Un operativo policial y militar ejecutó la orden judicial en un terreno reclamado por la familia Rosenthal, mientras habitantes denuncian falta de notificación y señalan que las tierras pertenecen a la municipalidad
Foto portada: Radio Progreso
Tegucigalpa, Honduras. – Un contingente policial y militar llegó a la comunidad 15 de septiembre, en San Manuel, Cortés, para ejecutar la orden de desalojo contra unas 300 familias que habitan la zona. La acción se desarrolló en un terreno de 480 hectáreas que, de acuerdo con el testimonio de los habitantes, es reclamado por la familia Rosenthal.
Mientras la maquinaria pesada destruía las casas de madera y láminas, los habitantes intentaban rescatar algunas de sus pertenencias.
Victoria Hernández, una de las afectadas, denunció a Radio Progreso que no recibieron ninguna notificación anticipada sobre el desalojo. “En ningún momento han avisado o mandado un comunicado diciendo que la gente desaloje, ha sido una sorpresa”, afirmó. Además, calificó la presencia policial como una estrategia de intimidación para forzar la salida de las familias.
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CAMPESINOS CONTRA TERRATENIENTES EN HONDURAS
Históricamente, los campesinos en Honduras han sido víctimas recurrentes de desplazamientos forzados por parte de terratenientes y grandes propietarios de tierras, quienes mediante diversas estrategias legales y extralegales han buscado despojarlos.
Ante el desalojo, que consideran orquestado por la familia Rosenthal, agentes del Instituto Nacional Agrario (INA) sostienen que las tierras son ejidales, es decir, pertenecen a la municipalidad de San Manuel.
Guillermo Amaya Gonzales, procurador agrícola del INA, denunció que el alcalde local se confabuló con los Rosenthal y no defendió a los pobladores, recordando que la zona desalojada fue donada a la municipalidad en 1937 por la Compañía Agrícola Ulúa.
Por su parte, el juez ejecutor notificó a las familias sobre la orden judicial que autoriza el desalojo, señalando que la medida se basa en una diligencia prejudicial presentada por el Ministerio Público a través de la fiscalía de Medio Ambiente en diciembre de 2024, bajo el expediente 328-2024.
El juez ejecutor explicó que la orden de desalojo incluye la zona donde está ubicada una cocodrilera y sectores aledaños.
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DESALOJOS SIN ORDEN JUDICIAL
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó en su informe de 2024 un total de 22 desalojos forzosos que afectaron a comunidades campesinas, indígenas y afrohondureñas.
Según el reporte, varios de estos desalojos se realizaron sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego y la participación de agentes no estatales.
Además, la OACNUDH advirtió que en muchos casos no se ofrecieron alternativas ocupacionales a las personas desplazadas, lo que agravó su situación de vulnerabilidad, especialmente al ejecutarse en condiciones de alerta climática.
El informe resalta la preocupación por el impacto desproporcionado de estos desalojos sobre personas y comunidades en situación de riesgo, quienes enfrentan no solo la pérdida de sus viviendas y medios de vida, sino también amenazas directas a su integridad física y seguridad.
El desalojo de la comunidad 15 de septiembre se suma a una serie de operaciones similares en la región norte de Honduras, donde los conflictos por tierras entre campesinos y propietarios privados o autoridades locales han generado tensiones y protestas reiteradas
