El modelo económico extractivo representa una amenaza para la autonomía de las alcaldías, al punto que ya estaban prescindiendo de los permisos de operaciones de los gobiernos locales para la instalación de minas y proyectos hidroeléctricos, advirtió el abogado Víctor Fernández
Redacción: Marcia Perdomo
Fotos: Jorge Burgos
Tegucigalpa.- A casi siete meses de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y su promesa de protección a los bienes naturales, todavía queda un largo trecho por recorrer para que el discurso pase a la acción y se ponga un alto a la industria extractiva en el país.
Esta semana cinco municipios del nororiente del país se movilizaron hasta las oficinas de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) en Tegucigalpa a exigir la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía, en peligro por la instalación de empresas mineras en una área protegida.
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Durante la movilización, el equipo de Criterio.hn conversó con el defensor de derechos humanos y abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, quien apeló a que el nuevo gobierno forje una alianza con los sectores populares para que confronte al modelo económico extractivo y recoja coherencias.
Fernández señaló que las poblaciones han estado en proceso de lucha permanente desde el golpe de Estado, y es una lucha sostenida al punto que están entrando en alianzas con los gobiernos locales para enfrentar una problemática que es territorial y que implica la defensa de la soberanía y los bienes naturales.
El abogado remarcó que la disputa de fondo es el modelo económico extractivo que lesiona derechos fundamentales a la ciudadanía y que indistintamente del discurso aún quedan acciones concretas a tomar para enfrentarlo. Por eso es importante la movilización realizada por los municipios de Sabá, Bonito Oriental y Tocoa en el departamento de Colón; y Gualaco y San Esteban en Olancho.
El bufete Estudios para la Dignidad representa al municipio de Sabá en la disputa contra la minera Las Golondrinas, un proceso que viene de hace 10 años. Muchas de estas contiendas están a nivel administrativo en la Serna y otras en la Corte Suprema de Justicia, esperando una decisión política e institucional que responda a las expectativas de la población, planteó.
“No sabemos si este Ministerio de Ambiente, en realidad va a poder tomar este tipo de decisiones porque siempre tenemos de recuerdo lo que hizo en el tema minero, al anunciar que el territorio era libre de minería y efectivamente tuvo que retroceder de manera inmediata”, manifestó.
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Para Fernández los esfuerzos a nivel comunitario seguirán siendo necesarios y decisivos para dar fuerza a una institucionalidad que quiere hacer cambios, pero se enfrenta a un sistema económico extractivo con bastante poder.
Desde su perspectiva “este desentendimiento que tiene el gobierno recuerda a los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias que no se puede confiar absoluta o totalmente en la gestión pública” y que si el Estado “termina siendo el enemigo de los procesos populares. Lo que nos queda es afianzar el proceso de resistencia, consolidar las formas de luchas”.
“Aquí hay una práctica ya arraigada de los sectores populares de estar en movilización, en lucha”, pero la institucionalidad no debería, explicó Fernández, ver a los sectores populares como enemigos y opositores.
AUTONOMÍA DE LAS MUNICIPALIDADES BAJO ATAQUE POR MODELO EXTRACTIVO
El abogado del bufete Estudios para la Dignidad sostiene que es importante destacar que el tema de soberanía involucra Estado, gobiernos locales y comunidad, y que “esta convergencia entre el poder popular, el poder comunitario y el poder local es fundamental y de hecho ha tenido éxito en los últimos tiempos en varios procesos”.
Ejemplificó este extremo con el caso de la municipalidad de Arizona en Atlántida, norte de Honduras, donde el gobierno local se unió con los procesos de resistencia contra el modelo extractivo. Pero para que las alcaldías hagan causa común con las comunidades, las autoridades deben entender que “toda la configuración jurídica que se produjo en los últimos tiempos es para minar su autonomía” y poder.
“Las ZEDE [Zona de Empleo y Desarrollo Económico] fue la expresión más grande en las que las municipalidades, como dicen vulgarmente, ‘no huelen, ni hieden’, no existen”, a estos se suman otros proyectos extractivos como los mineros e hidroeléctricos, que ya estaban prescindiendo de los permisos de operaciones de los gobiernos locales.
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Tras la derogación de las ZEDE por parte del gobierno, se debe afianzar la práctica de autonomía bajo el poder local junto al poder comunitario y el poder popular de las organizaciones, señaló.
En cuanto al control que ejerce el gobierno central sobre las municipalidades en el tema de financiamiento por retención de fondos departamentales y como este podría impactar en la fusión de las alcaldías en las luchas de soberanía local, Fernández apuntó que en efecto existe una moratoria de años en cuanto al traslado de fondos y esto asfixia a los gobiernos locales. No obstante, a su criterio, el gobierno central no está en condiciones y no debería continuar esta práctica.
“Estos funcionarios deberían de salir al encuentro de los gobiernos locales, de las comunidades a crear el proyecto que refunde el país, en esta parte de la manera de enfrentar al modelo capitalista extractivista, porque sobre esa base se eligió este nuevo gobierno”, expuso.
El abogado admitió que es un gran desafío el que enfrentan las autoridades gubernamentales y no es fácil enfrentar el sistema, pero “es mucho más difícil si lo quieres enfrentar solo o reuniéndote con los promotores nada más del capitalismo extractivista”.
Desde su óptica, la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas ante la ausencia de capacidad técnica y humana para evaluar las solicitudes de permiso de explotación territorial, debería aliarse con los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias para saber y ahondar en qué es lo que les están solicitando aprobar.
“La lógica del mercado no es la lógica de las comunidades, y máxime de las comunidades rurales y de las comunidades indígenas que tienen una relación con la naturaleza totalmente distinta”, recordó el abogado, quien apeló a una interlocución más asertiva con el nuevo gobierno, que no sea de choque, que se reúna con las comunidades y que resuelva los procesos.
