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Ministerio Público es negligente con casos de violencia sexual y asesinatos de mujeres

Ministerio Público es negligente con casos de violencia sexual

El pueblo de Honduras está a la espera que el Ministerio Público actúe sobre la corrupción denunciada en el Congreso Nacional

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Redacción: Viena Hernández

Tegucigalpa. – Las mujeres y las niñas son diariamente víctimas de diferentes tipos de violencias sexuales, algunas sobreviven y otras son asesinadas, los registros sobre estos casos se manejan de manera negligente por parte del Ministerio Público y otras entidades, dificultando una vez más a la justicia y la forma correcta de establecer está información para la realización de estudios.

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM), elaboró un boletín sobre la violencia sexual contra las mujeres y niñas en 2021. Para realizar este documento, el CDM realizó entrevistas y solicitó datos a diferentes entidades, entre ellos: el Ministerio Público (MP), Medicina Forense (MF), Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Secretaría de Salud (SESAL) y del Sistema Nacional de Emergencia (911).

Una de las irregularidades que destacó CDM en su informe, es que la información solicitada se entregó a tiempo, pero esta tiende a ser inexacta e incompleta. Además, al analizar los datos compartidos por Medicina Forense, observaron que no cuentan con un sistema unificado de registros sobre las evaluaciones clínicas y autopsias, lo cual dificulta su interpretación.

Asimismo, destacan que el Ministerio Público cuenta con registros de personas LGTBI, pero no hacen la distinción entre género y orientación sexual. Sobre estos datos de las poblaciones diversas solo cuentan con 17 denuncias, lo cual se interpreta como discriminación.

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Debido a tal negligencia, la indispensable claridad que deben tener estos registros se ve afectada y hace complicado diferenciar las formas de violencia, obstaculizando también entender la complejidad de violencias hacia la comunidad LGTBI.

Honduras se ha caracterizado por gobiernos con medidas conservadoras respecto a los derechos sexuales y reproductivos, así como las medidas para mitigar y judicializar la violencia sexual y sus consecuencias. En los últimos 12 años, la situación se recrudeció durante el mandato del expresidente extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández (2014-2022), cuyas acciones lejos de ser democráticas fueron más parecidas a las de una dictadura.

A nivel nacional, de enero a diciembre de 2021, el Ministerio Público recibió 3,305 denuncias de violencia sexual, de estas el 88% fueron contra mujeres, es decir, 2,896 de esas denuncias.

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El número de agresiones sexuales contra mujeres aumentó en 36% respecto al 2020, donde se registraron 2,129 por el Ministerio Público. Respecto a las agresiones a niñas entre los 10 y 19 años, se contabilizaron 1,170 en el 2020, mientras que, en 2021, se registró un aumento del 32% con 1,548 denuncias, casi la mitad del total a nivel nacional.

Es importante resaltar que cada tres horas una mujer o una niña denuncia una nueva agresión sexual. Según datos de Medicina Forense, se registró un total de 2,253 dictámenes médicos por violencia sexual entre enero y diciembre de 2021, de las cuales 2,089 son contra mujeres y niñas, es decir, el 92.7% de las evaluaciones.

Vale la pena recalcar que CDM encontró que es bastante común que las denuncias del Ministerio Público no coincidan con las evaluaciones clínicas de Medicina Forense, puesto que no toda denuncia del Ministerio Público debe ser evaluada por un médico. También mencionaron que, hay casos en dónde el equipo de Medicina Forense requiere más de una evaluación médica para la misma denuncia.

En 2021, según el Ministerio Público, los tipos de violencia sexual que más se denunciaron fueron: violación (1,488), acto de lujuria (895) y tentativa de violación (77).

Dentro de esas 1, 488 violaciones, incluyen las violaciones especiales, la cuales explicaba el anterior Código Penal, son las perpetradas contra menores de 14 años de edad, personas privadas de razón o de voluntad y las que no pueden oponer resistencia, personas bajo el efecto de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, como el alcohol, quienes estuvieron bajo la guardia o la custodia del agresor y, además, incluyen los casos donde el agresor es portador de VIH/SIDA o una enfermedad de transmisión sexual.

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El Código Penal vigente desde 2020, establece que el delito de violación es penado con 9 a 13 años de privación de libertad, a su vez, desaparece la tipificación de “violación especial”, aunque el artículo 249 que reconoce la violación sexual, define como agravante que la víctima sea menor de 14 años aumentando la pena en un tercio.

Hay que tomar en cuenta que, de las 1,488 violaciones sexuales, según el Ministerio Público, 550 fueron perpetradas contra menores de 14 años, es decir, el 37% del total. Mientras que el total de denuncias por violaciones sexuales contra menores de 18 años es 942, equivalente al 63% de todas las denuncias por violación.

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Respecto al instrumento utilizado para cometer la agresión sexual, en 2021 Medicina Forense registró que hubo 1,498 casos en los que se utilizó un cuerpo u objeto y 517 indeterminados. Mientras tanto, del resto de las violencias sexuales donde se logró determinar el instrumento, fueron: pene, manos, hasta arma blanca o una sustancia tóxica.

Los datos entregados por el Ministerio Público, indicaron que en 2021 recibieron 3,305 denuncias de violencia sexual. De tal número, el 88% de las violencias fueron contra mujeres, el 11% contra hombres y el 1% sigue sin determinarse. Es evidente que, las menores de edad son la población más vulnerable a sufrir violencia sexual.

El Ministerio Público, el cual mantiene una deuda colosal en la ejecución de la justicia a favor del pueblo hondureño, indicó en sus registros que, las niñas entre 10 y 19 años que presentaron denuncia representan el 53.4% del total. Luego están las mujeres entre 20 y 29 años con el 13.4% y las niñas menores de 10 con el 11.7%. Por último, existe un 8.2% de casos en los que no se determinó la edad, lo cual es alarmante porque obliga a cuestionarse el detalle en la atención de las víctimas de violencia a la hora que interponen la denuncia ante los operadores de justicia.

Es importante mencionar que, con respecto a la etnia de las sobrevivientes de violencia sexual, el Ministerio Público indica una subdivisión que no se utiliza adecuadamente. Resulta lamentable que, este año, el 84.4% de los casos siguen siendo indeterminados. La información desglosa que 429 mujeres fueron identificadas como mestizas, 13 lencas, 4 misquitas, 2 garífunas y 1 maya-chotis. En el 79% de las denuncias no se determinó el grado de educación alcanzado por las víctimas.

Negligentemente, la identidad de género y la orientación sexual de los sobrevivientes son agrupados y reducidos, por parte del Ministerio Público, a una sola etiqueta: LGTBI.

Datos en poder de organizaciones de mujeres, atribuidos al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va de 2022 se contabilizan más de 140 femicidios, mientras que el observatorio de muertes violentas de Cattrachas reporta 22 muertes LGTBIQ+.

La impunidad en la muerte violenta de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ se estima en más de 90%.

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