Tegucigalpa.-La pobreza ha hecho estragos en los últimos años en Honduras. Condición que es aprovechada por quienes ostentan el poder para llevar votos a las urnas el próximo domingo 28 de noviembre y convencer a esa amplia franja que se estima es más del 70% de la población.
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Este fin de semana, agencias bancarias de diversas regiones del país, fueron abarrotadas por ciudadanos que llegaron a cobrar un bono solidario, denominado por el gobierno del Partido Nacional como “Vida Mejor Bicentenario”.
Este ejercicio ha sido cuestionado por varios sectores políticos y de sociedad civil, quienes ven en este accionar, una metodología de compra de votos y voluntades, de cara a los comicios en los que se elegirá a un nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 gobiernos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
EL HECHO:
A finales de octubre, el Gobierno que dirige Juan Orlando Hernández, aprobó un fondo especial para el bono “Vida Mejor” por 1,350 millones de lempiras, para beneficiar con 7,000 mil lempiras a 170 mil familias que viven en pobreza relativa y pobreza extrema.
Para llevar a cabo la donación de los fondos estatales se facultó a la Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno (SCGG), a incluir en la cartera de inversiones del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) el financiamiento complementario para este beneficio y complementariamente el Comité Técnico de este Fideicomiso a realizar las acciones que correspondan, para la asignación de los recursos”, cita el PCM 118-2021, que dio vida a este bono.
El documento afirma que los fondos con que están financiando el bono, son producto de reorientaciones presupuestarias de dinero público.
Pero antes, en agosto de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), había financiado un préstamo por USD 70 millones, para la entrega de una ayuda de 7,000 lempiras a favor de 234,579 familias afectadas por fenómenos naturales, producto del cambio climático.
Sobre este fondo de ayuda a estas familias, surgieron valoraciones e inquietudes de varios sectores, entre ellos el de la Mesa Ciudadana, plataforma que aglutina a diversas organizaciones de sociedad civil.
La Mesa, consideró que este bono que se entregaría con fondos financiados por el BCIE, también sería usado para la compra de voluntades, por eso enviaron una carta que plantea: “ese puede ser un propósito noble acaso necesario, que pudiera tener cualquier gobierno, y sería de aplaudir dicho préstamo si no fuera porque se anuncia su desembolso sospechosamente a pocos días de la celebración de las elecciones del 28 de noviembre”, cita la carta enviada a Dante Mossi, presidente del BCIE.
El documento agrega “sabemos que, como es costumbre, el partido de gobierno usará ese dinero para repartirlo entre activistas, personas pobres y necesitadas y, además, sujetas a que voten por dicho partido”.
Uno de los argumentos de la Mesa Ciudadana, es que, Honduras con la nueva depuración del censo electoral, tiene menos electores que en el pasado, de forma que, según esta plataforma, 234,500 votos representan un 6 o 7% del voto total esperado.
“Cada una de las familias beneficiadas puede tener varios electores, o sea, esa compra puede incidir profundamente en el resultado final de las elecciones del país”, valoró la Mesa Ciudadana, una aglutinación de profesionales y líderes de sociedad civil.
En virtud de sus valoraciones, la Mesa Ciudadana, exigió al BCIE abstenerse de desembolsar el préstamo o, por lo menos, suspender su desembolso.
Asimismo, alertó a la ciudadanía en general, a la comunidad internacional y a los directores y socios del BCIE, sobre la responsabilidad en que incurre el directorio de esa institución “si registra el delito público que anticipamos”.
Ante el cuestionamiento, el BCIE reaccionó con molestia, exponiendo en un mensaje de Twitter, que acompañó con un posicionamiento: “lamentamos que por situaciones políticas se ponga en duda el trabajo que realiza el #BCIE para la integración y desarrollo económico y social de Centroamérica”.
En el posicionamiento, mediante el cual argumentó su postura a “opiniones vertidas en algunos medios de comunicación”, explicó que el financiamiento es para atender a personas afectadas producto de fenómenos naturales, producidos por el cambio climático.
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El bono financiado con el préstamo del BCI se supone debe beneficiar a las comunidades afectadas por los fenómenos naturales producto del cambio climático, sin embargo, la realidad apunta que las valoraciones del gobierno son otras y se acercan más a los intereses políticos partidarios e inclinar a su favor los resultados de las elecciones del domingo.
El presidente del Consejo Indígena Lenca del municipio de Reitoca a unos 80 kilómetros de Tegucigalpa, sobre la zona sur, Magdaleno Flores, denunció que hace unos días llegaron empleados del gobierno a repartir dinero en efectivo, en cantidades que oscilaban entre 7 mil a 20 mil lempiras. Pero, que este monto se entrega de manera selectiva.
“Ninguna de las personas que trabajan en la defensa de los bienes comunes, de los derechos humanos reciben bonificación, sí sabemos que llegan bonos y ayudas, pero solo lo hacen con personas que están dispuestas a apoyar el Partido Nacional”, dijo Flores
Reitoca, se ubica en el corredor seco y es una de las comunidades más afectadas por el cambio climático, pero sus pobladores no están recibiendo el bono climático del gobierno o quienes lo reciben están siendo condicionados por el Partido Nacional.
COMPRA DE VOLUNTADES
Para el catedrático universitario y analista político, Sergio Rivera, el clientelismo se ha institucionalizado y legalizado en Honduras por ser un país que sufre las consecuencias de la pobreza y el desempleo.
En 2020 el gobierno optó por no presentar datos estadísticos, sin embargo, un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estableció que la pobreza pasó del 59,3% en 2019 a 70% en 2020, es decir, se registró un incremento de 10,7%.
El ocho de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un informe en el que se refleja que la pobreza en Honduras anda en 73,4 % y la pobreza extrema en 53,7%. Sin embargo, este informe fue eliminado el mismo día de la página web.
Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, independientemente de cuál sea el dato, entre lo que publicó el INE o lo que prácticamente le denominan la nueva metodología, “el asunto real es que la pobreza se ha incrementado en los dos datos»
“Estas medidas cínicas, se han usado en otros países de la región y el oficialismo no es la primera vez que lo usa, por ejemplo, en periodos pasados, usaron una estrategia de compra de voluntades con una tarjeta que le denominaron Cachureca”, dijo el catedrático universitario, Sergio Rivera.
El entrevistado dijo lo anterior en alusión a un proyecto utilizado en la campaña del 2013 por parte del Partido Nacional y que la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) atribuyó al saqueo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que denominó el caso Pandora.
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A pesar de las aclaraciones públicas del BCIE, analistas estiman que, el Gobierno ha hecho uso del dinero de este préstamo, no solo para ayudar a familias pobres y afectadas por fenómenos naturales, sino con intención de comprar voluntades.
Organismos de sociedad civil, como el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) también alertaron que estos bonos tienen fines proselitistas, a favor del Partido Nacional de Honduras.
“Alertamos a las misiones de observación internacional, especialmente de la Unión Europea (UE) y la OEA a que tomen nota de este tipo de medidas que distorsionan los estándares internacionales de elecciones competitivas y equitativas”, expresa un comunicado de emergencia, emitido por esta organización.
En relación con el Bono Bicentenario, el analista Sergio Rivera dijo “es un reflejo de la dilapidación de los recursos del Estado, que pudo invertirse en salud, trabajo y desafortunadamente se usa para hacer proselitismo, porque busca comprar voluntades, y desafortunadamente se aprovechan de la pobreza que ellos han generado por años, y en este momento, cuando las elecciones están a la vuelta, ofrecen dinero”.
El especialista en derecho internacional, Tony García, lamentó que organismos como el BCIE no tomen cartas en el asunto, ante la utilización de fondos para actividades proselitistas, que generan tendencia electoral, a pesar de que, en sus reglamentos estas acciones están prohibidas.
Con respecto a este último bono, García, quien en el pasado trabajó para la Organización de Naciones Unidas (ONU), comentó que “se está usando con fines políticos”, pese a que la ley electoral lo prohíbe.
Sobre el papel del BCIE, amplió “ellos están fallando a su razón de ser, porque no deben parcializarse con un sector político. Cometieron un error, por lo menos esta carta (en referencia a la postura de la Mesa Ciudadana) sirve para dejar constancia de su forma de actuar, y de su complicidad con quienes manejan el poder electoral actualmente en Honduras”.
VERIFICACIÓN: VERDADERA
En los últimos tres meses, el gobierno ha aprobado dos fondos de ayuda social, el primero en seguimiento al préstamo del BCIE y el segundo, denominado Vida Mejor Bicentenario, financiado con presupuesto estatal.
Los temores de la Mesa Ciudadana expresados en la carta son acertados, puesto que el gobierno, está usando los programas sociales para conseguir que la población que recibe los bonos se incline a votar por los candidatos del oficialista Partido Nacional en las elecciones del 28 de noviembre.
Con las valoraciones anteriores más las versiones de la población en sus comunidades, se concluye que el gobierno de Juan Orlando Hernández está utilizando los fondos públicos para manipular la intención de los electores, con el propósito de seguir en el poder bajo la bandera del Partido Nacional.
Una evicencia de que el programa Vida Mejor está siendo utilizado en la recta final de la campaña electoral, es una publicación del expresidente del Partido Nacional y exsecretario de Desarollo Social, Reinaldo Sánchez, quien a la vez es diputado y va por la reelección por el departamento de Olancho. Sánchez anduvo entregando la famosa «bolsa solidaria» a sus correligionarios de la comunidad de Cerro Dulce, Dulce Nombre de Culmí.
Gracias al Gobierno de la República, se realizó entrega de alimento solidario en la comunidad del Cerro en Dulce Nombre de Culmí.
El programa #VidaMejor continúa llegando a más familias hondureñas. #HagamosCosasBuenas pic.twitter.com/HyuTvqNHeS
— Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) November 18, 2021
ESTRATEGIA PROSELITISTA DESDE EL CONGRESO NACIONAL
El Poder Legislativo en la sesión de pleno celebrada el 18 de noviembre, readecuó una deuda a favor de campesinos que acumulan moras con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
La medida se aprobó con polémica y crítica de partidos de oposición, quienes expusieron que la iniciativa no contó con el debate que establece la ley y, además, se autorizó en tiempos de campañas políticas.
“Como parte de los beneficios otorgados en este decreto al sector agrícola nacional, se autoriza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para que emita mecanismos regulatorios prudenciales, orientados a facilitar y contribuir a los deudores del sector agrícola a nivel nacional”, cita el documento.
El diputado del opositor Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Andrés Benedith, dijo que la medida no sería mala, si fuera aprobada en tiempos no electorales, por eso, consideró que las decisiones que se están tomando desde el Legislativo, buscan comprar voluntades.
“Creemos que esto lo están politizando y usando para ganar votos y adeptos de cara a los comicios de este 28 de noviembre. La decisión se tomó sin apoyo de la oposición porque, además, no fue discutido como se requiere en el Poder Legislativo”, finalizó Benedith.
