Detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y un régimen de excepción perpetuado marcan la grave situación de derechos humanos en El Salvador, entre tanto advierten sobre el efecto contagio en Centroamérica, donde la persecución y represión contra defensores y periodistas va en aumento
Tegucigalpa Honduras. – El clima de criminalización en El Salvador contra los defensores de derechos humanos alcanza niveles críticos, marcado por detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y un régimen de excepción que limita garantías fundamentales, generando un ambiente de temor y represión que amenaza la labor de quienes defienden la justicia y la democracia en el país.
La coordinadora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares, denunció que en El Salvador se ha intensificado un proceso sistemático de criminalización y represión contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles, con impactos concretos y crecientes en la región.
El domingo 22 de junio Cristosal informó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió el recurso de hábeas corpus a favor de la abogada Ruth López, detenida desde el 19 de mayo.
Sin embargo, a través del comunicado la organización defensora de derechos humanos en Centroamérica denunció que la CSJ omitió reconocer la detención como arbitraria y no ejerció un control judicial riguroso sobre la misma, legitimando así la violación de derechos y el uso discrecional del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La detención de López se realizó mediante engaños y sin orden judicial clara, con una supuesta orden administrativa que no fue entregada ni a ella ni a sus abogados, además de que permaneció incomunicada por más de 72 horas, sin acceso a defensa legal en las etapas iniciales del proceso.
Posteriormente, la Fiscalía modificó el delito imputado, pasando de peculado a enriquecimiento ilícito, mientras que el proceso judicial mantiene reserva total, limitando el acceso a información pública.
“Si bien es un acto positivo e inusual en el actual contexto que el habeas corpus haya sido admitido, es lamentable que la Sala de lo Constitucional sostenga que no tienen trascendencia constitucional las graves violaciones al debido proceso que se produjeron durante la captura de Ruth”, enfatizó la organización en su comunicado.
La resolución de la Sala de lo Constitucional, de acuerdo con la organización, avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando derechos constitucionales como el derecho a la libertad y al debido proceso, establecidos en los artículos 12 inciso 2 y 13 inciso 2 de la Constitución salvadoreña.
Esto implica una legitimación de violaciones a derechos fundamentales en perjuicio no solo de López, sino de miles de personas detenidas bajo este régimen, que ha sido prolongado de forma inconstitucional por más de 39 meses y cuya derogatoria ha sido demandada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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CASO ENRIQUE ANAYA
Otro caso emblemático de criminalización es el del abogado constitucionalista Enrique Anaya, a quien el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó este día instrucción formal con detención provisional tras la audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República lo acusa de lavado de dinero y activos, señalando que los hechos investigados habrían ocurrido entre 2015 y 2024. El proceso se mantiene bajo reserva total a petición de la Fiscalía, lo que ha impedido el acceso de medios y observadores independientes a la audiencia, generando cuestionamientos sobre la transparencia del caso.
La defensa, representada por Jaime Quintanilla, anunció que apelará la medida, señalando que existen arraigos suficientes para que Anaya pueda seguir el proceso en libertad. “Todo el proceso lo catalogamos como ilegal”, declaró a medios de comunicación al término de la audiencia.
Enrique Anaya, conocido por sus críticas abiertas al presidente Nayib Bukele y su gobierno, fue detenido el 7 de junio en su residencia en Santa Tecla, en un operativo que involucró agentes vestidos de civil y uniformados, y que fue documentado en videos donde se le observa esposado y custodiado por un fuerte dispositivo policial.
Anaya ha denunciado públicamente irregularidades en procesos judiciales contra otros defensores, como la abogada Ruth López, y ha calificado al gobierno como autoritario y dictatorial.
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IMPACTO REGIONAL DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA
En un contexto comparativo, la criminalización de defensores de derechos humanos no es exclusiva de El Salvador. En Honduras, defensores y defensoras también enfrentan persecución y estigmatización por su labor, en un ambiente donde la impunidad y la falta de garantías judiciales son comunes.
Karen Valladares, señala que la situación en El Salvador tiene un impacto directo en Honduras, generando un efecto contagioso a nivel político en la región. El modelo de seguridad y control implementado por el gobierno de Nayib Bukele, es visto como un ejemplo a seguir por otros gobiernos centroamericanos.
Sin embargo, este modelo, advierte la defensora de derechos humanos, viene acompañado de políticas restrictivas hacia organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Sociedad Civil, periodistas y medios independientes, que enfrentan represión, cierre de espacios cívicos y campañas de estigmatización cuando denuncian corrupción o irregularidades.
En Honduras, la situación de los defensores de derechos humanos es igualmente alarmante y refleja una crisis estructural marcada por la impunidad, la violencia y la falta de protección estatal. Valladares destaca que entre 2020 y 2025 se han registrado al menos 65 asesinatos de defensores, de los cuales el 95% permanece impune, y que en 2024 se documentaron más de 2,700 agresiones contra defensores, especialmente aquellos que defienden la tierra y los bienes comunes.
Valladares advirtió que este patrón de criminalización y represión no es exclusivo de ambos países, sino que se extiende a Guatemala y la región, generando migración forzada y exilio de defensores por la inseguridad y persecución estatal.
