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Derogación de Ley de Defensa y Seguridad genera pugna ante proyecto presentado por Poder Ejecutivo

Derogación de Ley de Defensa y Seguridad

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Tegucigalpa.- El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para aprobar una nueva normativa y derogar la actual Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que aprobó el exgobernante Juan Orlando Hernández, considerado un mecanismo perverso al concentrar el poder en la figura presidencial y subyugar el Poder Legislativo y Judicial junto a la fiscalía.

El partido de gobierno pretendía aprobarla la nueva normativa en un único debate por lo que diputados opositores junto al Partido Salvador de Honduras (PSH) rechazaron la dispensa de debates al considerar que una ley trascendental debe ser discutida y aprobada de manera amplia para evitar excesos de poder como en el pasado reciente.

La Constitución de Honduras desde 1982, en su artículo 287, establece la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que debe ser regulado por una ley secundaria que debe aprobar el Congreso Nacional para su funcionamiento.

Pese que la figura del Consejo Nacional Defensa y Seguridad durante muchos años no se utilizó, en 2011, en el Congreso Nacional que presidía Juan Orlando Hernández, mediante el Decreto Legislativo 239-2011, creó el reglamento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que le otorga control absoluto al presidente o presidenta de la nación sobre el titular del Poder Legislativo, del Poder Judicial, el fiscal general, el ministro de la Secretaría de Seguridad y también de la Secretaría de Defensa y Seguridad, bajo el argumento de crear las políticas de seguridad y defensa.

La Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es considerado un mecanismo perverso que doblegó al Poder Legislativo y Judicial al igual que los organismos operadores de justicia a los intereses de la figura presidencial al mando de Hernández, por lo que la presidenta prometió la derogación de la normativa bajo una nueva ley que también ha generado polémica en varios artículos.

El pasado miércoles 17 de agosto, en sesión legislativo, se presentó el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo contentivo de la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que en el mismo se aprueba la derogación de la actual normativa. La comisión del Congreso Nacional en temas de defensa y soberanía dictaminó como favorable el proyecto del Ejecutivo.

El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, solicitó aprobarla dispensando dos de tres debates, que establece la Ley Orgánica del Congreso, con la finalidad que se aprobara en un único debate bajo la justificación que la presidenta Castro, se encuentra obstaculizada en temas de defensa y seguridad al no querer invocar la lesiva ley vigente.

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La moción de dispensa de debates no fue aprobada al requerirse la mitad más uno de los votos de congresistas presentes, 61 votaron en contra mientras que 55 votaron a favor y 2 se abstuvieron.

“Parece que fuerzas extrañas en este Congreso incidieron para que no nos pudieran acompañar y tener los votos necesarios para aprobar esta ley. Quiero anunciar que la presidenta se está viendo obligada para convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la ley de Juan Orlando Hernández, hay cosas urgentes que la presidenta necesita que se definan al interior de ese Consejo y hay muchas instituciones detenidas tan importantes para la política de defensa y seguridad”, señaló el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, cuñado de Castro.

La bancada del Partido Nacional con el Partido Liberal y la mayoría de diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), votaron en contra de la nueva ley que pretende extinguir la vigente que instauró Hernández y le otorgó poderes omnímodos.

Los cuestionamientos a la ley que presentó el Ejecutivo se centran en varios artículos como el artículo 7 que indica que presidirá el Consejo de Defensa el titular del Poder Legislativo asistido por un secretario ejecutivo y un secretario adjunto nombrado por la presidenta, este secretario podría tener control sobre las instituciones de seguridad del Estado por encima de los ministros.

Además, en el artículo 9 se establece que estos funcionarios dependerán únicamente de las directrices de la presidenta, contarán con equipo técnico especializado y un presupuesto especial asignado.

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Según especulaciones de sectores conservadores, se pretende nombrar al asesor presidencial, expresidente de Honduras y esposo de Castro, Manuel Zelaya Rosales, como director ejecutivo del Consejo.

Zelaya salió al paso, en un medio de comunicación, y negó las especulaciones al tiempo que aseguró que la normativa nueva se requiere con urgencia debido a lo lesivo del actual Consejo de Defensa y Seguridad que permitió instaurar una narco dictadura con Hernández, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico.

“En primer lugar, esta ley retorna al Estado de derecho que es la separación de poderes. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que ordena la Constitución y que en Honduras nunca se puso a funcionar, Juan Orlando Hernández aprovechó esa circunstancia donde incluyó en ese Consejo la Fiscalía general de Estado, el organismo que lo podía acusar a él estaba dependiendo de ese Consejo, él dirigía en ese caso las acusaciones. Incluyeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el organismo que lo podía juzgar, también estaba a las órdenes de Juan Orlando Hernández”, declaró.

Aseguró que en seis meses de gobierno la presidenta Castro ha trabajado “para que inicie el proceso de refundación del país, para que cambie una dictadura que duró más de 10 años, que endeudó al país y lo empobreció, una dictadura apoyada por organismos internacionales, apoyada por sectores oligárquicos” que ahora cuestionan la normativa que retorna la independencia de poderes.

Sin embargo, cuestiona que el Partido Nacional, Liberal y el PSH pretendan detener y modificar el proyecto de ley obstruyendo la visión del gobierno por lo que advirtió que se deberá recurrir a invocar al actual mecanismo para poner en operatividad las instituciones que se adhieren a temas esenciales en materia de seguridad, soberanía y defensa.

“Hay varias instituciones paralizadas desde febrero por no convocar a ese Consejo dictatorial que dirigía Juan Orlando, varias instituciones que no se le puede dar presupuesto, dar nombramientos, porque era una estructura que servía prácticamente para delinquir”.

“La presidenta no ha querido convocar a ese Consejo, pero tampoco tenemos la manera de resolver la institucionalidad que está armada en ese Consejo, incluyendo instituciones que están paralizadas, ese consejo es aberrante”, reprochó.

Según las declaraciones de Zelaya, Hernández operó su estructura criminal con la venía de la Corte Suprema, de la Fiscalía, del propio Congreso Nacional, “el que hace las leyes incluido, el que acusa incluido y el que juzga incluido, había una dictadura perfecta”.

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Otro artículo que generan polémica, es el artículo 23 que si bien contempla la derogación de la Ley de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, asimismo deroga el artículo 12 del Decreto Legislativo 211-2012 que nombra al director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y la derogación del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, que elimina los requisitos para ser ministro de seguridad.

Además se deroga el artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Emergencia 911, eliminando la figura de un director nacional y sus funciones trasladando el poder a la figura presidencial.

No obstante, tanto Sarmiento como Zelaya Rosales aseguraron que la derogación del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el 8 del 911, fue “un error involuntario que no será integrado a la normativa”.

 

“En Honduras las leyes para su defensa y justificación llevan cosas buenas, que es parte del discurso, pero incluido otras perversas… ´El infierno está lleno de buenas voluntades y deseos´”, expresó el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

REACCIONES

A criterio del designado presidencial Salvador Nasralla la ley que envió el Ejecutivo y deroga la vigente normativa para dar vida al Consejo de Defensa y Seguridad, “es una ley nociva para el país, yo estoy hablando por el país, aquí no es cosa de partidos. No podemos seguir con los mismos vicios que se cometieron en gobiernos anteriores. El Consejo de Defensa no es necesario, se debe eliminar”.

Contrario la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, considera que “la nueva Ley del Consejo de Defensa y Seguridad es un instrumento jurídico que requiere de una amplia discusión en el Congreso Nacional. No se puede dispensar de sus tres debates porque debemos asegurarnos que no se incurra en los mismos excesos de JOH según la vigente ley. El país debe cambiar”, dijo.

Al igual que Nasralla, el dirigente del Partido Liberal, Luis Zelaya considera que se debe extinguir el Consejo de Defensa y Seguridad siendo una medida para recuperar el Estado de Derecho.

“Consejo Nacional de Seguridad lo creó ilegalmente una persona acusada en Estados Unidos por narcotráfico durante su narco gobierno (descrito así por fiscal general de Estados Unidos durante la detención de JOH). ¿Así o más claro? Esa aberración debe eliminarse para recuperar el Estado de derecho”, expresó.

Al no lograrse la mayoría de votos para aprobar en un único debate la nueva ley que regula el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el Congreso Nacional deberá someterla a discusión en dos debates más.

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