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Exigen investigar y enjuiciar a quienes perpetraron los fraudes electorales de 2013 y 2017

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Tegucigalpa.- Al conocerse la acusación formal en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ratificó la existencia de los fraudes electorales en las votaciones de 2013 y 2017 que le permitió imponerse en la presidencia, ahora la exigencia se centra en investigar y enjuiciar a los magistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Por más de una década, Juan Orlando abusó de su posición en el gobierno de Honduras incluyendo su posición presidente de Honduras para recibir millones de dólares de los narcotraficantes más notorios del mundo, para enriquecerse, para darle fondos a su campaña política y para cometer fraude electoral a cambio Hernández y sus coconspiradores hicieron llegar 500 mil toneladas de cocaína”, declaró el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian  Williams.

Fiscal Damian Williams (foto diario de Juárez)

En la acusación que se presentó contra Hernández, detalló que en los comicios de 2013 recibió sobornos de narcotraficantes incluido el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, que utilizó “para sobornar políticos y funcionarios electorales” que controlaban centros de votaciones, recuentos de votos y sistemas de transmisión.

Al igual, en 2017, de manera violenta, ilegal y arbitraria, impuso un nuevo fraude que le permitió reelegirse pese a ser prohibido en la norma constitucional de la nación a cambio de los millonarios recursos provenientes del narcotráfico, Hernández prometió otorgar seguridad y protección en la narcoactividad.

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Salvador Nasralla, excandidato presidencial de 2017 y actual designado presidencial, exigió investigar y enjuiciar a los implicados en cometer fraude electoral en dichas votaciones al tiempo que requirió se persiga a los que recibieron sobornos.

“En relación con las elecciones de 2013 y 2017, JOH dirigió a los coconspiradores para sobornar a políticos y funcionarios electorales y comprar votos para lograr, con fraude, la presidencia… será haciéndoles juicio a los que cometieron fraude muestra de que en próximas elecciones de 2025 no harán un tercer fraude” como el que tenían armado al Partido Salvador de Honduras en 2021”, señaló.

Según Nasralla, “es más importante” conocer cómo se fraguó el fraude de 2013 en que se ejecutaron cortes de energía para alterar los resultados en el sistema de votación. En el caso de las elecciones de 2017 asegura que “todos conocen” que Hernández se impuso.

En respuesta, mediante un comunicado, el exmagistrado del extinto TSE en 2013, Enrique Ortez Sequeira, declaró que está dispuesto a comparecer ante la justicia con la intención que “el pueblo sepa la verdad y toda la verdad de lo que sucedió en los últimos 15 años en la vida institucional y política de Honduras”.

Mientras resaltó que recibe amenazas a muerte por ser opositor al régimen que instauró Hernández, Sequeira reiteró su disposición para declarar tanto nacional como internacionalmente sobre lo concerniente al proceso electoral de 2013.

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El dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell, también exigió investigar las denuncias de fraude que llevaron al Estado de Honduras convertirse en un narcoestado como lo aseveró el juez estadounidense, Kevin Castel.

Fiscal General Merrick B. Garland (foto semana.com)

“Tras la confirmación del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland del escandaloso fraude electoral del 2017, es preciso investigar inmediatamente a los delincuentes que lo propiciaron y sometieron a un terrible sufrimiento y suplicio al pueblo hondureño. ¡Ni olvido ni perdón!”, demandó.

En entrevista a Criterio.hn, el exmagistrado del TSE, Augusto Aguilar, manifestó que las autoridades electorales más allá de ser acusadas por consumar el fraude electoral deberían ser enjuiciadas por permitir la reelección ilegal de Hernández.

“Son dos cosas: se habla de una elección fraudulenta con dinero de por medio para comprar funcionarios, eso es delicado, pero para mí lo más delicado es la reelección ilegal, totalmente ilegal. Los responsables de haber hecho esa intención de un candidato que estaba inhabilitado, eso es un delito y no solo es el Tribunal, también funcionarios que tenían la obligación de impedir que se reeligiera Hernández porque la Constitución lo prohíbe”, dijo Aguilar.

Para el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), Luis de León, no se puede seguir teniendo gobiernos que están por encima de la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

“Me parece que Honduras viene arrastrando un problema de fraude. Durante la historia electoral de Honduras, siempre he escuchado fraudes electorales después de los procesos. Alguien se debe hacer responsable por violar la ley electoral”, refirió.

RESTRUCTURAR ORGANISMOS ELECTORALES

Durante años el TSE estuvo al mando de David Matamoros Batson, exdiputado, exsecretario general y dirigente del conservador Partido Nacional; tras las elecciones de 2017, su hija María Andrea fungió en puestos claves del gobierno de Hernández como ministra de la transparencia, mientras Batson asumió como comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Asimismo, Erick Rodríguez del también conservador Partido Liberal, originario del departamento de Lempira al igual que Hernández con quien compartió sus estudios de educación primaria y Saúl Escobar Andrade, de la Democracia Cristiana (DC) partido político que se plegó a los intereses del Partido Nacional.

Durante años el TSE estuvo al mando de David Matamoros Batson afín al conservador Partido Nacional, Saúl Escobar Andrade, de la Democracia Cristiana (DC) y Erick Rodríguez del Partido Liberal.

Tras las denuncias de fraude y la presión de recientes partidos políticos se extinguió el TSE y se creó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que permitió en las elecciones generales de 2021 generar certidumbre y lograr un proceso más confiable, aunque siempre se empañó con denuncias de fraude a nivel de corporaciones municipales y diputaciones.

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Tanto Aguilar como León, consideran que se debe crear políticas para impedir que se consuman nuevos fraudes electorales y eso pasa por restructurar organismos electorales.

“Creo que la meta no debe ser solamente encausar a los culpables también poder cambiar cómo el CNE y el TJE se convierten en instituciones sólidas, independientes, sin intereses políticos y cómo evitar fraudes. Hay que iniciar un proceso de reconstrucción institucional que eviten que estas cosas vuelvan a pasar”, añadió León.

Si bien, Xiomara Castro logró ganar las elecciones gracias al voto masivo de la ciudadanía el propio designado presidencial asegura que en los pasados comicios se había planeado un nuevo fraude por lo que decidió declinar a su aspiración presidencial y unirse en alianza con Castro, factor que fortaleció la victoria del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Cabe señalar que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) efectúa investigaciones contra la empresa Mapa Soluciones por el fraude en 2017. Además, la investigación involucra directamente a Batson, Escobar y Rodríguez.

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