proceso de selección de la nueva Corte Suprema

Intereses de los grupos de poder prevalecen en proceso de selección de la nueva Corte Suprema

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Tegucigalpa.- La aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia es cuestionada por responder a intereses políticos partidarios, sin embargo, también exhibe las pretensiones de sectores de poder que han cooptado el Poder Judicial para sus intereses.

El Congreso Nacional, en horas de la madrugada de este martes, aprobó la normativa que pretendía “despolitizar” el proceso de selección y escogencia de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el propio secretario de la Junta Directiva, el diputado Carlos Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (Libre), dejó claro que la apuesta de los rojinegros será que candidatos afines logren ser electos.

“Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y vamos a defender a abogados y abogadas que son de nuestra militancia que tienen derecho a postularse como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, no lo vamos a esconder de frente lo decimos vamos a apoyar a esos compañeros que tienen todo el derecho de serlo y también vamos a defender a los funcionarios de esta administración que tienen derecho porque son personas correctas y que han luchado para postularse”, declaró en la sesión legislativa.

Aunque lo anterior resalta posturas partidarias, para el canciller de la república, Enrique Reina, la elección de la Corte también exhibe los intereses de sectores de poder que pretenden manipular el proceso a conveniencia de sus intereses más allá de los intereses políticos.

“Es importante una Corte Suprema de Justicia independiente, sin conflictos de interés. Los que también pueden representar intereses de negocios, empresas y bancos. La corrupción no solo involucra a políticos. Hay casos ocurridos en el mundo con sociedad civil, transnacionales, países y organismos”, señaló.

El canciller de Honduras especificó sectores de poder que históricamente pugnan por sus cuotas dentro de los cargos a magistrados, los actuales magistrados son un claro ejemplo que lo ratifica al ser electos mediante sobornos a diputados que terminaron votando a favor de candidatos que ahora son sindicados en corrupción y crimen organizado.

La elección de la actual Corte Suprema, en 2016, tardó 17 días, el diputado y exfiscal, Jari Dixon Herrera denunció que con dinero del narcotráfico se pagó más de L 15 millones  a varios diputados para que votaran a favor de varios candidatos, incluso asegura que otros recibieron más de L 60 millones. Varios diputados del Partido Libre y del Partido Anti Corrupción (PAC) fueron expulsados por votar a favor de Rolando Argueta, figura clave en la estructura criminal que instauró el exgobernante Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, en entrevista a Criterio.hn, expuso que el inicio del proceso a través de la aprobación de la Ley Especial refleja el primer choque entre grupos de poder.

“Hay un dicho popular que menciona que, si así es la víspera, así será la fiesta. Ya tuvimos el primer encontronazo de los intereses particulares, ya sean partidarios, ya sea de elites económicas, ya comenzaron a poner ciertas normativas a la Junta Nominadora, eso lo que demuestra de una u otra que forma tratan de poner obstáculos para algunos y poner la barda para otros sectores”, dijo.

Agregó que el proceso para la nueva Corte Suprema de Justicia “es una pugna y ante esta batalla de poder sin duda lo que tratan de demostrar es quién realmente puede ejercer o hacer el ejercicio del poder y quién ganará, entre comillas, es quien realmente pueda poner los criterios y pueda colocar el magistrado que desee a la Corte Suprema en la elección del próximo año”.

Zepeda considera que para evitar que grupos de poder manipulen e impongan candidatos se debe crear una ley de elección de funcionarios de segundo grado, que exista una mayor especificidad en la elección del Poder Judicial o el Ministerio Público, “que podamos quitarle un poco el poder al poder”.

Los empresarios quienes tienen representación en la Junta Nominadora se pronunciaron sobre la normativa y exhiben claramente, a través de un comunicado, su malestar por no aprobarse requisitos o condicionantes que violentaban la Constitución de Honduras y ahora proponen conformar un “acuerdo” entre las organizaciones que integran la junta.

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“Condenamos cualquier tipo de injerencia, amenaza, coacción o presión política de cualquier grupo que pretendan influenciar en las acciones que adopte la Junta Nominadora y por ello proponemos la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre las 7 organizaciones con el objetivo de velar por la idoneidad e independencias de los 15 magistrados y magistradas que integrarán la próxima Corte Suprema de Justicia”, indica el documento.

Para el reconocido abogado y experto en temas de derechos humanos, Joaquín Mejía, no se puede “satanizar” que afines a un partido político sean candidatos a magistrados de la Corte porque en todo caso se debería de obstruir que sectores de poder como la iglesia, entre otros, el problema radica en que al final responden a sus intereses.

“Yo creo que tampoco es posible demonizar la permanencia a un partido político porque el problema no es pertenecer o no a un partido político, el problema es que cuando lleguen a la Corte Suprema de Justicia tomen decisiones, adopten sentencias y resoluciones para defender los intereses de esos partidos y no para defender derechos y garantizar la supremacía de la Constitución”.

“Si dicen que se debería evitar que miembros de partidos políticos formen parte de la Corte Suprema también, se debería incluir, por ejemplo, a miembros de iglesias evangélicas y católicas que luego cuando toman decisiones en relación a derechos sexuales y reproductivos o de personas LGTBI lo hacen con base a su religión y su ética privada, sus valores morales privadas y no a la ética pública que representa la Constitución”, cuestionó.

A juicio de Mejía, la Ley Especial que se aprobó representa avances significativos en que las decisiones de la Junta Nominadora no sean discrecionales, por el contrario, deberán argumentar y fundamentar sus decisiones para colocar en la lista no menos de 45 candidatos y candidatas a las personas más idóneas.

“Hay que estar más atentos y tenemos que estar vigilantes para impugnar las candidaturas que no reúnen los requisitos, avances mínimos y la clave es el papel de veeduría social”, sentenció.

La congresista del Partido Libre, Silvia Ayala se pronunció y aseveró que la elección de los magistrados y magistrada de la Corte es esencialmente política debido que son los diputados del Poder Legislativo quienes los escogen por lo cual afirma que la nueva ley “permitirá avanzar en esa aspiración que tiene el pueblo de un Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y no al servicio de las élites de poder”.

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De igual forma, la congresista Scherly Arriaga cuestionó que se pretenda manchar el proceso hacia una nueva Corte Suprema cuando “la actual Corte Suprema es del tamaño de la narcodictadura” y valora que ser afín a un partido político “no es incorrecto, ser naco narco y ladrón sí”.

El ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el exfiscal Edmundo Orellana, declaró que será importante la veeduría social como respuesta para evitar que sectores de poder impongan sus candidatos.

“Yo estos positivo con el resultado, esperaba que la aprobación de la ley iba a ser una masacre, sin embargo, lo que tenemos es un paso hacia adelante en la construcción del Estado de Derecho”, alabó.

Para el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell, el mecanismo anterior en la elección de magistrados “establecen filtros que potencian la inherencia de sectores oscuros que persiguen impunidad” por lo que valora positivo un cambio en el proceso.

La propia congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, asegura que hay “fuerzas oscuras” que quieren torpedear la elección e imponer a sus candidatos lo que ratifica que será la Junta Nominadora quien deberá seleccionar a los candidatos más idóneos y no aquellos que representen a los intereses de esas fuerzas.

Al igual que todos los entrevistos por Criterio.hn, la analista y defensora de derechos humanos, Reina Rivera, expone que la Junta Nominadora tendrá la tarea fundamental de evitar que candidatos que representan sectores de poder incluso del crimen organizado puedan avanzar en el proceso hasta ser seleccionados.

“Estos grupos de poder van a mandar a sus mejores candidatos para tratar de influenciar en la Corte, siempre han penetrado los tribunales de justicia y eso lo vamos a ver reflejado al momento de la elección final si estas personas logran atravesar el filtro de la Junta Nominadora. El proceso tiene esperanza que las mejores personas integren la Junta Nominadora y que pueda cumplir su rol mandando las mejores candidaturas de tal manera que, aunque la elección sea política, sea entre las personas que tengan mayor idoneidad y competencias y menos vinculación a grupos de poder”, concluyó.

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