Por: Javier San Vicente Maeztu
El próximo domingo 28 de noviembre, Honduras se juega su futuro. Ese día, se celebran unas elecciones generales que pueden llevar a la apertura de una nueva fase histórica en la nación centroamericana o hundirla todavía más en el denso lodazal al que cayó tras el golpe de Estado de 2009. Doce años después de aquella vergonzosa asonada político militar, el país vive sumido en la pobreza, la corrupción y la violencia, y es gobernado por un grupo de narcotraficantes sanguinarios y políticamente ineptos.
El actual presidente, Juan Orlando Hernández, ha logrado aferrarse durante ocho años al poder, a pesar de que la reelección está expresamente prohibida en la constitución de Honduras, al fracaso político y social de sus gobiernos, así como a los señalamientos contra él y su entorno por estar involucrado en el narcotráfico. Ha sido por boca de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de algunas de las principales figuras del narcotráfico en Honduras y la región, que se han hecho públicos en varios procesos judiciales en el vecino país del norte que el Partido Nacional, el Presidente Hernández, su hermano, varios ministros, decenas de diputados y jefes militares y policiales han participado de forma activa en el tráfico internacional de cocaína. También ha quedado evidenciado en esos juicios que el fuerte aumento de la violencia que se produjo con la llegada al poder de los nacionalistas en 2010, se debió a las luchas encarnizadas entre grupos de narcotraficantes, cuyo objetivo fue la consolidación del grupo criminal vinculado al gobierno. Por el camino fueron asesinados miles de hondureños, incluyendo figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como Alfredo Landaverde, se produjo una de las mayores masacres carcelarias de la historia (359 muertos), el país llegó a tener la mayor tasa de homicidios del mundo y se produjeron varios estallidos sociales, incluyendo el desatado tras el ilegal y fraudulento proceso electoral de 2017, que provocó decenas de muertos en las calles. En aquella ocasión, se pudieron documentar contundentes pruebas de la realización de fraude electoral, certificadas entre otros actores por la Misión de Observaciones Electoral de la Organización de Estados Americanos, que llegó a solicitar que se repitiesen las elecciones.
Por lo demás, el fracaso del gobierno es notable. Honduras se sitúa en 2021 como el país más pobre de América Latina y el Caribe, con un 74% de la población bajo la línea de la pobreza. Las condiciones de vida en Honduras se han degradado de tal manera que la única opción para miles de personas es la huida en búsqueda de mejores condiciones de vida. El torrente migratorio ha sufrido tal aumento, que ha atraído en varias ocasiones el foco mediático internacional, primero con la crisis de los niños migrantes no acompañados de 2016, y después con las caravanas de migrantes a partir de 2018. Además, el país se ha visto azotado en el último año por los huracanes Eta e Iota, y por la pandemia del COVID 19. Frente a estas emergencias el gobierno ha seguido mostrándose como una maquinaria corrupta e insensible. Entre los desfalcos más recientes figuran la compra de varios hospitales móviles por más de 47 millones de dólares para atender a las víctimas del COVID 19, que han sido entregados con escandaloso retraso y que se han mostrado totalmente ineficientes, además de haber sido adquiridos a precios muy superiores a los de mercado. Este escándalo podría considerase el colofón de una larga trama de corrupción que han protagonizado los políticos nacionalistas dentro del sistema de salud desde su llegada al poder, y del que han drenado cientos de millones de dólares, habiendo incluso llegado a adquirir pastillas rellenas de harina haciéndolas pasar por medicamentos.
En estas próximas elecciones, existen fundados temores de que se vuelvan a producir graves irregularidades que puedan desembocar en una crisis política como la de 2017. El ambiente es de máxima polarización política y social. Las tumultuosas elecciones generales de 2017, supusieron la consolidación de la maquinaria clientelar del Presidente Hernández y el Partido Nacional. Esta maquinaria ha sido sin lugar a dudas engrasada y fortalecida durante los últimos cuatro años para tratar de revertir el aumento del caudal electoral de la oposición.
Sin embargo, no todo es favorable al partido del gobierno: la correlación de fuerzas es diferente de la de hace cuatro años. Por un lado, el Partido Nacional ya no cuenta con un líder con la fuerza aglutinadora y corruptora del actual presidente Hernández. Su candidato, Nasry Asfura, actual capital de Tegucigalpa, muestra un liderazgo débil y subordinado a Juan Orlando. Por otro lado, la oposición se presenta más unida y fortalecida que nunca. La principal candidata es Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (esposa del ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe de 20009). Xiomara se presenta en coalición con diversas fuerzas y figuras políticas, incluyendo al ex candidato presidencial Salvador Nasralla (virtual ganador de las elecciones de 2017), el pequeño partido socialdemócrata PINU-SD y la plataforma independiente liderada por el periodista Milton Benítez, que dirige un medio de comunicación en Internet convertido en fenómeno de masas en Honduras.
Además de lo anterior existe otro factor clave, que puede inclinar la balanza de una forma contundente en favor de Xiomara Castro: la actitud de los votantes del Partido Liberal. Y es que el tercer partido del país se encuentra fuertemente dividido, debido a que buena parte de los votantes urbanos y de clase media rechazan al candidato presidencial de su partido, el banquero Yani Rosenthal. Este sujeto acaba de ser liberado tras cumplir una condena de prisión por blanqueo de capitales para el narcotráfico en Estados Unidos. La repulsa de buena parte de las bases electorales hacia este candidato puede llevar a que acaben apoyando la candidatura de Xiomara, a pesar de no compartir buena parte de sus valores políticos. El hecho de que figuras de primer nivel del Partido Liberal, como el ex presidenciable Luis Zelaya o el alcalde Choluteca Quintín Soriano, estén mostrando su apoyo a la candidatura de Xiomara Castro para tratar de sacar a los nacionalistas del poder, puede inclinar la balanza electoral tan a favor de la candidata de LIBRE, que el gobierno no logre revertir los resultados de las urnas con su maquinaria corrupta.
Por supuesto, el gobierno da muestras de estar poniendo a punto esta maquinaria clientelar corrupta. En las últimas semanas se han aprobado fondos millonarios para diferentes programas sociales, que, como es habitual, serán utilizados para movilizar a la red de activistas del partido y acarrear y comprar el voto de cientos de miles de personas desesperadas. Pero desde el punto de vista técnico el gobierno no las tiene todas consigo. En los últimos cuatro años, y debido a la presión interna e internacional, se han producido varios cambios en el sistema de gestión electoral que sin duda servirán para restringir las posibilidades del fraude. Entre ellas está la elaboración de un nuevo censo electoral en 2021, del que se han eliminado 500,000 personas que habiendo fallecido todavía figuraban en el censo anterior (en 2017 se habló mucho de los muertos que salían de la tumba para ir a votar). También se ha limitado la entrega de credenciales electorales a los partidos más pequeños, conocidos como partidos de maletín, que generaron un obsceno tráfico de las mismas en las elecciones de 2017, cuando fueron utilizadas para manipular los resultados electorales en las mesas de votación mediante anulaciones masivas de votos de la oposición, alteración de actas y otras triquiñuelas. Por último, en esta ocasión el Partido Libertad y Refundación sí ha sido incluido en los organismos clave de la gestión de los comicios: el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral, con lo cual la posibilidad de que se produzcan irregularidades en el nivel central del proceso también se ven reducidas. Además, diversas encuestas dan una ventaja holgada a Xiomara Castro frente a Nasry Asfura, aunque existen temores de que pueda ocurrir algo que finalmente impida su llegada al poder. Como dato preocupante, a menos de dos semanas de la celebración de los comicios se ha producido un repunte de la violencia política, habiéndose contabilizado el asesinato de 6 personas vinculadas a la política en menos de 24 horas.
Esta situación política de excepcional degradación genera un escenario de gran riesgo e incertidumbre para Honduras. Romper con un sistema político altamente corrupto es una urgencia, ya que, si llegase a consolidarse la situación actual, Honduras podría verse abocada a un proceso de degradación todavía mayor y del que difícilmente lograría recuperarse en el medio o largo plazo. El ejemplo del que Honduras debe tomar nota es el de Haití, donde tras 20 años de golpes de estado, procesos electorales fraudulentos y desastres naturales, el Estado se ha convertido en una cáscara vacía que sólo sirve para canalizar fondos en manos de los que lo gestionan, y en el que el poder real es ejercido públicamente por milicias armadas de carácter mafioso que imponen su ley en las calles. Esta puede ser la última oportunidad para Honduras, en unos días sabremos hacia dónde va su destino.
