Tegucigalpa.- La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que responda a los intereses de la ciudadanía hondureña y que promueva un verdadero cambio en el sistema de justicia se verá empañado con la decisión de diputados del Congreso Nacional sindicados en corrupción, quienes aparte imponen las reglas del proceso de selección de candidatos a magistrados.
El clamor de la nación centroamericana yace en un Poder Judicial que no sea cooptado por grupos de poder que al final son beneficiados con resoluciones o sentencias a su favor mientras la población se acobija en impunidad y corrupción.
Del Partido Nacional figuran diputados que aparte de ser acusados en corrupción, socavaron la Constitución y apostaron por la extinción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para el caso están el diputado por Francisco Morazán y jefe de bancada José Tomás Zambrano, votó en contra de a continuidad de la MACCIH, promovió la reelección ilegal mediante un recurso de inconstitucionalidad arbitrario a favor de Juan Orlando Hernández quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, también sindicado en el caso de corrupción Pacto de Impunidad por alterar el texto en la reforma a la Ley de Presupuesto, pero fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo.
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Asimismo, se le suma Antonio Rivera Callejas de igual forma promotor de la reelección ilegal, votó en contra de la MACCIH e involucrado también en el caso Pacto de Impunidad, sin embargo, la justicia lo favoreció.
Otros diputados del Partido Nacional que votaron en contra de la MACCIH y apoyaron la reelección son Johana Bermúdez, Mario Alonso Pérez, Marco Antonio Velásquez, Elder Leonel Mejía, Dagoberto Cruz, Erick José Alvarado, Melvin Roberto Paredes, Teresa Concepción Calix, Martha Concepción Figueroa, Marco Bertilio Paz Sabillón, Marco Antonio Velásquez, Carlos Roberto Ledezma y Elder Leonel Mejía.
Aparte de votar contra la MACCIH y apoyar la reelección, están los diputados nacionalistas Alberto Chedrani, recién acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) por constituir una red de corrupción para malversar más de 18 millones de lempiras del Congreso Nacional; Gladis Aurora López acusada en el caso Arca Abierta por desviar fondos de la fundación Planeta Verde, además la organización de derechos humanos Global Witness, en una investigación, la acusa de utilizar el poder como congresista para lograr contratos hidroeléctricos con el Estado y construir con su esposo, acusado en el Caso Pandora, varias represas que han violentado derechos de las comunidades.
A la lista de diputados se agrega Reinaldo Antonio Sánchez, expresidente del Partido Nacional, utilizó programas sociales de gobierno para hacer campaña política y el extraditado exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla declaró que Sánchez otorgó protección y seguridad al exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Asimismo, Mario Alonso Pérez quien durante la pandemia fue figura clave para aprobar leyes a discrecionalidad sin cumplir con los requisitos de ley, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de 2019 indica que dos millones de lempiras se le asignaron entre el 1 de noviembre de 2010 al 30 de junio de 2011, mediante fondos departamentales que nunca liquidó, pero no fue acusado y Milton Jesús Puerto, acusado en el caso Arca Abierta.
También, el diputado del Partido Nacional, Marco Midence elegirá la Corte Suprema, fue ministro de la juventud durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el TSC presentó un informe en el que se le hace responsable de haber cometido un perjuicio económico mayor al millón de lempiras por consumo de combustible, pago de prestaciones y alquiler de vehículos, nunca fue acusado.
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Pese a ocupar el cargo como diputados, Erasmo Portillo y Roy Dagoberto Cruz violentan la Constitución de Honduras, en su artículo 188, inciso 10, que impide ser electo como diputado a familiares de altos funcionarios de gobierno. Portillo tiene parentesco con Ricardo Álvarez, quien era designado presidencial, al ser yerno, y Cruz es primo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), los inhabilitó para ejercer el cargo, pero el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), violentó la Constitución y declaró sin lugar el fallo del CNE.
DEL PARTIDO LIBERAL
El diputado José Alfredo Saavedra, respaldó el golpe de Estado de 2009 en contra del entonces presidente José Manuel Zelaya, asumió de forma ilegal la presidencia del Congreso Nacional en junio de 2010, apoyó la reelección ilegal del fiscal Óscar Fernando Chinchilla considerado pieza clave de la estructura criminal que instauró Hernández.
Mauricio Villeda, igualmente apoyó el golpe de Estado de 2009, apoyó la reelección de Chinchilla, su hijo Mauricio Villeda Zúñiga es el ejecutor especial de acuerdos de la empresa Progelsa, gestora del conflicto por el proyecto hidroeléctrico Petacón, en Reitoca, Francisco Morazán que ha llevado violencia y criminalización a la comunidad, otro de su hijo, Juan Ramón, se vio envuelto, en junio de 2015, en la muerte del joven Joel Francisco Ramos Flores al arrollarlo, se conoció por parte de la fiscalía que la prueba de alcoholemia dio positivo, pero extrañamente se presentó un recurso para modificar el delito de homicidio culposo a simple quedando en libertad.
La diputada Gloria Argentina Bonilla votó por la extinción de la MACCIH, fue expulsada del Partido Liberal por estar ligada a los intereses del Partido Nacional, no obstante, una resolución del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró sin lugar la decisión de las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
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PARTIDO LIBRE
Del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) se involucran varios diputados como el hermano del expresidente Zelaya, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, en marzo de 2017, documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York exponen que, el exlíder del cártel de “los Cachiros”, Davis Leonel Rivera Maradiaga, involucró a un hermano de Manuel Zelaya en la narcoactividad y lo señaló de traficar drogas utilizando la pista de El Aguacate, en Catacamas, Olancho. Los señalamientos recayeron sobre Carlón, como se le conoce a Carlos, aunque no existe ninguna acusación formal en su contra.
En tanto, el diputado Mauricio Rivera fue acusado por delitos de violencia contra la mujer y amenazas por exigir colocar en puestos de trabajo del gobierno a sus afines, la Corte conoce el requerimiento, pero no ha dado trámite a un juicio en su contra; también el diputado Bartolo Fuentes ha sido denunciado por violencia contra la mujer, incluso contra sus propias compañeras de bancada.
Finalmente, los vicepresidentes del Congreso Nacional, Edgardo Casaña y Rasel Tomé han sido implicados por el Departamento de Estado en la lista de funcionarios corruptos del norte de Centroamérica, aunque denuncian que son señalamientos políticamente motivados, cuando salió el primer listado demandaron que los mencionados debían renunciar y ahora lo califican como un ataque.
Todos los diputados antes mencionados tendrán un papel importante en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en enero de 2023 al elegir a los 15 magistrados por lo que la veeduría de la ciudadanía en el proceso juega un rol determinante para evitar que la justicia sea cooptada de nuevo por un régimen.
