Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación 

Justicia de Honduras declara inconstitucional la Ley Marco de Protección Social

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Tegucigalpa. –Por unanimidad de votos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley Marco de Protección Social al considerar que la normativa atentaba contra el sistema unitario de seguridad social. (Descargue aquí la resolución judicial)

En 2015, el Congreso Nacional de Honduras, al mando del entonces diputado Mauricio Oliva, aprobó el Decreto Legislativo 56-2015 que contiene la referida normativa promovida por el expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

La normativa vulnera los aportes de los patronos y empleados otorgando a la banca privada su manejo con la supuesta finalidad de “invertirlos”.

Por medio de su Junta Directiva, en ese mismo año, el Colegio Médico de Honduras (CMH) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial y, posteriormente, se presentó otro recurso contra la reforma al artículo 57 aprobada bajo Decreto Legislativo 106-2018 para disponer de los ahorros de los y las trabajadoras cotizantes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Lo antes expuesto, vulneró los derechos de previsión social, salud y propiedad en cuanto a la libre decisión de los derechohabientes a efecto de disponer de sus fondos, por lo que fue vista por el CMH como la privatización de la salud.

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El propio portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, manifestó que la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional se determinó porque la Ley Marco del Sistema de Protección Social violenta el artículo 142 de la Constitución de la República que rige la seguridad social infringiendo el manejo de los fondos.

La ley violentaba al menos 36 artículos de la norma constitucional, siete del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales, tres del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diez sobre Justicia Constitucional.

Pese a las protestas que desató la aprobación de la ley el gobierno de Hernández puso en marcha su plan privatizador de la salud que, según el exmiembro de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) German Leitzelar, “nunca se puso en marcha por falta de consensos” entre patrono, empleados y gobierno.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, Suyapa Figueroa y expresidenta del CMH, considera que la ley violentó las garantías de los trabajadores, por lo que pretendía presentar una iniciativa para derogarla y crear una verdadera Ley de Seguridad Social que se apegue a la equidad y acceso a la población.

“Tenemos que hacer una alianza entre la seguridad social y la salud pública, de tal manera de llegar a un aseguramiento social universal”, dijo.

El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), el médico Marco Eliud Girón, señaló que la ley era privatizadora porque entregaba la salud a terceros cuando es una responsabilidad del Estado.

Por su parte, el también médico y diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, celebró la resolución de la justicia hondureña, pues considera que el único fin de esta ley era dilapidar los fondos y privatizar la salud en Honduras.

“Con inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley Marco queda claro lo siempre aseverado por el Colegio Médico que, esta simplemente era para hacer piñata de los fondos y además privatizar la salud. La posteridad hace justicia y ahora esperamos las acciones pertinentes de la justicia”, expresó.

Añadió que el gobierno de Hernández legalizó la corrupción drenando fondos de previsión social, por lo que instó a las autoridades judicializar a todos los que drenaron fondos y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) “que diga dónde fue a parar el dinero”.

Umaña resaltó que con la ley el gobierno anterior podía mover el dinero como le placía porque para dicho propósito tenía a su disposición un estamento legal. Misma valoración tiene Suyapa Figueroa, quien agrega que se legalizó los delitos que les permitieron usar fondos de invalidez y vejez.

En 2019 se articuló la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación, conformada por los dos sectores, a raíz de la privatización que pretendía impulsar Hernández mediante los Decretos Ejecutivos PCM 026-2018 y PCM 027-2018, que impulsaban la creación de la Ley Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.

Las masivas protestas doblegaron al gobierno que suspendió los decretos, sin embargo, la Plataforma emprendió más protestas exigiendo esta vez la derogación de la Ley Marco de Protección Social.

Bajo la coyuntura de protestas en defensa de la salud, también la ciudadanía exigió la renuncia de Hernández por suponerlo responsable de actos de corrupción y vinculaciones con la narcoactividad. Durante estas protestas se registraron al menos seis personas asesinadas, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y más de 80 heridos, según Amnistía Internacional.

La inconstitucionalidad se da a casi siete años de su vigencia y vulnerar la Constitución y Convención Americana sobre Derechos Humanos

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