El gobierno y los empresarios han sostenido múltiples discrepancias por temas como la Ley de Empleo por hora, la Ley Especial de Alianzas Público-Privadas y los fideicomisos bancarios. La más fuerte ha sido por la Ley de Justicia Tributaria, y la más reciente por la denuncia y salida del convenio del CIADI.
Analistas consideran positivo que el gobierno y los empresarios por fin estén empezando a dialogar ya que los principales afectados por los conflictos es la población, porque la falta de coordinación entre ambos sectores dificulta la creación de empleos masivos.
Foto de portada: Cortesía Secretaría de Prensa Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – Desde el inicio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, el sector empresarial ha mostrado abiertamente su desacuerdo en relación a varias medidas propuestas por el gobierno en diferentes áreas en el ámbito de relaciones exteriores y economía en Honduras.
Sin embargo, casi dos años y medio después de la gestión de Castro, finalmente el gobierno y los empresarios se sentaron para establecer las bases de un diálogo fructífero que permitiera un trabajo coordinado por el bien del país.
Con la llegada de la nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, el pasado 15 de marzo, parece que hubo un acercamiento; por ello, recientemente sostuvieron una de las primeras reuniones.
En el diálogo sostenido entre la presidenta Castro, la presidenta del Cohep y demás funcionarios, se abordaron varios temas, como la generación de empleo en Honduras, la política energética del país, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la atracción de inversión y la lucha contra la corrupción, entre otros.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo. En el encuentro, también estuvieron presentes otros funcionarios como el Canciller de la República, Enrique Reina; el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina; la presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Rebeca Santos y el secretario de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato. Por parte del Cohep, participó la expresidenta del Cohep Juliette Handal y comitiva. (Foto cortesía de la Secretaría de Prensa).
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ACERCAMIENTO POSITIVO
Sobre la mencionada reunión, el economista y analista en temas del país, Julio Raudales, manifestó que a su juicio es positivo el acercamiento entre el sector empresarial y el gobierno.
Según Raudales, este acercamiento es crucial, ya que es necesario que ambos sectores se complementen. “el gobierno percibe impuestos principalmente de los empresarios en el país, y al hablar de empresarialidad, me refiero tanto a trabajadores como a dueños de capital por lo tanto esa armonía es clave”.
Julio Raudales, doctor en economía y rector de la Universidad José Cecilio del Valle. (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn)
Además, señaló que el crecimiento de los negocios empresariales se traduce en más puestos de trabajo, pero es fundamental que el gobierno desempeñe un papel clave al eliminar monopolios y promover la gobernabilidad y la confianza en el país para fomentar la inversión.
También resaltó el papel de dos mujeres al frente de esta ruta hacia el progreso, indicando que, aunque existan desacuerdos en el momento, el diálogo puede resolverlos.
Kenneth Madrid, abogado y analista político, coincide con Raudales al afirmar que los continuos desacuerdos entre ambos sectores sólo provocan desconfianza entre inversores extranjeros. Dichas divergencias generan un clima de incertidumbre y desconfianza, lo que a su vez roba oportunidades de empleo a los hondureños.
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DISCORDIA ENTRE SECTOR EMPRESARIAL Y GOBIERNO
Desde el inicio del gobierno de la presidenta Castro, las discrepancias han sido una constante. El hecho más reciente ocurrió en marzo pasado, cuando el gobierno hondureño anunció la salida y denunció la retirada de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El gobierno argumentó que esta decisión se basaba en el derecho soberano del país, mientras que el sector privado expresó su rotundo desacuerdo a la decisión, afirmando que esta medida podría disuadir la inversión extranjera al no garantizarse la seguridad jurídica.
Previamente, ambos sectores estuvieron en desacuerdo en varias leyes, como la Ley de Empleo por hora, la Ley Especial de Alianzas Público-Privadas, los fideicomisos bancarios y el polémico proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
Aunque esta última ha sido discutida en el Congreso Nacional (CN), aún no ha sido aprobada. El oficialismo sostiene que esta ley promoverá la equidad y eliminará la exoneración a las grandes empresas que por años evadieron esta obligación fiscal, mientras que los diputados del Partido Nacional, Liberal y una facción del Partido Salvador de Honduras (PSH) se oponen a su aprobación.
Fue precisamente esta ley que desató uno de los actos más controversiales cuando el sector empresarial exigió al entonces secretario del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, que presentará pruebas que demostraran la supuesta exoneración ilegal que las empresas habrían realizado durante años.
El 13 de septiembre de 2023, el extitular de la SAR, Marlon Ochoa, junto con otros funcionarios, se presentó ante la fiscalía con 17 cajas que contenían pruebas de las exoneraciones otorgadas a grandes empresarios de Honduras. Hasta la fecha, se desconoce si las autoridades procedieron a investigar o si el incidente quedó solamente como un espectáculo mediático. (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn)
Ochoa llegó al Ministerio Público en un camión que transportaba las 17 cajas de supuestas pruebas que respaldan sus acusaciones. En las afueras, el personal del Cohep afirmó que dichas pruebas no debían ser consideradas, ya que no estaban presentadas correctamente.
