Nación.

Gobierno hondureño asegura que hace esfuerzos por mantener empleos en Grupo Continental

Los empelados de Alimentos Continental protestaron al saber que habían sido suspendidos por tres meses sin goce de salario.

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El presidente de Honduras, Juan Hernández, aseguró este miércoles que su gobierno está haciendo esfuerzos para que las empresas del Grupo Continental, “no cierren y sus empleados no se vayan de sus lugares”.

El mandatario declaró lo anterior en el municipio de Duyure, Choluteca, al término de la inauguración de dos kilómetros de concreto hidráulico y la reconstrucción de la escuela urbana mixta Presentación Centeno.

“En primer lugar, nadie del Estado de Honduras metió en problemas a las empresas del Grupo Continental, fue la relación de  las autoridades estadunidenses  con tres personas del Grupo Continental”, recalcó Hernández.

En segundo lugar, explicó que “en la medida que la justicia y la ley nos permite nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que las empresas no cierren y los empleados no se vayan de sus lugares, pero hay empresas que no hay forma de sostenerlas”.

Agregó que “hay una ventaja en este momento, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) está realizando un trabajo aparte, licitando las carteras del Banco Continental y probablemente no se van a ir préstamos de allí para otros bancos y los empleados tampoco  van a perder su oportunidad”.

Sin embargo, advirtió que hay otras empresas que no son tan rentables “como pareciera” en los balances, pero “estamos entregándolas, como me lo ha dicho la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI),  a los mismos gerentes para ayudar a salvarlas”.

La CNBS procedió el pasado 9 de octubre a la liquidación forzosa  de Banco Continental, mediante la resolución SB-1034/09-10-2015, luego de la  inclusión de la institución financiera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés) “referente a personas vinculadas al lavado de activos”.

Asimismo determinó a la privación de dominio de 10 empresas y 50 bienes inmuebles, propiedad de Jaime, Yani y Yankel Rosenthal, acusados por el Departamento del Tesoro de utilizar siete empresas de su propiedad para lavar dinero proveniente del narcotráfico.