Salida de Honduras del CIADI provoca divergencia entre el gobierno y los empresarios

Actualmente, se está a la espera de que se realice la cadena nacional, en la cual la PGR brindará un informe al pueblo hondureño sobre las razones por las cuales se decidió la denuncia y retiro del convenio del CIADI

Tegucigalpa, Honduras. – La denuncia y el retiro de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha generado una nueva discordia entre el gobierno y el sector privado. La decisión, tomada por la mandataria Xiomara Castro, ha sido respaldada por los funcionarios estatales, pero ha suscitado descontento en el ámbito empresarial y económico hondureño.

Es relevante destacar que la salida del CIADI no constituye el único motivo de divergencia entre el gobierno y las empresas durante la administración de Xiomara Castro. También han surgido discrepancias en relación con la Ley de Empleo por Hora, la Ley de Justicia Tributaria, la Ley Especial de Alianzas Público-Privadas y los fideicomisos bancarios.

El gobierno argumenta que su decisión se enmarca dentro del derecho soberano del país, mientras que el sector privado sostiene que esto podría ahuyentar la inversión extranjera al no garantizarse la seguridad jurídica.

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PGR ANUNCIA SALIDA DEL CIADI 

El 6 de marzo del presente año, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que informó sobre la denuncia y retiro del CIADI, suscrito desde 1986.

Según explicó el texto, la decisión es un mandato de la presidenta de la República, Xiomara Castro, y fue notificada al Banco Mundial (BM), desde el 24 de febrero del presente año. 

El CIADI es una institución adscrita al Banco Mundial y cuenta con la participación de 165 países. Actualmente, Honduras enfrenta nueve demandas de inversores en dicho ente, las cuales podrían superar los 12 mil millones de dólares en perjuicio del Estado hondureño.

En el mismo comunicado se explicó brevemente que una de las razones de la salida es que, pese a que el CIADI fue construido para dirimir las controversias entre inversionistas extranjeros y Estados, no ha cumplido dicha función.

“Por el contrario, se ha convertido en un sistema que socava la soberanía de las naciones, desplaza la función de los tribunales de la República y limita el cumplimiento de las decisiones del gobierno democrático”, reza el texto.

Un ejemplo de lo antes expuesto, según el comunicado, son los litigios entre el gobierno y los inversionistas extranjeros en proyectos que atentan contra la soberanía de Honduras, como sucedió con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Se recuerda que estas se aprobaron en el 2013, cuando Juan Orlando Hernández fungía como presidente del Congreso Nacional (CN). Por dicha aprobación, él y otros funcionarios fueron denunciados ante el Ministerio Público por personas naturales y organizaciones de la sociedad civil, por el delito de traición a la patria por la venta del territorio hondureño a capitales extranjeros, pese a que dicha acción la prohíbe la Constitución de la República.

Ante este panorama, surgió la incertidumbre de la población hondureña sobre por qué se tomó la decisión y cuáles pueden ser las consecuencias de la misma. Ante ello la PGR avisó a través de sus redes sociales que será en una cadena nacional que emitirá un informe sobre la denuncia y retiro del CIADI.

La fecha inicial para dicha comparecencia estaba programada para el jueves 7 del presente mes; sin embargo, se avisó que esta sería pospuesta para el siguiente día. No obstante, también fue cancelada bajo el argumento del desarrollo del juicio de Juan Orlando Hernández. Ese día se emitió la sentencia de culpabilidad contra Hernández por tres cargos vinculados al narcotráfico.

Para ayer 11 de marzo  fue la fecha reprogramada, para desarrollar la cadena, pero esta aún no se ha realizado. 

Tras los desacuerdos expresados por algunos sectores, varios funcionarios salieron en respaldo de la decisión. Entre ellos, el vicecanciller de la República Gerardo Torres, quien manifestó ante los medios de comunicación que dicho convenio actúa en favor de los sectores privados y no de los Estados.

 «El CIADI tiene un comportamiento que siempre termina afectando a los Estados, y hemos visto que muchos países europeos en sus acuerdos bilaterales han empezado a excluir esas cláusulas porque benefician a los sectores privados», expresó Torres.

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OPOSICIÓN A SALIDA DEL CIADI 

Es importante destacar que días antes de que la PGR emitiera el comunicado, oficializando la decisión, el CIADI ya había publicado (29.2.2024) la denuncia y retiro en su sitio web. En el mismo explicó  que la denuncia hecha por el Estado de Honduras producirá efecto seis meses después de haber recibido la notificación, es decir, hasta el 25 de agosto del presente año.

Uno de los primeros sectores en reaccionar con descontento ante la decisión fue el gremio empresarial, que el 4 de marzo emitió un comunicado manifestando su sorpresa y preocupación por la decisión, la cual catalogaron como un «autosabotaje económico».

En este sentido, explicaron que la decisión ahuyentará tanto la inversión actual como futura, ya que, según los empresarios, esta acción pone en duda la seguridad jurídica de los inversionistas. Ante ello, solicitaron que se reconsiderara la decisión.

El presidente de Cohep, Mateo Yibrín, expresó que la decisión solo afecta a Honduras. Sumando los problemas de gobernabilidad y corrupción, se le suma la falta de seguridad jurídica, lo que provocaría como consecuencia el alejamiento de la inversión extranjera. 

Mencionó que con dicha determinación Honduras no se va a librar de las demandas  y litigios pendientes en otros foros, como la Cámara de Comercio Internacional y el London Court of International Arbitration. Al mismo tiempo, podría incrementar las demandas antes de que se culmine el convenio con el CIADI. 

En este sentido, mencionó que la ventaja principal de que Honduras perteneciera al CIADI es la «protección de las inversiones extranjeras y la resolución de disputas de manera imparcial basadas en reglas reconocidas internacionalmente», expresó el presidente de los empresarios ante los medios de comunicación.

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DISCREPANCIA ENTRE GOBIERNO Y EMPRESA PRIVADA 

Sobre estas discrepancias entre ambos sectores, el abogado y analista político Kenneth Madrid, mencionó en una entrevista con Criterio.hn, que este tipo de ruptura entre el gobierno y la empresa privada solo afecta el clima de inversión.

Madrid es del criterio que este divorcio entre el sector privado y gobierno, solo detiene la inversión, pese a que el Estado debería proteger a los inversores nacionales y extranjeros para generar empleo, que es la principal demanda de los hondureños.

«Un país no puede avanzar si no hay una concertación entre los sectores políticos, económicos, gubernamentales y académicos. Si no existe esa armonía, es muy difícil que el país progrese solo con acciones unilaterales sin tener en cuenta al sector privado», expresó Madrid.

El analista es del criterio que las disputas con el sector privado tampoco dan una buena percepción a los inversores extranjeros que desean invertir en Honduras, «esto afecta el estancamiento de las leyes de producción y frena la inversión extranjera».