Estado hondureño debe proteger el derecho a ser informados sobre Covid-19

 

Tegucigalpa.- Decenas de periodistas que trabajan sin descanso para llevarle a los hondureños una cobertura más rigurosa y cumplir con su misión de servicio público en medio de una crisis sanitaria por la epidemia mundial del COVID-19 o Coronavirus están al borde de la vulnerabilidad física, emocional y económica producto del anuncio de varios medios de comunicación de cancelar o suspender sus contratos de trabajo informó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 

Desde esta organización defensora de la libertad de expresión, se trabaja por la construcción de un Estado de Derecho teniendo como base consolidada la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información.

La importancia de la seguridad de los periodistas en medio de la pandemia de COVID-19, fue resaltada por el Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, Moez Chakchouk.

Según las denuncias interpuestas, los medios de comunicación han comenzado a despedir personal y a recortar salarios a pesar de que se recurre cada vez más a ellos para obtener información confiable sobre el brote de coronavirus.

Las empresas corporativas de comunicación han anunciado que se enfrentan con un cercano colapso, producto de la falta de ingresos por publicidad, pero aún peor panorama se observa en el interior del país, donde los mismos comunicadores han tenido que sostener con sus propios recursos a los medios de comunicación locales, movilizándose a las fuentes informativas, sin contar con medidas de bioseguridad que les garantice su protección.

En ese contexto y ante el anuncio de suspensiones y despidos a trabajadores de la información, C-Libre exige la garantía del Derecho al trabajo: Los empleados de los medios de comunicación, en especial los periodistas han sido indispensables y absolutamente crucial en el rol de informar y prevenir sobre la crisis actual. Por lo tanto, es una responsabilidad estatal, garantizar la protección laboral a los trabajadores desde un contexto prioritario.

Estos despidos pueden considerarse nulos si se demuestra que se aprobaron por razones de discriminación o con vulneración de derechos fundamentales, como rechazar los avances del empleador, por estar embarazada, por ejercer el derecho de huelga, etc. Lejos de permitir el despido, la suspensión y la deducción de salarios para los trabajadores de la información, el Estado hondureño debe garantizar una protección integral desde una perspectiva de protección social.

Condenar el discurso de odio en contra del trabajo periodístico por parte de funcionario públicos que han reaccionado de manera errónea ante la labor de veeduría social que recae en estos momentos sobre los profesionales del periodismo.

Además, exige respeto al Derecho a informar: C-Libre ha documentado 11 violaciones al derecho a informar en el marco de la cobertura noticiosa por la epidemia del Covid-19. Todos los agresores son representantes de la administración pública.

Ante este escenario se debe garantizar la seguridad física de los periodistas quienes han sido víctimas de obstrucciones, impedimentos y limitaciones informativas de manera física y verbal, discursos de odio y detenciones, dice C-Libre en su pronunciamiento.

De igual manera, se debe asegurar la seguridad física y emocional de los trabajadores de la información, esto en consecuencia de las condiciones de presión y estrés a las que son sometidos.

El organismo defensor de derechos humanos destaca que los periodistas independientes y críticos son especialmente vulnerables en lo que respecta a la seguridad física y psicológica, ya que no siempre tienen acceso a los mismos recursos.

C-Libre hace un llamado enérgico al Estado hondureño para garantizar el derecho a la información como un derecho “inherente” al derecho a la salud, que además conlleva al derecho al trabajo de los periodistas, desde implicaciones a las garantías de la estabilidad laboral de los profesionales de la información. La garantía de los tres derechos podrá asegurar el derecho a la salud, en el marco de una emergencia sanitaria.

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