Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- La pensión que los afiliados al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) de Honduras recibirán cuando se jubilen será mermada por las decisiones de la junta directiva de renunciar a la millonaria aportación estatal y colocar la contribución individual de los comunicadores en una administradora privada de fondos de retiro.
La junta directiva del IPP renunció inconsulta e ilegalmente a la aportación del Estado, que se fundamenta en la ley de creación del ente de previsión, y que entre 1987 y 2013 sumó 53.2 millones de lempiras.
El Estado aportó como mínimo 1 millón y hasta 3.2 millones de lempiras anuales en los últimos 27 años, pero los directivos del IPP temerosos de tener que abrir sus libros a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en aplicación de nuevas leyes en materia de previsión social, desistieron a partir del 2014 de reclamar los fondos asignados en el presupuesto nacional.
Las aportaciones del Estado son rechazadas aunque cubrieron totalmente los costos de los seguros de vida, médico y auxilio funerario — por los que se pagaron 39.1 millones de lempiras –, y, además, sufragaron casi un 50 por ciento de las obligaciones por jubilaciones y pensiones, que significaron 29.2 millones entre 1987 y el 2013.
Las maniobras de evasión de los directivos del IPP a la auditoría por parte de la CNBS, ocurre cuando el país es sacudido por el escándalo de corrupción descubierto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que significó una pérdida de más de 4.000 millones de lempiras, en episodios en los que se involucra a ejecutivos y directivos del organismo.
Los directivos del ente de previsión de los periodistas, para esconder las operaciones financieras de miradas externas e incluso de los mismos afiliados, se escudan en una interpretación de la ley de creación del organismo aprobada en el Congreso en junio del 2000, que eximió al IPP de la vigilancia, supervisión y auditoría oficial.
Los directivos del IPP «fueron al Congreso Nacional a pedir que el Instituto de Previsión del Periodista no fuera supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente supervisor de este tipo de fondos», dijo el Comisionado de la CNBS, Roberto Salinas, en una comparecencia en el Foro de Canal 10 de televisión.
PERIODISTAS DEFRAUDADOS
La cúpula del IPP, que no ha explicado públicamente porqué evade tan tenazmente la mirada de la CNBS y de sus afiliados, tras renunciar a reclamar la millonaria aportación estatal, ahora anuncia a través de un paquete de mensajes digitales enviado a algunos afiliados por el presidente del IPP, Eduin Natividad Romero, que la decisión cercenará el monto de la jubilación que esperan recibir los periodistas.
En el Instituto de Previsión Social del Periodista coexisten afiliados que se jubilarían con el sistema solidario establecido en la ley de creación del IPP y otros en el que las aportaciones individuales son colocadas en un fondo privado de pensiones para constituir su pensión de retiro.
Todos los afiliados serán afectados al momento de su jubilación, pues el monto de los ingresos del IPP se reducirán al renunciar los directivos a la millonaria aportación del Estado.
La ley del IPP prevé que las fuentes de financiamiento para formar las reservas que sufragarán las jubilaciones, pensiones y beneficios son la contribución de las empresas de medios de comunicación, las aportaciones individuales de los periodistas, las utilidades de las inversiones y la contribución del Estado, a la que ilegalmente pretenden renunciar los directivos.
Los directivos y la gerencia temiendo en el futuro cercano una auditoría de la CNBS, impulsan también la fragmentación de las reservas del IPP, sin informar a los afiliados en una asamblea.
De manera privada y selectiva visitaron algunos medios y abordaron periodistas a los que persuadieron para firmar un contrato mediante el cual las aportaciones individuales serían colocadas en la Administradora del Fondos de Pensiones Atlántida.
El IPP entre 1987 y 2013 recibió de los aportes de las empresas de prensa 56.6 millones de lempiras, 124.3 millones de lempiras producto de los rendimientos de inversiones, 26.8 millones de lempiras de las contribuciones individuales de los periodistas y 53.2 millones del Estado.
La dirigencia encabezada por Romero y la gerencia del IPP, embaucaron a los periodistas seleccionados bajo el argumento de que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández pretende tomarse estos fondos.
«A mí me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados», dijo un periodista de un canal de televisión de Tegucigalpa que firmó el contrato.
¿ABUSO, ARBITRARIEDAD, QUÉ ES ESTO…?
Romero dice que partir de 2015 las aportaciones de los empresarios — en el caso de los afiliados que firmaron el contrato individualizado con la AFP del Banco Atlántida– el pago de los seguros de vida, médico y auxilio funerario se pagará con la contribución patronal de los medios de prensa.
Antes de la abusiva decisión de la Junta Directiva estos beneficios fueron pagados con las aportaciones estatales.
A los directivos del IPP no les basta con perjudicar en el presente y hacia el futuro la pensión de los periodistas, sino que también anuncian que a las aportaciones totales de la cuota patronal desde 1987 hasta diciembre de 2014, «se le restó» en forma retroactiva lo pagado por concepto de seguro médico, de vida y auxilio funerario.
Estos cobros son una arbitrariedad de los directivos del IPP, pues el costo de estos beneficios ha sido cubierto y pagado con las aportaciones del Estado, según consta en varios de los informes de Estados Financieros.
«Los ingresos provenientes de la tasa de publicidad; los cuales por decisión de la Junta Directiva están destinados íntegramente al pago de beneficios del sistema: servicio médico-hospitalario, seguro de vida, auxilio funerario, jubilaciones y pensiones», se dice en el estado financiero del IPP del 2013.
La decisión de la junta directiva representa renunciar a 2.2 millones de lempiras anuales, que fue lo que recibió en promedio el IPP de parte del Estado en los últimos 14 años hasta 2013, que capitalizaron las finanzas del sistema de previsión de los periodistas.
La determinación de los directivos del IPP ha sorprendido a los periodistas afiliados porque la aportación del Estado a los sistemas de previsión es una conquista por la cual han luchado diversos gremios y trabajadores, por lo que resulta inaudito renunciar a un beneficio que fortalece el sistema de previsión de los comunicadores.
El IPP es el único ente de previsión social eximido de toda supervisión y fiscalización por parte del Estado, por lo que sus directivos adoptan libremente resoluciones al margen de los intereses de los afiliados.
“A saber que hay ahí (en el IPP), la única manera de saberlo es que soliciten a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que les hagan un estudio en el marco de un acuerdo interinstitucional y que ese estudio se los presenten a la asamblea de los periodistas” afiliados, dijo Salinas.
