La lucha por la tierra en Honduras sigue marcada por la violencia, la exclusión y la falta de voluntad política para atender las demandas históricas de los pueblos originarios y el sector campesino
Tegucigalpa, Honduras. – En el Día Internacional de la Tierra, Honduras pone en evidencia la lucha persistente del movimiento campesino y los pueblos originarios, quienes enfrentan una profunda desigualdad en la distribución de la tierra. Estas comunidades defienden su derecho a la tierra frente a desalojos violentos, criminalización y muerte.
Lilian Borjas, representante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), describe esta situación como un desafío profundo y persistente para estas comunidades
Borjas señala que campesinos, indígenas y garífunas son vistos como un obstáculo para el Estado, que no los considera legítimos actores sociales.
«Nosotros los campesinos y las campesinas, los indígenas, los garífunas somos como un estorbo en el zapato del mismo Estado. No nos ven bien, pero que lastimosamente pues estamos luchando contra ese dominio opresor.»
CRIMINALIZACIÓN Y VIOLENCIA COMO HERRAMIENTAS DE DESPOJO
El informe sobre derechos humanos en Honduras 2024, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), destaca una preocupante criminalización y violencia sistemática contra los movimientos campesinos, pueblos originarios y garífunas que defienden sus derechos territoriales. Se documenta el uso indebido del derecho penal para obstaculizar la labor legítima de defensores de derechos humanos, con detenciones arbitrarias, procesos judiciales injustos y desalojos violentos que afectan principalmente a campesinos y comunidades indígenas como los Lencas y garífunas.
Ante esta realidad, Lilian Borjas denuncia que hay más de 100 personas criminalizadas por el acceso a la tierra. “Yo creo que el gobierno tiene que poner manos en este asunto. Ya que cesen los desalojos violentos, que se haga una verdadera investigación”, refiere Borjas.
La violencia y la criminalización no solo vulneran derechos humanos, sino que también obligan a muchas personas a migrar por falta de oportunidades y seguridad en sus territorios.
A pesar de la creación de mesas de diálogo para atender las demandas campesinas e indígenas, Borjas las califica como insuficientes y sin un compromiso real por parte del Estado. «Solo se han creado mesas, solo para pagar para parar un poco la presión del sector campesino y de los indígenas y garífunas, pero realmente el Estado no ha puesto un interés en arreglar esta situación latente que vivimos los campesinos”, lamenta.
Un elemento fundamental en la lucha del movimiento campesino y los pueblos originarios en Honduras es la exigencia de una reforma agraria justa que elimine disposiciones legales como el artículo 51, el cual, según Lilian Borjas, favorece desproporcionadamente a grandes terratenientes y empresarios en detrimento del campesinado.
Esta situación se agrava con el acaparamiento irregular de tierras, evidenciado por casos de corrupción en instituciones como la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Borjas destaca que esta lucha no solo busca el acceso a la tierra, sino que también es una defensa crucial de la soberanía alimentaria nacional, pues sin el trabajo de los campesinos el país entero se ve amenazado en su seguridad alimentaria.
DESAFÍOS PENDIENTES EN LA DEFENSA DE LA TIERRA
Lucía Vijil, del Centro de Estudios para la Democracia, señala que, aunque se han dado avances, persisten importantes desafíos para garantizar el derecho a la tierra de campesinos y pueblos originarios en Honduras. Uno de los principales retos es asegurar recursos estatales suficientes para una titulación de tierras “de la manera más democrática posible”, con partidas presupuestarias específicas que faciliten el acceso y la formalización de la tierra en posesión de estas comunidades. Vijil subraya que “se necesita presupuesto que se debería ver reflejado en partidas presupuestarias específicas para titulación y acceso a la tierra”.
Además, plantea la necesidad de flexibilizar y mejorar las políticas que promueven la producción nacional campesina, para que realmente se impulse la economía social y se coloque al campesino en el centro de las transformaciones agrarias, en lugar de priorizar “los intereses de la empresa privada”.
En este sentido, advierte sobre el impacto negativo de la política militarista que ha caracterizado la gestión gubernamental frente a los conflictos agrarios y ambientales, generando procesos violentos que afectan a campesinos e indígenas y garífunas.
Otro aspecto crítico que remarca Vijil, es la exclusión histórica de las mujeres rurales, por lo que insiste en fortalecer programas de economía solidaria que permitan a las mujeres campesinas generar ingresos y sostener a sus familias en contextos de pobreza.
«Los pueblos y el sector campesino requieren de abordajes más integrales que reconozcan los desafíos estructurales e históricos de un sistema que ha privilegiado los intereses de las élites gobernantes, ampliando las brechas de desigualdad”, enfatiza Lucia Vijil.
Para la defensora de derechos humanos, es indispensable que desde el Estado se garanticen los mecanismos oportunos para asegurar la efectiva protección de los pueblos indígenas y campesinos “ante la corrupción, desalojos violentos, ante esta política de seguridad nacional que permea la institucionalidad.”
