Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – En Honduras se ha normalizado la violencia y el abuso sexual, la cual proviene en la mayoría de los casos del círculo familiar donde la más afectada es la niñez, cuyos crímenes son encubiertos por la incesante impunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó a través de un conversatorio virtual hace algunos meses que la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras es grave, de igual forma la educación sexual y reproductiva que es sometida al visto bueno de las iglesias, pese a que la Constitución de la República establece que Honduras la educación debe ser laica, obligadamente fundamentada en los principios esenciales de la democracia, sin discriminación y debería impulsar el desarrollo económico y social.
Hasta en la actualidad, la educación en sexualidad continúa siendo una deuda pendiente de las autoridades hondureñas con la niñez y adolescencia.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, compartió que 788 niñas han sido agredidas sexualmente en Honduras hasta mayo de 2022.
Debido a los compromisos contraídos con organismos internacionales, en cumbres y conferencias, en la última década, destacan algunos esfuerzos, aunque fallidos, por modernizar y promover la transformación educativa nacional para la Educación Básica, donde contemplen contenidos a enseñar y cómo debe realizarse ese proceso de enseñanza.
El primer esfuerzo culminó con unas guías de educación sexual para maestros y maestras de educación secundaria, en cumplimiento al mandato de la Ley especial de VIH, las cuales fueron distribuidas en 2003. Esta tenía como propósito establecer las medidas necesarias para la prevención, investigación, control y tratamiento del Virus de Inmunodefiencia Humana, y para la educación e información de la población en general.
Lamentablemente, las presiones de grupos religiosos fundamentalistas lograron que el secretario de Educación de ese tiempo prohibiera su uso, la incidencia de estos grupos de poder han sido rechazados y cuestionados por diversas organizaciones de derechos humanos, feministas y de poblaciones diversas.
En Honduras el tema de la educación sexual sigue siendo tabú tanto las escuelas como en el núcleo familiar, mucho menos existen campañas de concientización ligadas a la educación sexual. En el país, se han normalizado los patrones de violación sexual y violencia transmitiéndose por generaciones.
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LA NIÑEZ ES LA MÁS VULNERABLE
El Código Penal vigente desde 2020, establece que el delito de violación es penado con 9 a 13 años de privación de libertad, a su vez, desaparece la tipificación de “violación especial”, aunque el artículo 249 que reconoce la violación sexual, define como agravante que la víctima sea menor de 14 años aumentando la pena en un tercio.
Datos recabados por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), indicaron que, según el Ministerio Público, en 2021, se reportaron 1,488 violaciones sexuales, 550 fueron perpetradas contra menores de 14 años, es decir, el 37% del total, mientras que, el total de denuncias por violaciones sexuales contra menores de 18 años es 942, equivalente al 63% de las denuncias.
Dentro de esas 1, 488 violaciones, incluyen las violaciones especiales, la cuales explicaba el anterior Código Penal, son las perpetradas contra menores de 14 años de edad, personas privadas de razón o de voluntad y las que no pueden oponer resistencia, personas bajo el efecto de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, como el alcohol, quienes estuvieron bajo la guardia o la custodia del agresor y, además, incluyen los casos donde el agresor es portador de VIH/SIDA o una enfermedad de transmisión sexual.
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Los niños y niñas en muchas ocasiones ignoran que están siendo víctimas de abuso sexual debido a que han convivido con esta violencia a largo de sus cortas vidas, tomándolo como algo normal o viviendo con esto bajo amenazas, sobre todo cuando el agresor es un familiar.
Los crímenes permanecen sin ser esclarecidos en un país donde un menor de edad sufre abuso sexual cada seis horas, y el nivel de impunidad de los casos es de 83,74, mientras que hasta el 90 % de los abusos se produce en el entorno del menor, según un estudio divulgado el 27 de abril de 2022 llamado «Índice de Impunidad y respuesta institucional ante el abuso sexual infantil en Honduras», presentado por la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Además, apuntaron que, del total de denuncias de violencia sexual infantil, solo en 1.454 de los casos, es decir, el 16,25 % logran sentencia condenatoria, por lo que el 83,74 % están impunes.
En las últimas dos semanas se han perpetuado al menos tres crímenes contra menores de edad, dos hermanos, una niña de 14 años y un niño de 11 años, de El Paraíso, Copán y una menor de nueve años de Lepaera, Lempira. En todos los casos, se observó el común denominador del intento o la consumación del abuso sexual en contra de las niñas quienes fueron finalmente asesinadas por su agresor.
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En esas zonas del país se han identificado que operan al menos cuatro cárteles del narcotráfico, entre ellos: Los Valle Valle, el de Alexander “Chander” Ardón Soriano, Cártel de los Hernández Alvarado y Los Pinto.
Para Jessica Sánchez, Directora Ejecutiva Grupo Sociedad Civil (GSC), esta problemática viene del ejercicio de la violencia contra las mujeres desde pequeñas como norma y la normalización de la violencia, entre ellos los femicidios.
De tal forma, ejemplificó que en los últimos casos hubo dos niñas víctimas de violencia sexual y luego asesinadas por el agresor. Sánchez ejemplificó con el caso que ha tomado fuerte relevancia, el de Allison Argueta de nueve años, de Lepaera, Lempira, donde se encontró que tenía señales cicatrizadas de agresión sexual, es decir, sufrió abuso desde mucho tiempo antes.
“Donde hay que apuntar es a romper los pactos patriarcales de complicidad y de silencio frente a la violencia contra las mujeres y las niñas”, apuntó Sánchez.
