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Llamadas entre juez e imputado obligan al MP a recusarlo en caso de Teodoro Bonilla

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Por: Redacción CRITERIO

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“La Ley de Escuchas Telefónicas”,  que contiene 62 artículos,  fue aprobada el pasado 8 de diciembre de 2011 y en ella se establece que el individuo que esté sindicado por algún delito, con esta normativa  se le puede dar seguimiento hasta por un año, por lo que los abogados de Teodoro Bonilla,  están alegando desconocimiento de la ley, coinciden algunos expertos.

Tegucigalpa.-El Ministerio Público (MP), recusó al magistrado,  Víctor Manuel Lozano Urbina, para que se inhiba de conocer el caso iniciado contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
    Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura.

El MP recusó al magistrado debido a unas conversaciones entre él y el acusado, que fueron obtenidas con una orden judicial emitida por un tribunal competente.

En días anteriores,  el propio magistrado Lozano se había recusado de conocer el caso,  alegando que lo une una gran amistad con Teodoro Bonilla.

El defensor de Teodoro Bonilla, Marvin Cálix, criticó que la Fiscalía presentara una escucha telefónica entre el magistrado Lozano Urbina y su defendido para argumentar la recusación del alto juez.

Cálix dijo que, el Estado mediante el Ministerio Público debe presentar pruebas enmarcadas en la ley para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso.

Por su parte, José Adalid Rodríguez, también defensor de Bonilla, señaló que la Fiscalía maneja un requerimiento fiscal infundado y con pruebas absolutamente prohibidas.

Rodríguez agregó que, ellos (MP), tienen intervenidas las comunicaciones del magistrado Víctor Manuel Lozano, asumimos que tienen intervenidos a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la defensa alega que se trata de una prueba ilícita que violenta la Constitución de la República, los tratados y convenciones de derechos humanos que Honduras forma parte.

El defensor de Bonilla,  también acusó a la jueza que emitió la orden para escuchar las conversaciones, de cometer “un acto delictivo” al igual que la Fiscalía hondureña,

Ambos defensores de Bonilla, pidieron copias de las intervenciones telefónicas al juez Lozano Urbina, para proceder criminalmente contra la jueza que ordenó esta práctica inconstitucional.

El defensor Rodríguez,  reiteró que, los fiscales del Ministerio Público cometen delito al estar interviniendo arbitrariamente las comunicaciones a todos los hondureños sin que estén sujetos a proceso.

“La Ley de Escuchas Telefónicas” que contiene 62 artículos fue aprobada el pasado 8 de diciembre de 2011 y en ella se establece que el individuo que esté sindicado por algún delito, con la ley de escuchas se le daría seguimiento hasta por un año, por lo que los abogados de Teodoro Bonilla,  están alegando desconocimiento de la ley, coinciden algunos expertos.

Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia emitió su posición a través del jefe de comunicaciones, Melvin Duarte, quien dijo que,  el juez natural escuchó los argumentos del MP en torno a la recusación presentada y que  decidió inhibirse al conocimiento del proceso a fin de que sea la Corte de Apelaciones asignada la que pueda valorar los alegatos presentados por ambas partes.

Duarte informó que,  se le dio trámite al incidente de recusación para que sea la Corte de Apelaciones la que se pronuncie sobre lo que sigue en este proceso judicial que comenzó este miércoles.

La Corte de Apelaciones decidirá si el juez Lozano Urbina deberá seguir conociendo el caso o en su defecto nombra a otro en su lugar.

Las acusaciones contra Bonilla son, supuestamente, por haber intervenido en la aplicación de justicia,  al solicitar a dos juezas que dejaran en libertad a sus primos Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla acusados por blanqueo de vehículos

En su oportunidad los capturados fueron acusados por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales, entre otros delitos que se vienen investigando desde los Estados Unidos.