Estado de Honduras expuesto internacionalmente por caso Vicky Hernández y otros

Al menos 15 mujeres trans fueron asesinadas en el marco del golpe de Estado de 2009

Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Hoy, al celebrarse la primera de dos audiencias del caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remarcó que en el crimen de la defensora de los derechos humanos, en el marco del golpe de Estado de 2009, hubo la participación de las fuerzas de seguridad pública.

Al iniciar la audiencia el presidente de la CIDH, Joel Hernández García, estableció que hay fuertes indicios de participación estatal en los hechos y que en la investigación de la muerte de Vicky el Estado de Honduras no cumplió sus obligaciones internacionales, ya que el proceso se caracterizó por la presencia de estereotipos

El máximo representante de la CIDH, dijo además que el crimen se registró en un contexto como resultado del golpe de Estrado y un toque de queda en el que el control de las calles estaba a cargo de las fuerzas públicas.

La Comisión señaló además que la muerte de Vicky se dio como resultado de violencia por prejuicio, con base en su identidad y expresión de género, por lo tanto, su caso resulta atribuible al Estado hondureño a quien se considera responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal, a los derechos a la honra, la dignidad y la libertad de expresión y a los principios de igualdad y no discriminación, protegidos por la Convención Americana.

 

En el contexto del golpe de Estado fallecieron al menos veintinueve personas de la comunidad LGBT. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia.

Durante la audiencia se recordó que durante el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales, se registraron 15 crímenes contra mujeres trans, de los cuales once se suscitaron en el Valle de Sula y cuatro en Distrito Central

La información fue revelada por el perito Carlos Zelada Cuña durante el ciento treinta y ocho periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en esta ocasión realizó la primera de dos audiencias públicas por el caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras.

Este caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la supuesta ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, ocurrida entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, mientras estaba vigente un toque de queda.

De acuerdo con Zelada Cuña, en el contexto del golpe de Estado fallecieron al menos veintinueve personas de la comunidad LGBTI. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia. Diez de ellas eran miembras del Colectivo Unidad Color Rosa. Once de estos crímenes ocurrieron en el Valle de Sula y cuatro en el Distrito Central y al menos ocho ocurrieron en el contexto del estado de sitio.

Las edades de las mujeres trans asesinadas rondaban entre los 25 y 30 años al momento de su asesinato y en ninguno de estos casos se reportan avances significativos en la investigación o sanción de los responsables, reveló el perito Zelada Cuña.

Explicó que los asesinatos producidos en un contexto de violencia por prejuicio plantean una doble muerte para la víctima pues el Estado niega su identidad de género, usando un nombre que no corresponde; y además sigue líneas de investigación infructuosas (crimen pasional), generando impunidad y la invisibilización del fenómeno.

La Corte Interamericana es el órgano judicial más importante de América Latina y es la primera vez que estudia el asesinato de mujeres trans, y su dictamen podría traducirse en una sentencia de protección no solo para Vicky, sino para todas las personas trans, lesbianas, gais y bisexuales en Honduras. Además, serviría como precedente para cualquier persona LGBTI que sea violentada en América Latina por discriminación, señala la Red Lésbica Cattrachas.

Asimismo, el caso de Vicky es una oportunidad para que por primera vez se escuche en la Corte IDH sobre la violencia cometida por la fuerza pública durante el golpe de Estado de 2009, explica la red lésbica feminista

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¿QUIÉN ERA VICKY HERNÁNDEZ?

Vicky vivía en San Pedro Sula y tenía 26 años al momento de su asesinato, que ocurrió en medio del toque de queda que siguió a la defenestración del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Momento en el que solamente las fuerzas públicas podían estar en las calles. Pese a esto, poco o nada se investigó sobre las circunstancias que rodearon su muerte, tampoco se practicó una autopsia y dos de las testigos, mujeres trans, fueron asesinadas. Michelle Torres, en agosto del mismo año y Fergie, un año después, según testificó Claudia Dayanara Spellman Sosa, inmigrante hondureña asilada en Estados Unidos y una de las fundadoras del Colectivo Unidad Color Rosa.

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La Red Lesbica Cattrachas detalla que la vida de Vicky estuvo rodeada de violencia y discriminación por su identidad de género. Meses antes de su asesinato fue atacada por un guardia de seguridad, que la hirió con un machete en la cabeza y el brazo, y le dijo: “me caen mal los culeros, ni deberían de existir, no valen ni un centavo”.

Hernández intentó interponer una denuncia ante las autoridades sobre lo ocurrido, sin embargo, la policía se negó a tomar su declaración aludiendo que por ser trans no merecía justicia. Un hecho que se repite con las personas trans que son agredidas y que empeora la situación que sufren en Honduras, señala Cattrachas.

Vicky era participante activa del Colectivo Unidad Color Rosa, organización que hace activismo por los derechos de las personas trans en San Pedro Sula. A lo largo de los años, seis de sus siete fundadoras fueron asesinadas.

De acuerdo con el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, del 2009 hasta octubre de 2020, 372 personas LGBTI en Honduras fueron asesinadas de forma violenta. El pasado sábado 8 de noviembre, se reportó el asesinato de Mía Zabala, una mujer transgénero voluntaria de la asociación de personas LGBTI Horus en la localidad de Playa Grande en Amapala, departamento de Valle.

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