peor Congreso Nacional en la historia democrática de Honduras

Es una falacia que el Congreso Nacional quiera escuchar al pueblo: CNA

Por: Redaccion CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- En su cuenta de Twitter el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recuerda al pueblo que el Poder Legislativo nunca tomó en cuenta la opinión del pueblo o de organismos nacionales e internacionales en la aprobación del nuevo Código Penal.

Por lo tanto, es una falacia que ahora salga diciendo que va a escuchar al pueblo y que está socializando la nueva norma jurídica

El CNA recuerda a la población que a lo largo de todo el proceso irregular e ilegal de su aprobación se dieron a conocer hechos irrefutables, por organismos nacionales e internacional, quienes revelaron mediante estudios y análisis a profundidad que dicha norma únicamente tiene finalidad de beneficiar a los sectores más oscuros del país.

Lamentablemente nunca fueron tomados en cuenta, evidenciando que un cierto grupo de diputados optaron por legislar a favor de intereses personales y políticos, ante que los de nación.

En un pronunciamiento público el CNA ha establecido 10 puntos que demuestran las actuaciones amañadas del Congreso Nacional.

  1. Que después de la publicación del Decreto 130-2017 en el Diario Oficial la Gaceta, el 10 de mayo de 2019, diversas organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y la ciudadanía en general, han expresado su descontento sobre la pretensión de poner en vigencia el nuevo Código Penal, ya que contiene diversas figuras jurídicas que servirán para promover la impunidad y desproteger los grupos más vulnerables del país.
  2. Que el 28 de mayo de 2019, un total de 30 organizaciones de la sociedad civil en conferencia de prensa, nos manifestarnos mostrando las razones que nos motivaban para no estar de acuerdo con la vigencia del nuevo Código Penal por disminuir descaradamente las penas a los delitos contra la administración púbica, narcotráfico, violencia de género, entre otras.
  3. En el mes de julio de ese mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), presentó al Poder Legislativo el «Análisis y observaciones al Nuevo Código Penal desde una perspectiva de los derechos humanos», en donde expresó de manera técnica las incongruencias contenidas en dicha ley, puesto que la vigencia de la misma lesionaría derechos y garantías protegidas en convenios y tratados internacionales de los que Honduras forma parte.
  4. En el mes de agosto de 2019, la vocera interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) remitió ante el Congreso Nacional «El análisis jurídico del Nuevo Código Penar, mediante el cual expresó su preocupación sobre las debilidades presentadas en los delitos contra la administración pública, ya que el combate a la corrupción e impunidad se vería debilitado, puesto que el Decreto 130-2017 contiene disposiciones ambiguas; por lo que este ente internacional presentó recomendaciones, que nunca fueron tomadas en consideración.
  5. En el mes de septiembre de 2019, la Asociación de Jueces para la Democracia (AJO) presentó ante el Congreso, las recomendaciones que desde una perspectiva legal debían ser asimiladas, puesto que por su experiencia en la jurisdicción veían conflictos en los que la justicia se vería involucrada al momento de dictar resoluciones judiciales;
  6. En este mismo mes, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) publicó el libro «El nuevo Código Penal y la situación actual de Honduras», en dicho documento académico el ente de sociedad civil expuso con argumentos científicos sobre el impacto negativo en el país que generaría el decreto antes mencionado al entrar en vigencia.
  7. En octubre de 2019, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó al Poder Legislativo «El análisis del Código Penal» exponiendo los equívocos jurídicos visibles en tan importante herramienta legal, que sería el instrumento de los órganos persecutores del delito para el combate a la criminalidad organizada.
  8. Entre el mes de mayo y los que ha transcurrido de junio 2020, el Consejo Nacional Anticorrupción ha remitido un total de 4 estudios académicos y jurídicos en los que manifiesta la serie de incongruencias que el Código Penal contiene, no solo en los delitos contra la administración pública, sino que, en materia de derechos humanos, violencia contra la mujer y los grupos más vulnerables del país, la criminalización de la protesta, entre otros.
  9. De la misma manera, la iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEO), se pronunció solicitando la no vigencia de una ley que provocará impunidad y se desapega de los principios fundamentales de la justicia.
  10. En el mes de mayo 2020, por segunda ocasión la Oficina del Alto Comisionado De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó un nuevo análisis al Código Penal, en el que reitera su preocupación por la vigencia de esa herramienta, ya que el Congreso Nacional continúa sin observar los lineamientos ya planteados por las distintas relatorías de derechos humanos en las Naciones Unidas.

Han sido innumerables los informes, análisis, comentarios, observaciones y manifestaciones que los organismos internacionales como la OACNUDH y la MACCIH; así como las organizaciones de sociedad civil las que se han pronunciado sobre esta nueva herramienta jurídica.

Sin embargo, el Congreso Nacional mantiene una posición obnubilada de que entre en vigor, ya que esta ley limpiará muchos de sus delitos y favorecerá a los narcotraficantes, maltratadores de mujeres, corruptos y delincuentes de alta envergadura.

  • Jorge Burgos
    Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. jorgeburgos@criterio.hn

Compartir 👍

Podría interesarte

Un comentario

  1. Entendamos de una buena vez que estamos tratando con delincuentes, criminales y narcopoliticos disfrazados de honorables diputados.
    En un verdadero Estado de derecho con una democracia real, esto ya hubiese cambiado siguiendo las diversas recomendaciones tanto de organizaciones nacionales como internacionales.
    Cuando un delincuente o corruptos se sienten amenazados es obvio que harán lo que sea para salir bién librados o menos dañados por la justicia.
    Como sociedad somos ineptos y demasiados condescendientes con esas lacras que nos gobiernan de manera ilegal e ilegítima.
    No tenemos dignidad como hondureños para enfrentar directamente a esa minoría de sanguijuelas que nos están chupando la sangre.
    Existen miles de denuncias de corrupción y narcotráfico de parte de funcionarios del actual y anterior gobierno, señalamientos hasta de la fiscalía de NY y aquí seguimos como idiotas pensando que hacer o esperar que del Norte hagan algo. Es triste y vergonzoso como nación no tener dignidad ni moral ciudadana para hacerle frente a nuestros propios problemas y resolverlos sea como sea.