Embajada de EE.UU tiene una altísima responsabilidad en la profundización del narcotráfico en Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

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El Progreso, Yoro.-El abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derecho internacional y especialista en temas de seguridad, autor y coautor de varios libros jurídico-sociales y con experiencia en litigios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conoce muy bien la política de EE.UU. en Honduras y su influencia en la política de seguridad nacional.

El experto cree que el país norteamericano tiene una responsabilidad muy grande de todo lo que está pasando en nuestro país, no solo desde los años 80, cuando promovió la Doctrina de la Seguridad Nacional y crímenes de lesa humanidad, que se cometieron, sino también cuando ha apoyado a un régimen como el de Juan Orlando Hernández que está -según dice- vinculado con el narcotráfico y que a través de la Embajada mantiene en pie.

Estados Unidos, como relación bilateral, mantiene un tratado de extradición con Honduras para sancionar a los personajes que incurran en algunos delitos como narcotráfico y corrupción; Honduras -con su política de seguridad interna- ha aprobado un nuevo Código Penal que reduce las penas por narcotráfico y corrupción. Todo esto con los tres poderes del Estado hondureño en una misma sintonía: no hay a la fecha ninguna reacción alérgica tanto del Ejecutivo, Judicial y Legislativo ante la impunidad de la que ahora gozan los narcotraficantes hondureños.

«En ese sentido creemos que EE.UU. tiene una doble moral, porque reconoce la incapacidad del sistema judicial hondureño para procesar a criminales. Y ese reconocimiento se ve reflejado en las extradiciones. Hay que recordar que una extradición únicamente se puede dar cuando en el país de origen no se ha investigado a las personas que están siendo señaladas y solicitadas por extradición», dice Mejía Rivera.

El también miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), sostiene que en ese sentido «todos y todas aquellas personas que están en EE.UU., extraditadas, nunca fueron investigadas en el país, y, por lo tanto, esa es la doble moral de los EE.UU., en el sentido de seguir apoyando a un régimen que ni siquiera es capaz de perseguir a los personajes que luego EE.UU. pide en extradición. Hay que responsabilidad altísima del gobierno de EE.UU., junto con el silencio cómplice de la Unión Europea».

Mejía explica que el nuevo Código Penal expresa una contradicción. Recuerda que un eslogan del régimen de Juan Orlando Hernández es la lucha contra la corrupción, impunidad, criminalidad organizada y narcotráfico. Sin embargo, para una lucha efectiva y honesta contra la criminalidad, es en el Código Penal donde deben proporcionarse unas penas proporcionales a la gravedad de los delitos. No obstante, cuando se trata de delitos vinculados a la corrupción o al narcotráfico, el nuevo Código Penal reduce las penas a los que están vinculados a ese tipo de delitos.

«Por eso planteo que ese nuevo Código Penal es una contradicción con el propio discurso de Juan Orlando Hernández, que genera impunidad en ese tipo de delitos. Además, es ilegítimo el nuevo Código Penal, porque no es posible que quienes estuvieron siendo investigados por la UFECIC-Maccih, quienes estaban siendo denunciados por los tribunales de la República por corrupción y también algunos mencionados en EE.UU. por narcotráfico, sean los mismos que estaban aprobando un nuevo Código Penal que terminó beneficiándoles», subrayó.

Expone que esto refleja la hipocresía de un gobierno de Honduras que es juez y parte, en el sentido de que están siendo investigados y al mismo tiempo aprueban unas normas que les van a beneficiar en el futuro. También la hipocresía del régimen de Juan Orlando Hernández de que supuestamente lucha contra la corrupción y la impunidad, pero en teoría es incapaz de que su propio hermano (Tony Hernández, preso por cuatro en EE.UU.) es narcotraficante y que otros diputados -particularmente de su partido- estaban vinculados no solo a tráfico de drogas sino que también en actos de corrupción.

«Eso refleja el cinismo estructural que hay en el país, que establece y se refleja en un discurso pero hay una práctica contraria. Es el reflejo de la crisis permanente que vivimos y que inició con el golpe de Estado en el 2009. Refleja también lo que dicen bastantes índices sobre la democracia hondureña: débil, cerca de convertirse en un Estado Fallido, que es una autocracia, que no hay independencia judicial, que no hay separación de los poderes. Ese es el reflejo, porque si realmente estuviéramos en un Estado de derecho, el nuevo Código Penal ya estuviera abrogado», apuntó.

Honduras ya tiene un presidente que en EE.UU. que ha sido nombrado en su momento como CC-4 , es decir, co-conspirador para introducir cocaína a ese país; y recientemente se produjo al país la llegada de Yani Rosenthal -preponderante empresario de origen judío y político del Partido Liberal- que cumplió una pena de 3 años en EE.UU. por tener relaciones comerciales con el cartel de Los Cachiros. Este último caso, abrió el debate acerca de la ética y moral en asuntos político electorales.

Joaquín cree que en el caso de Yani Rosenthal tenemos que ver que es una persona que ya pagó por los delitos que cometió, sin embargo, sostiene que como ciudadano hondureño -sin ningún proceso pendiente en Honduras- tiene derecho a involucrarse en la política. “Sin ninguna duda”, dice.

«Pero la ciudadanía es la que debe valorar si puede confiar su voto en una persona que ha estado vinculada con este tipo de delitos. Esta es una cuestión que cada ciudadano y ciudadana debe valorar. El caso acá es que Yani Rosenthal ya pagó por su delito; lo más grave es que tenemos a un titular de un régimen que está gobernando a Honduras por la fuerza y que no ha pagado por sus delitos. Y que está siendo mencionado como narcotraficante en un tribunal de EE. UU».