La resolución aprobada permite a la dependencia mantener bajo estricto resguardo información considerada “sensible” para la seguridad nacional, extendiendo así una reserva inicial que ya se encontraba en vigor desde hace más de una década
Con esta nueva extensión, será hasta 2028 cuando los ciudadanos, periodistas o entidades de auditoría puedan solicitar libremente información relacionada a estos contratos y adquisiciones, siempre y cuando no se decida prorrogar nuevamente la reserva
Tegucigalpa, Honduras. -Con la venia del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), la Secretaría de Seguridad mantendrá bajo reserva, por otros 10 años más, lo relacionado al inventario, distribución y acuerdos de contratos de compra de armas, equipos especiales y unidades de transporte utilizados por esa dependencia.
En julio de 2018, el entonces secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, presentó formalmente la solicitud de reclasificación al IAIP, pidiendo que se extendiera por otros diez años la condición de información reservada sobre varios acuerdos administrativos No.0734-2008, No.0152-2009 y No.1111-2009, emitidos en 2008 y 2009.
Fue así que el 28 de junio de 2018, la Unidad de Servicios Legales declaró con lugar la solicitud de Pacheco Tinoco mediante el Dictamen Legal No. USL-145-2018, dejando así la vigencia de la reserva de información hasta el julio de 2028.
La ampliación de la declaratoria de la reserva fue publicada en el diario oficial La Gaceta hasta el 8 de marzo de 2025. Mientras que la resolución del IAIP fue extendida el 12 de febrero de 2025, pero extrañamente este acto fue adjudicado a los excomisionados Suyapa Petrona Thumann Conde, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez y Damián Gilberto Pineda Reyes y la comisionada secretaria del pleno, Yamileth Adelina Torres Henriquez, quienes fungieron en sus cargos en años anteriores.
LO QUE DICE LA LEY
El artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite la clasificación de información como reservada, pero exige que se cumplan ciertos criterios.
La referida normativa señala que se puede declarar como información reservada la que “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público”.
Además, contempla que para declarar como reservada la información cuando la divulgación de la misma ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado; la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data.
Según este artículo, la reserva de información puede proceder “cuando el daño que puede producirse [por su divulgación] es mayor que el interés público”. Además, debe considerarse si su publicación pone en riesgo o perjudica la seguridad del Estado, la vida y salud de las personas, la ayuda humanitaria, o derechos fundamentales como los de la niñez o el hábeas data.
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En el dictamen no se incluyen los montos erogados para la compra de las armas, equipos táctico o software que sean comprados.
DENUNCIAS, INFRACTORES Y COMPRA DE EQUIPO Y SUS ESPECIFICACIONES, SEGUIRÁN BAJO RESERVA
La información que buscaba mantenerse en secretividad incluye documentos sensibles sobre el personal que labora y sobre el que esté en custodia la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
Dentro de la documentación reservada también se incluyen denuncias, información personal de víctimas y testigos, así como registros de personas sancionadas por conducir bajo efectos de alcohol, según lo estipulado en la Ley de Embriaguez Habitual.
El segundo ítem incluye “información que pone en riesgo la seguridad del Estado”, como ser: los contratos de compra de equipo y armamento, y las especificaciones técnicas del mismo, como capacidad de disparos por segundo, composición o aleación metálica del arma y de cualquier otro equipo de protección que se utilice en el combate a la delincuencia común y el crimen organizado.
En ese apartado, el gobierno justificó la reserva argumentando que la divulgación de contratos de compra, especificaciones técnicas de armamento y detalles de equipos utilizados por la Policía Nacional “podría comprometer operaciones de seguridad y estrategias de combate contra el crimen organizado”.
La resolución No. SO-139-2018 respalda dicha decisión, señalando que las especificaciones técnicas del armamento constituyen información estratégica que debe permanecer fuera del dominio público.
A través de esta resolución, la Secretaría de Seguridad también se protege de revelar qué tipo de equipamiento está adquiriendo para sus distintas unidades operativas, incluyendo fuerzas especiales, unidades antimotines y patrullajes urbanos.
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OPACIDAD EN COMPRA DE BLACK MAMBA, KARNAF Y SOFTWARE DE INTELIGENCIA
En 2023, la Secretaría de Seguridad compró de manera directa 10 vehículos Black Mamba Sandcat, a la empresa de capital israelí y mexicano EyeTech Solutions S.A. de C.V., por más de 130 millones de lempiras.
En la resolución de adjudicación de la Contratación Directa No. SEDS-CD-GA-2023-001 se enmarca la adquisición de equipo tecnológico especial y sistemas de análisis para diferentes unidades policiales.
EyeTech Solutions fue favorecido con un contrato por 228,248,143.36 lempiras para la compra de equipo tecnológico especial (detalles omitidos por seguridad nacional) cuatro unidades por 77,515,343.36 lempiras; equipo tecnológico especial (detalles omitidos por seguridad nacional) dos unidades por 20,207,800.00 lempiras y los 10 vehículos tácticos Black Mamba por 130,525,000.00 lempiras.
La empresa Honduras Technology S.A. de C.V., también fue favorecida con la compra y adquisición de equipo tecnológico especial, modernización y actualización de equipo táctico y sistemas de análisis para diferentes unidades policiales [ítems 1,2,3,9,10,11,2, 3,4 y 5, revisar resolución]—que asciende a 355,145,952.65 lempiras.
Para el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, es completamente compresible que se omitan detalles de las operaciones, denuncias y equipo tecnológico que adquieren los entes de seguridad.
Sin embargo, señaló que “se debe buscar la manera de informar a la población sobre los avances y resultados de las estrategias de seguridad (…), porque esto al final lo que les permite es recuperar la confianza de la ciudadanía”.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el analista explicó que la secretividad es un punto que puede jugar en contra, porque es perpetuar las prácticas opacas del pasado, cuando las autoridades anteriores utilizaban los fondos a discrecionalidad, valiéndose de estos acuerdos y resoluciones de reserva de información.
Enfatizó que detalles como los montos que se invierten en el alquiler de vehículos –patrullas de la Policía Nacional— “es algo que se perfectamente se puede publicar y establecer el beneficio de alquilar los vehículos sobre la compra”.
Desde 2008, las compras militares y policiales se han manejado bajo un régimen de alta discrecionalidad, algo que diversos informes internacionales han señalado como un riesgo para el fortalecimiento del Estado de derecho.
Por ejemplo, durante las dos administraciones de Juan Orlando Hernández – sentenciado a 45 años de cárcel por delitos relacionados a la narcoactividad—se contrató bajo absoluta secretividad los servicios de una empresa de espionaje de origen israelí, a la cual se le pagaba 355 mil dólares anuales.
Con esta nueva extensión, será hasta 2035 cuando los ciudadanos, periodistas o entidades de auditoría puedan solicitar libremente información relacionada a estos contratos y adquisiciones, siempre y cuando no se decida prorrogar nuevamente la reserva.
