Directivos de periodistas en desobediencia por ocultar información

Los periodistas que dirigen el ente de pensiones y que deberían ser ejemplo de transparencia caminan por la ruta del ocultamiento.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que administran el ente de pensiones de los comunicadores, fueron calificados con cero por ciento en transparencia, por cuarta vez consecutiva, debido a su negativa de publicar información en el Portal Único de Transparencia sobre las operaciones financieras de la institución que ha operado más de 400 millones de lempiras.

Los periodistas directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), al incumplir su obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia se niegan a acatar un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el ente de los comunicadores es sujeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Sala de lo Constitucional, en su fallo, denegó un Recurso de Amparo presentado por los directivos del IPP, en contra de una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, que le ordenó entregar información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, un afiliado del ente de pensiones.

El fallo de la Sala de lo Constitucional afirma que el IPP es “una institución obligada” de la Ley de Transparencia al encontrarse el ente, “en la categoría de personas jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos”, como establece su ley de creación en el decreto 190-85 en lo relativo a las fuentes de financiamiento del sistema.

El Artículo 346 del Código Penal dice literalmente: “Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”.

Periodistas
Así lució este jueves el evento donde se presentó el  «Informe de verificación de la información de oficio en portales de transparencia de las instituciones obligadas» durante el periodo de enero a junio de 2018.

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Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista, encabezados por Dagoberto Rodríguez Coello, recibieron la vergonzosa calificación de cero por ciento, por cuarta vez (desde mediados de 2016), evaluados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sumándose a sanciones pecuniarias previas por más de 35.000 lempiras, impuestas por negarse a entregar información y no publicar en el Portal Único de Transparencia.

El IPP, creado para financiar las pensiones de los periodistas, es sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que el ente capta transferencias estatales establecidas en su ley, y que sumaron 53.2 millones de lempiras hasta 2013.

Los directivos que se niegan a publicar la información administrativa y financiera del ente de pensiones, y entregar información que les solicitan sus afiliados y otros ciudadanos, también rechazan someterse a la auditoria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ente que por ley debe supervisar los sistemas de pensiones públicos y privados en Honduras.

El instituto de pensiones de los periodistas es el único que nunca ha sido auditado por la CNBS,  privilegio del que no goza ningún ente de previsión social, ni siquiera el de los militares, uno de los poderes fácticos de Honduras.

“Es enormemente sospechoso el porqué estos periodistas directivos del IPP no quieren rendir cuentas, no quieren publicar información en el Portal de Transparencia o entregar información a los afiliados, y también no quieren que los audite la CNBS”, comentó a criterio.hn el periodista Palencia, que desde mediados de 2015 solicita información a sus colegas.

La nueva evaluación de enero a junio de 2018 sobre la Información de Oficio en los Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas, otorga la misma calificación de cero por ciento que obtuvieron los periodistas, también al Partido Alianza Patriótica del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado Vásquez Velásquez y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), del ex defensor de derechos humanos y actual embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón.

La directiva del IPP, la que por ley integran además de periodistas y directivos del CPH, un representante de la Asociación de Medios de Comunicación que aglutina a los propietarios de periódicos, radios, canales de televisión que operan productos o programas noticiosos, se resiste tenazmente a entregar informacion de las finanzas del ente y menos aún a someterse a la auditoría de la CNBS.

                                                 Una vergüenza nacional

“Es increíble que los directivos prefieran someterse a la vergüenza y al escarnio nacional, al negarse a publicar la información sobre las finanzas del IPP. La transparencia es lo más sencillo, si es que los dineros del ente son manejados con las manos limpias, como lo dice el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez”, dijo Palencia.

El presidente de la directiva del CPH, del IPP y también periodista del diario La Prensa de San Pedro, propiedad del grupo Organización Publicitaria S.A., se resiste a entregar información financiera del ente de pensiones, al grado que ha presentado a través de abogados, al menos ocho Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional en busca de que se declare al ente como sujeto no obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los recursos fueron admitidos sin suspensión del acto reclamado, por lo que están obligados a publicar la información.

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Los Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, Recursos de Reposición ante el IAIP y asesorías de conocidos abogados contratados para estructurar una estrategia legal que impida entregar información y someterse a la auditoría de la CNBS, ha costado en los últimos años más de 300.000 lempiras, de acuerdo al Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, y los casos que se conoce han recurrido a apoderados legales.

En la desesperada evasión de la publicación en el Portal Único de Transparencia y de entregar información a periodistas afiliados y personas particulares, los directivos del IPP desde 2014 desistieron de gestionar las transferencias estatales establecidas en la ley del ente, lo que ha representado una pérdida de más de 4.5 millones de lempiras hasta 2018, en detrimento de los afiliados y los jubilados, que reciben míseras pensiones.

En la evaluación el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho fueron calificados con un 100 por ciento.

Mientras, el Instituto de Previsión Militar (IPM), se le calificó con un 66 por ciento.

“Cómo se explica de manera lógica que estos directivos del los periodistas prefieren que se pierda dinero que fortalecería las finanzas del IPP, y deciden gastar en pagar abogados para no publicar información y someterse a una auditoría como ocurre con todos los instituciones de pensiones públicos y privados”, se pregunta Palencia ante la férrea lucha de los directivos del IPP por ocultar la información. 

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