Congreso de Honduras aprueba ley de elección de la Corte bajo las mismas reglas del juego

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Por: Luis Escalante

Tegucigalpa. – En un nuevo escenario de crispación política, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del lunes la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La normativa fue dictaminada por los partidos Libertad y Refundación, Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Liberal. Sin embargo, la votación fue apoyada a ultranza únicamente por las bancadas de Libre y Liberal. Los diputados del PSH optaron por no apoyar algunos artículos, específicamente los relacionados a los requisitos e inhabilidades y a la matriz de evaluación.

La discusión y votación, que se realizó en un prolongado tercer debate, concluyó la madrugada de este martes.

En la mayoría de sus 28 artículos, el proyecto de ley recibió la aprobación de los diputados de los partidos Libre, PSH y Liberal, así como la abstención del Partido Nacional. Sin embargo, fue el artículo 15, que contiene los requisitos e inhabilidades que aplicará la Junta Nominadora a los candidatos a la Corte, el que provocó mayor discusión entre las bancadas. A pesar de ello, pasadas las 11:00 de la noche, el artículo recibió 70 votos a favor –con el apoyo de los liberales–, 53 en contra –nacionalistas, PSH y otros diputados– y una abstención.

La bancada del Partido Nacional se abstuvo en la votación de la mayoría de los artículos. (Foto: Luis Escalante/Criterio.hn)

En la controversial ley aprobada, que regirá como primer proceso la nominación y elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que asumirán funciones el 23 de enero de 2023, se determinó que podrán aspirar a ser magistrados del Poder Judicial representantes de la Junta Nominadora en anteriores procesos, parientes de diputados del Congreso y altos funcionarios del Estado, y abogados con procesos abiertos por delitos dolosos, violencia intrafamiliar e incumplimientos de deberes familiares. Sin embargo, también impide que los nominadores propongan candidatos, riguriza los criterios de nominación e incluye elementos de género.

El artículo 21 establece que la Junta Nominadora deberá incluir en la lista de candidatos propuestos ante el Congreso, 23 mujeres y 22 hombres, de una lista no menor de 45 nominados. Este punto ha sido resaltado por todos los sectores al considerar que por fin habrá equidad de género, por lo menos, en el proceso de selección.

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A sabiendas de que dirigentes de partidos políticos podrán aspirar a las magistraturas en cuestión, cerca de la medianoche la euforia se desató en la bancada de Libre cuando, unos instantes previos a la votación del artículo, el secretario general del Congreso, Carlos Armando Zelaya, ofreció un discurso que, según él, responde a la lucha política que su partido ha emprendido desde su fundación en 2011 y a su compromiso con la refundación del Estado. De fondo, se escuchaba a varios diputados coreando «el pueblo, unido, jamás será vencido».

«Hoy nos sentimos orgullosos de ser políticos y de pertenecer a un partido que ha luchado por llegar a este momento. Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y siempre vamos a defender a abogados de nuestra militancia que tienen derecho a postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a apoyar a esos compañeros que tienen todo el derecho y también a funcionarios de esta administración que son personas correctas y honestas».

Seguidamente, Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales –derrocado en 2009 por el golpe de Estado y cuñado de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro–, llamó hipócritas a todos los diputados que dudan de la honorabilidad de una persona por el derecho constitucional de pertenecer a un partido político.

Similar había sido el criterio expuesto el sábado por el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, quien afirmó que lo se busca es la idoneidad ética, moral y profesional de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia que fungirá entre 2023 y 2030 y cuya elección realizarán los diputados el próximo 23 de enero de 2023.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo (izquierda) habla por teléfono durante la sesión de anoche. A su lado, el secretario del Congreso y presidente de la bancada de Libre, Carlos Zelaya. (Foto: Luis Escalante/Criterio.hn).

Una vez que se aprobó el proyecto de ley, que ahora pasó a las manos de la presidenta Xiomara Castro para su sanción y promulgación, casi todos los diputados del PSH, que votaron en contra o se abstuvieron en los artículos 15 y 28, abandonaron sus curules y salieron molestos del hemiciclo legislativo.

Minutos antes, su jefe de bancada, Tomás Ramírez, había ofrecido un discurso y había presentado una moción que tenía como objetivo lograr que el artículo 15 regresara a su estado original. No obstante, la moción no fue tomada en consideración tras no contar con los votos necesarios.

La bancada del PSH ratificó su decepción después de que el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, y el diputado liberal, Leonel López, solicitaron a la comisión de dictamen la eliminación de dos incisos más, el D y el E –el B ya había sido borrado–, que impedían la candidatura a la Corte a miembros de la Junta Nominadora y a parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con diputados del Congreso y altos funcionarios del Estado.

Maribel Espinoza, diputada del PSH y portavoz de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, votó en contra de ambas sugerencias y aseguró que, en el Congreso, sobre todo al otorgar la posibilidad de llegar a la Corte a personas con sentencia condenatoria –consignado en el inciso C del artículo 15–, se le estaba faltando a la moral. Libre, por su parte, defendía que todo se estaba realizando al amparo de las leyes y, sobre todo, de la Constitución.

Fue también Espinoza la única integrante de la comisión de dictamen que se opuso a la reformulación del artículo 19, que contiene la matriz de evaluación que la Junta Nominadora aplicará a los postulantes a la Corte. En un principio, la matriz otorgaba una puntuación del 30% a la integridad y a la ética, mientras que a la idoneidad le asignaba un 40%.

Después de que el presidente del Congreso, Luis Redondo, sugirió a la comisión modificar los puntajes y otorgar una mayor a la idoneidad, tras unas dos horas de deliberación, la comisión aceptó las recomendaciones y determinó que la integridad quedara en 25%, la ética en 20% y la idoneidad en 55%.

EMPANTANADA VOTACIÓN DEL ARTÍCULO 15

Ayer, cuando al filo de las 4:00 de la tarde se reanudó la sesión que había iniciado el sábado y que se había suspendido a consecuencia de supuestos malestares estomacales por parte de algunos congresistas, el presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció que la discusión y votación del artículo 15, que había quedado pendiente, se realizaría hasta el final de la sesión.

Varios diputados del Partido Nacional, que habían realizado una serie de sugerencias a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, se levantaron de sus curules y comenzaron a protestar contra la determinación. Hubo gritos, silbidos y golpeteos hasta que el jefe de su bancada, Tomás Zambrano, pidió la palabra e insinuó que la junta directiva no contaba con los votos requeridos para aprobar el controvertido artículo.

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Al interior del hemiciclo, a menos hasta las 8:00 de la noche, eso era lo que se hablaba. En la víspera, la bancada del PSH –salvo Luis Redondo– había expresado en un comunicado que mantendrían su postura en contra de eliminar el inciso B y reformular el C, en una situación que, de hecho, derivó de una sugerencia que realizó el propio Redondo y que la comisión de dictamen aceptó.

El Partido Liberal, por su parte, tampoco dejaba clara su posición hasta ese momento.

Del otro lado, Beatriz Valle, que asegura que no pertenece más a Libre pero que siempre se le ve cercana a varios diputados de ese partido político, había expresado a Criterio.hn que tenía la certeza de que la junta directiva aún no contaba con los 65 votos requeridos para aprobar la ley. Sin embargo, pasadas las 11:00 de la noche, el artículo recibió 70 votos a favor, 53 en contra y una abstención.

La diputada electa por el partido Libre, Beatriz Valle, quien se autodenomina independiente, diáloga con un grupo de diputados del ala disidente de esa institución partidaria. (Foto: Luis Escalante./Criterio.hn)

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DIVERSOS SECTORES OPINAN QUE LEY ES «MÁS DE LO MISMO»

Cuando el pasado 6 de julio el Ejecutivo envió al Legislativo, a través de la Secretaría de Transparencia, el anteproyecto de ley las expectativas eran diversas. En un inicio, se mencionó que la ley garantizaría una Corte Suprema de Justicia independiente y sin colores políticos. Sin embargo, ello no ocurrió, según analistas y diputados de oposición.

A criterio del director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), Luis León, en contraste con la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las únicas novedades de la ley son los elementos de género y la matriz de evaluación.

«Con la anterior ley podían participar miembros de partidos políticos y personas investigadas en procesos. No hay cambio alguno, estamos patinando en lo mismo cuando, incluso, se tuvo la oportunidad cívica e histórica de hacer cambios», indicó a Criterio.hn.

Por el lado de la oposición, el diputado nacionalista Marco Midence cuestionó en entrevista con Criterio.hn que la ley carece de avances y que, al contrario, contiene elementos de retrocesos.

«No nos parece una ley innovadora, es una ley muy cercana a la de 2001 que más bien incluye ciertos retrocesos, sobre todo en la nominación, que ahora se puede realizar por tres representantes de la Junta Nominadora y no con seis. Eso quita consensos y abre puertas a otras cosas», consideró y mencionó que, como bancada, rescatan la paridad de género y la veeduría internacional que se aplicará en la elección de los futuros magistrados.

Otros sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que tiene representación en la Junta Nominadora, y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), aseveraron este martes que la ley es un arma de injerencia política y carente de transparencia.

 

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