Solo el 3.73% de los abogados de Honduras cuentan con el titulo de notario, por lo tanto, solo esta proporción de un universo de 30,760 abogados, puede aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Redacción y gráficos: Luis Escalante
Edición: Emy Padilla
Portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – Ser ministro de fe pública en Honduras implica pertenecer a una casta privilegiada a la que solo el 3.73% de los abogados pertenece y entre quienes se reduce la posibilidad de ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Un ministro de buena fe es aquel abogado o abogada que ha aprobado el exequátur, un examen impuesto por la Corte Suprema de Justicia para otorgar el título de notario
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) cuenta con el registro de 30,760 profesionales del derecho colegiados, sin embargo, solo 1,147, es decir, el 3.73% de ellos cuentan actualmente con el notariado y pueden, por lo tanto, aspirar a ser magistradas o magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de nominación y elección que iniciará el 1 de septiembre del año en curso y que concluirá el 25 de enero de 2023, cuando el Congreso Nacional elija a quienes ocuparán las 15 más altas magistraturas del Poder Judicial.
Hasta antes del 27 de marzo de 2013, cuando el Congreso Nacional era presidido por Juan Orlando Hernández, cualquier abogada o abogado podía aspirar a ser magistrado de la Corte. No obstante, Hernández influyó para que tres artículos de la Constitución fueran reformados y limitó la aspiración únicamente a personas con los títulos de abogado y notario.
«Hubo un interés manifiesto del expresidente, quien pretendía cerrar la brecha y lograr que algunas personas, aunque cumplieran o superaran requisitos académicos, no pudieran llegar a la magistratura por el simple hecho de no ser notarios, que no es un título académico y que se entrega, casi siempre, por favoritismos», consideró en entrevista con Criterio.hn el académico y doctor en derecho penal y constitucional, Odir Fernández, coordinador de la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Un análisis de datos de Criterio.hn, con base a las nóminas de 45 candidatas y candidatos que la Junta Nominadora envió al Congreso en los procesos de 2001-2002 y 2008-2009 encontró que, previo a la reforma de 2013, la mayoría de los propuestos contaba con un exequátur de notariado, lo que denota que ocupar una magistratura en el Poder Judicial siempre ha sido un derecho del que solo gozó una reducida élite de los profesionales del derecho.
En un inicio, después de que una persona egresaba como licenciada o licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, el título de abogado o abogada lo confería la Corte Suprema de Justicia. No obstante, a partir de 2003, con el auge de las universidades privadas y la expansión del universo de profesionales del derecho, esa potestad pasó a manos de la UNAH, encargada de validar todos los títulos de educación superior que se expiden en el país.
En el caso del notariado, que se instauró en la primera mitad del siglo XX, el ente encargado de extender el exequátur siempre ha sido la Corte, a través de una prueba de conocimientos. El notariado es la facultad que poseen algunos abogados y abogadas de dar fe pública. No obstante, el acceso al examen es remoto y, en muchos casos, las abogadas y los abogados que no tienen compadrazgos políticos pueden llegar a esperar hasta diez años –o más– para que se les asigne una fecha de realización.
Sumado a ello, en la actualidad los notarios no representan ni el 4% del total de las abogadas y los abogados en Honduras. Aunque hay más de 30,000 personas colegiadas, la entrega de exequátur ha sido limitada y, por lo tanto, un requisito excluyente para quienes aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de la década de 1970, primero con los gobiernos militares y después con el bipartidismo ejercido por el Partido Liberal y el Partido Nacional, el exequátur de notariado comenzó a ser entregado –con excepciones– a personas que poseen afinidad partidaria con dichos institutos políticos, que simpatizaron con el poder militar o que, simplemente, representan a grupos de poder fáctico que, tras bambalinas, manejan a su antojo a políticos y a militares cuando estos gobiernan.
Hasta antes de 2001, cuando se instaló la primera Junta Nominadora de proposición de candidatos a magistrados de la Corte, el dominio de ese poder del Estado lo poseía el jefe de Estado. Así ocurrió con el dictador militar Oswaldo López Arellano, quien directamente nombraba a los magistrados y al presidente de ese poder. No había Junta Nominadora, no había elección de diputados. Posteriormente, ese control recayó visiblemente en el empresario liberal Jaime Rosenthal Oliva, quien colocaba a quienes él quería y quien influyó profundamente en las decisiones de la Corte entre 1982 y 2002, sobre todo cuando su partido gobernaba.
El 2 de enero de 2016, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Rosenthal Oliva por delitos de narcotráfico y lavado de activos, pero en una jugada sucia la Corte de ese entonces, presidida por el liberal Jorge Rivera Avilés (2009-2016), probó que el intocable magnate de la zona norte tenía dos casos pendientes con la justicia hondureña y que, por tal motivo, su extradición no podía proceder. Su hijo, Yani Rosenthal, quien sí enfrentó un proceso judicial en Estados Unidos y quien actualmente es el presidente del Partido Liberal, es notario desde el 18 de noviembre de 1998, cuando Honduras era gobernada por el político y empresario liberal Carlos Flores Facussé. El presidente de la Corte, en ese entonces, era Miguel Ángel Rivera Portillo.
Lo anteriormente expuesto es un ejemplo de que el exequátur de notariado ha sido conferido, en algunos casos, a abogados y a abogadas que responden a grupos interesados en manipular la administración e impartición de justicia, o que tienen cierto potencial dentro las esferas políticas. En tal sentido, aspirar a ser magistrado de la Corte es una posibilidad a la que, actualmente, solo tienen acceso cuatro de cada 100 profesionales del derecho en Honduras.
"Es una elite porque solo son los notarios quienes pueden aspirar a esas magistraturas. Estamos hablando de que es un requisito de exclusión, sobre todo, porque el exequátur de notariado no es un título académico", explicó a Criterio.hn la abogada Reina Rivera Joya, quien desde 1992 ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Se ha desempeñado, además, dentro de cargos públicos como jueza en los tribunales de lo penal y como fiscal de derechos humanos en el Ministerio Público. En las últimas décadas ha destacado, en algún momento como directora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), por su labor como defensora de los derechos de la mujer.
El requisito elitista de únicamente permitirle aspirar a la Corte a los notarios se contradice, coincidieron los analistas, con la función judicial. Una magistrada o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene, entre sus facultades públicas, la administración e impartición de la justicia a través de la aplicación de los códigos o las leyes de la República. El exequátur de notariado, por su lado, solamente faculta a ciertas abogadas y a ciertos abogados que cumplen con una serie de requisitos a ejercer la fe pública, considerada una verdad legal y oficial, o materializada en un sello de certeza dentro de las escrituras públicas u otros documentos.
Joaquín Mejía Rivera es máster en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en derechos humanos, democracia y justicia internacional por la Universidad de Valencia. A lo largo de las últimas décadas, se ha destacado como defensor de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como catedrático universitario y como investigador. Sin embargo, al igual que Odir Fernández y Rivera Joya, no contar con un exequátur de notariado lo prima de aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
"Se atenta contra el derecho a la no discriminación de más del 90% de los profesionales del derecho de Honduras que no podemos aspirar a ser magistrados de la Corte debido a un requisito que no tiene ningún sentido. Yo sí considero que esa reforma hecha en 2013 es inconstitucional. A pesar de ello, mientras la Sala de lo Constitucional no diga lo contrario, se mantendrá como está. Yo instaría a las demás abogadas y a los demás abogados a presentar los recursos de inconstitucionalidad con el propósito de que el máximo intérprete de la Constitución tome una determinación", indicó Mejía Rivera a Criterio.hn.
NOTARIADO, ¿TÍTULO ACADÉMICO O TÍTULO POLÍTICO?
Entre el 1 de enero de 1945 y el 30 de junio de 2022, la Corte Suprema de Justicia extendió 1,330 exequatur de notariados, aunque algunos de los acreedores han fallecido y otros han sido inhabilitados por la Corte. La mayoría de ellos, 1,315 –el 98.9%–, han sido conferidos en gobiernos del Partido Nacional (565, 42.4%) y del Partido Liberal (556, 41.7%), así como en los regímenes militares (194, 14.8%) que se instauraron durante tres décadas distintas: 1960, 1970 y 1980. Los restantes 15 exequátur –1.1%– han sido entregados desde que la presidenta Xiomara Castro, que gobierna con la bandera de Libertad y Refundación (Libre), asumió el poder, el pasado 27 de enero.
"Existe un defecto de origen con relación a quién otorga el exequátur de notariado, que es la Corte Suprema de Justicia, una institución que históricamente ha estado sometida por el poder político. ¿Y a quién le entregan el notariado? A abogadas y a abogados que tienen potencial dentro de la esfera política", subrayó Rivera Joya, quien además explicó que, aunque alguna vez aspiró a obtener el exequátur, nunca le dieron fecha para realizar el examen. Aun así, cuenta, su intención sí ha sido ser magistrada de la Corte.
En promedio, según datos analizados por Criterio.hn, la Corte extendió 148 exequátur de notariados por década entre 1945 y 2022. Sin embargo, a partir de la Constituyente de 1982, las entregas fueron en ascenso. En la década de 2000, cuando el Partido Liberal gobernó seis años y el Partido Nacional cuatro, se entregó la cantidad más alta de todos los tiempos: 338 exequatur.
Mientras que entre 2010 y 2019, período en que ininterrumpidamente el poder lo ostentó el Partido Nacional, fueron 330. No obstante, durante el doble mandato de Juan Orlando Hernández, entre 2014 y 2022, los notariados se otorgaron de manera exagerada: 267 contra los 88 que se expidieron entre 2010 y 2014, cuando su predecesor, Porfirio Lobo Sosa, gobernó Honduras.
"Como que se volvió feria la entrega de notariados. No cualquiera debería obtenerlo, pero que existan muchas personas que lo recibieron en el gobierno de Hernández sí puede indicar que ese asunto está politizado. Obviamente no todos los que adquieren el notariado lo hacen de mala forma, pero sí varios lo obtienen por la puerta de atrás, por las preferencias políticas", lamentó Rivera Joya.
Ahora extraditado a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas de fuego, Hernández ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo cuando, simultáneamente, el liberal Jorge Rivera Avilés (2009-2016) y el nacionalista Rolando Argueta (2016-2023), su amigo personal, hicieron lo propio en el Poder Judicial.
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Otros períodos constitucionales que se caracterizaron por la entrega de altas cantidades de exequatur de notariado fueron los de los liberales Carlos Roberto Reina (1994-1998), Carlos Flores Facussé (1998-2002) y Roberto Suazo Córdova (1982-1986), con 130, 157 y 126, respectivamente. Durante el período en que gobernó el nacionalista Ricardo Maduro, de 2002 a 2006, la Corte otorgó 139 exequatur.
A partir de 1982, en los periodos gubernamentales en los que menos exequatur se extendieron fueron en el del liberal José Azcona del Hoyo (1986-1990), con 39, y en el de su sucesor nacionalista Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), con 48. En el mandato del liberal de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), que se vio interrumpido por un golpe de Estado, 92 abogadas y abogados obtuvieron su notariado.
LOS CANDIDATOS NOMINADOS SIEMPRE HAN SIDO PARTE DE LA ELITE
Desde que en 2001 se instaló la primera Junta Nominadora de proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de las abogadas y abogados nominadas o nominados poseían un exequátur de notariado, según analizó Criterio.hn.
"Muchas de las personas que se han postulado como candidatos a magistrados poseen los mismos padrinazgos políticos que les ha permitido obtener ese exequátur, entonces aquí se mira la selectividad y la discriminación en el otorgamiento del notariado a personas políticamente relevantes", expuso Odir Fernández z, quien también se desempeñó como coordinador de investigación en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En la nómina que el Congreso recibió el 23 de enero de 2002, de los 45 profesionales del derecho nominados, solo cuatro no eran notarias o notarios. Siete años más tarde, en 2009, el listado incluía a siete que no lo eran. Sin embargo, en los últimos tres períodos solo hubo dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no fueron notarios: Wilfredo González Medina, en el período 2002-2009, y José Antonio Gutiérrez Navas, en el período 2009-2016.
A partir de la reforma de 2013, solo los abogados y notarios pueden aspirar a ser magistradas o magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió en el proceso de nominación y elección que se desarrolló entre 2015-2016, y así sucederá en el procedimiento que iniciará el próximo 1 de septiembre y que culminará el 25 de enero de 2023.
En los últimos meses, se ha generado un profundo debate en torno a la validez de que solo notarias y notarios aspiren a las máximas magistraturas del Poder Judicial. El pasado 1 de agosto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, condenó en un texto titulado: "La verdad sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia" que el notariado no es un título académico y que, en realidad, solo es una autorización que se lo otorga a ciertas y ciertos profesionales del derecho para actuar como fedatarios públicos.
A pesar de lo anteriormente expuesto, reformar el artículo constitucional que establece los requisitos para los candidatos a magistrados de la Corte –el 309–, requeriría del voto de 86 diputados y, aunque su reforma fuera aprobada, su ratificación se efectuaría hasta durante la legislatura que inicia el 25 de enero de 2023, día en que los 128 diputados efectuarán la elección de las y los 15 magistradas y magistrados con base en la nómina de 45 candidatas y candidatos –23 mujeres y 22 hombres– que les envíe la Junta Nominadora.
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COMPADRAZGO Y NEPOTISMO
Aunque el Código del Notariado establece una serie de requisitos de probidad moral y profesional, han sido varias las personas que en los últimos años han obtenido el exequátur a través de maniobras, compadrazgos políticos o nepotismo. Criterio.hn investigó casos recientes de personas relacionadas a personajes relevantes dentro de la política, sobre todo afines a los últimos tres gobiernos nacionalistas, que esperaron poco tiempo para recibir el documento en mención.
Diana Rubí Argueta Pérez, con número de expediente 059-2021 y hermana del actual presidente de la Corte, Rolando Argueta, solicitó el examen en 2021 y el pasado 18 de febrero de 2022, se constató, obtuvo su exequatur con número de registro 1980. Argueta Pérez, se convirtió en abogada apenas en 2020.
Otro caso similar involucra a Rina María Oliva Brizzio, con número de expediente 060-2016 e hija del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva. El esposo de Oliva Brizzio es César Antonio Pinto Pacheco, quien fue diputado suplente del también notario Antonio Rivera Callejas. Pinto Pacheco, con expediente 061-2016, también solicitó realizar el examen en 2016. La pareja, según registros de la Corte, obtuvo el exequátur de notariado, el mismo día: 4 de mayo de 2017, con números de registro 1897 y 1899, respectivamente.
Connie Suyapa Ramos Agurcia, con número de expediente 029-2021, es esposa del actual magistrado de la Corte, Miguel Arturo Pineda Valle, y efectuó su solicitud, al igual que Argueta Pérez, en 2021. El pasado 1 de febrero se le extendió su exequátur con número de registro 1973.
Octavio Rubén Sánchez Barrientos es hijo del reconocido psiquiatra Octavio Rubén Sánchez Midence, quien en representación de la Corte Suprema de Justicia integró la Junta Nominadora que el 23 de febrero de 2016 nominó ante el Congreso a los actuales 15 magistrados de la Corte, y quien dos años después, en enero de 2018, fue nombrado ministro de Salud por Juan Orlando Hernández. En 2021, su hijo Sánchez Barrientos, integrante del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) de las ZEDE y socio de Ebal Díaz Lupián, pidió efectuar el examen con número de expediente 001-2021 y el pasado 11 de febrero, se le extendió el exequátur con número de registro 1976.
"A mí me ofrecieron convertirme en notario a cambio de que no publicara la investigación que involucraba a David Chávez en actos de corrupción durante su paso por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop)", afirmó Odir Fernández. La investigación citada reveló que Chávez, actual presidente del Partido Nacional, drenó a través de la sobrevaloración de contratos L21.9 millones cuando fungía como director ejecutivo del Infop en 2013. Chávez, quien es notario desde 2015, fue denunciado por el CNA ante el Ministerio Público, sin embargo, el caso nunca prosperó.
El caso de Odir Fernández y Joaquín Rivera Mejía o el de Reina Rivera Joya, versus los citados por Criterio.hn, son un claro ejemplo de que el notariado no necesariamente se adjudica por los conocimientos, idoneidad y experiencia que pudiesen demostrar los abogados y las abogadas, sino por los nexos con las élites y grupos fácticos.
