Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) exige al Ministerio Público que revele los nombres de los funcionarios y empleados del ente contralor que están siendo investigados por extender informes y finiquitos a favor de corruptos que malversaron fondos públicos bajo falsos programas de desarrollo social, siendo un factor que podría entorpecer las indagaciones.
Mediante un comunicado, el TSC se pronunció sobre la denuncia del director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien reveló que imputados en el caso de exdiputados y diputados que malversaron más de L 18.9 millones, recibieron finiquitos que pretende librarlos de responsabilidad penal cuando la fiscalía tiene pruebas contundentes que no efectuaron los proyectos sociales por los cuales solicitaron los recursos.
“El pleno de magistrados, en reiteradas ocasiones han solicitado al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, indicar los nombres de funcionarios y/o empleados de este ente contralor que están siendo investigados por la Uferco o cualquier otra unidad adscrita al Ministerio Público, con el objetivo de complementar acciones a lo interno de la institución, apegadas al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Empleados del TSC”, expone el documento.
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El TSC, el pasado 24 de junio, mediante oficio TSC-1732-2022, solicitó a la fiscalía revelar los nombres de los funcionarios que se prestaron para adulterar o falsificar informes a favor de funcionarios, exfuncionarios, organizaciones, alcaldías, entre otros, y que se encuentran supuestamente bajo investigación, lo que indica que esta práctica ilegal es reiterada.
“Es una denuncia grave que se debe judicializar. Queremos ver requerimientos fiscales porque se deben encontrar los responsables que han limitado los procesos de investigación, perfectamente se puede detectar las personas involucradas”, demandó el exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández.
Fernández manifestó que no solamente se trata de investigar, sino que se debe judicializar los casos, de lo contrario, la impunidad y corrupción seguirán promovidas desde la propia institucionalidad del Estado, “el TSC ha servido para maniatar y limitar al Ministerio Público encontrar la verdad de los hechos”.
Según el TSC, lo que se procura con la exigencia de revelar los nombres es “promover los valores éticos en los funcionarios y empleados, así como velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, con objetividad y profesionalismo, en apego a la Constitución”.
Sin embargo, solo deja en evidencia la negligencia e incapacidad del ente contralor que no promueve investigaciones o auditorías a lo interno que evite estas prácticas ilegales que socavan la lucha contra la corrupción.
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“Lo que hay ahí, es una serie de delitos, ya se sabe que la institucionalidad está capturada, el espacio que se ha recuperado es muy mínimo. Debe haber un plan de recuperación de las instituciones del Estado, pero no se está haciendo. Todas esas personas que han emitido esos informes, pueden incurrir en delitos de violación a deberes de funcionarios, abuso de autoridad y también de falsificación ideológica que es cuando en un documento puede ser oficial, firmado por la persona que corresponde que firme, pero lo que está en ese informe no es verdad, es decir falsear ideas”, detalló a Criterio.hn el abogado Raúl Paniagua.
Esta petición del TSC crea confusión porque deja a entrever que la institución es incapaz de detectar las irregularidades en sus procesos, además pareciera que quieren entorpecer las investigaciones exigiendo a priori los nombres de los involucrados.
“Esto genera impunidad, al final lo que se busca es que el brazo de la justicia no llegue de forma certera, se debe judicializar a los responsables”, aseveró Paniagua.
Cabe indicar que el Congreso Nacional, bajo la administración de Mauricio Oliva, aprobó el Decreto Legislativo 141-2017 contentivo de la reforma al artículo 131, inciso A, de la Ley Orgánica del Presupuesto, una normativa lesiva que trasladó al TSC la facultad de auditar y determinar la responsabilidad penal, civil y administrativa en el manejo de fondos estatales, lo que redujo las atribuciones del Ministerio Público.
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Dicha reforma, referente a la liquidación de fondos públicos para proyectos de desarrollo social, atribuyó al TSC realizar las auditorías a servidores públicos, diputados, exdiputados, Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo, organizaciones privadas, municipalidades, que solicitaron fondos al igual que fundaciones y personas naturales y jurídicas en los periodos comprendidos de 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Se estableció un periodo de tres años para que el ente fiscalizador determinara si existe responsabilidad penal, civil o administrativa contra quienes ejecutaron fondos públicos que siguen vigentes bajo la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, contentivo en el Decreto Legislativo 116-2019.
En marzo, el Congreso Nacional regido por el congresista Luis Redondo, aprobó el Decreto Legislativo 20-2022 que reconoció el fallo inconstitucional contra la reforma y ordenó al TSC entregar las investigaciones a la Uferco. Apenas 64 informes se elaboraron y solo 6 se remitieron a la fiscalía por identificarse responsabilidad penal.
