, señalan en el comunicado.

“Esta pretendida reforma y que de acuerdo con la rotación en la presidencia del CNE esta será al igual que David Matamoros Batson (TSE) en el fraude electoral del 2017”, señalan en el escrito.

Asimismo, el PINU señala que a través de un dictamen están amenazando hasta con seis años de cárcel y creando un mecanismo para inhabilitar a los demás consejeros, “es evidente que esto está dirigido contra las actuales consejeras en una descarada violación a sus derechos como miembros y mujeres”.

El articulo propuesto se leería asi_ “Deben ser castigados con la pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, los miembros del Consejo Nacional Electoral, distintos a su presidente, que divulguen datos oficiales sobre los resultados preliminares, o viertan sus opiniones, directa o indirectamente, sobre dichos resultados».

El PINU señala que ese artículo es inconstitucional y violenta derechos como la libertad de expresión y están blindando al Consejero Kelvin Aguirre con poderes absolutos.

Además, no contempla los montos en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, deuda y capacitación de Partidos Políticos y los fondos para la participación democrática de la mujer, (aproximadamente 200 millones).

“Están pretendiendo dejar el nuevo plazo de adjudicación, cuando es mejor que este en el mismo decreto de autorización del presupuesto, para que no requiera sanción y no se tenga que andar detrás de Juan Hernández pasa su sanción, lo cual representa un claro riesgo de retraso u otros riesgos”, advierte el PINU.

Asimismo, señalan que es inaceptable, que se pretenda que previo a dictamen de una comisión de veeduría se continúe con el proceso electoral que no tiene margen de tiempo y eso es irrespetar la independencia del CNE, que no puede depender de un dictamen realizado por representantes de los partidos políticos.

“Esto es inaudito. Están legislando y atentando contra la autonomía del órgano electoral, el CNE”, señalan.

Otro artículo importante, es el que amplía hasta máximo al 15 de agosto la adjudicación del Transmisión Resultados Electorales Preliminares (TREP), este plazo no debe quedar aquí; la idea es que metan el plazo dentro procedimiento especial que va dentro del presupuesto para no andar rogando Juan Hernández a que sancione después y publique; esto es una cuestionable maniobra que no se debe permitir señala el Pinu.

En cuanto al RNP, se debe realizar una auditoria forense de inmediato, por parte de un ente externo, ya que el proceso de enrolamiento está viciado por más de 1,8 millones de registros.

“Pretenden devolver 1.6 millones de registros a sus municipios originales en el Censo del fraude del 2017, y se dice que se corregirán solo 200,000, sumado a esto cuestionamos el proceso para los centros de votación de los jóvenes recientemente enrolados, cuyos datos no corresponden a la realidad de donde debe tocarles votar.

Se debe establecer mecanismo urgente para corregir los traslados inconsultos de domicilios personales, deben decir la verdad de cómo se está realmente con el censo”, concluyó el PINU.

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