Defensa de Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona intentó incorporar constancias que niegan presencia indígena lenga en San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara. Acusación privada calificó la acción como una muestra obvia del racismo estructural en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – Tras ser declarado culpable por usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos en mayo de 2024, el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda, enfrenta un nuevo proceso judicial. Esta vez acusado por abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
El juicio inició este martes en Santa Barbará, en el occidente de Honduras. Junto a Pineda, también es acusado el ex vicealcalde del mismo municipio, Plutarco Mejía Cardona.
Ambos fueron acusados en 2020 por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad al extender y firmar una constancia en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El documento era un requisito para solicitar un permiso de operación y una licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ).
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Pineda y Mejía habrían añadido que la empresa desarrolladora contaba con la aprobación del pueblo indígena Lenca, pese a que no se realizó una consulta, previa libre e informada, como lo establecen tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1995, y la Declaración del ONU sobre pueblos indígenas, así como instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Curiosamente, la defensa de Pineda intentó incorporar –durante la etapa incidental– constancias de un exgobernador de Santa Barbara, un exalcalde de San Francisco de Ojuera y un exdirector de la desaparecida Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños en Honduras (Dinafroh), ahora Sedinafroh, en las que se establecía que no existen pueblos indígenas en las riberas del río Gualcarque, compartió Isaías Bejarano, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
“Exigimos se le aplique una condena, un castigo a ese exalcalde y al ex vicealcalde por el delito de abuso de autoridad, que cometió violentando los derechos no solo de una comunidad, sino de todo el pueblo lenca que está distribuido en varios departamentos del país”, recalcó Bejarano, quien informó a la población lenca presente sobre los avances del proceso judicial.
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Edy Tábora –abogado del Bufete Justicia para los Pueblos que representa al Copinh en la causa Agua Zarca– indicó que es una muestra obvia del racismo estructural del país, puesto que en la documentación presentada se establecía que no existen indígenas lencas en el municipio de San Francisco de Ojuera.
“Es una cuestión realmente sorprendente, la negación tan burda sobre un elemento que generalmente no debería de ponerse en cuestión, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Afortunadamente, el Tribunal de Sentencia hizo un control sobre esa prueba presentada y no fue admitida”, compartió el abogado Tábora.
Otro elemento discutido en el inicio del juicio por la defensa de Pineda fue el argumento de la existencia de consultas a patronatos y las llamadas “fuerzas vivas”. El profesional del derecho pormenorizo que quedó acreditado que en ningún momento existió una consulta previa, libre e informada, sino que durante las reuniones de corporación municipal se discutió cuando cobrarían a DESA en concepto de permisos de operaciones y permisos de construcción.
Además, el abogado narró que se abordó –si bien no era el objeto del juicio– la violencia ejercida por la empresa en las comunidades y los asesinatos, como el de Berta Cáceres y Tomás García Domínguez, entre otros. Testigos de las comunidades y expertos, también explicaron las relaciones culturales, espirituales y alimenticias que existen entre pueblo el lenca y el río Gualcarque.
“Con la prueba que se ha evacuado, nosotros consideramos que mañana -después de las conclusiones– debería de emitirse un fallo condenatorio contra estas dos personas que están acusadas”, afirmó Tábora.
Concluyó que con el nuevo Código Penal el delito de abuso de autoridad no tiene una pena de reclusión, únicamente de inhabilitación. Sin embargo, “tiene un efecto simbólico muy importante para abarcar a otros responsables de todo lo que ha ocurrido en las comunidades de Río Blanco y San Francisco de Ojuera, pero también con la rendición de cuentas sobre el asesinato de la compañera Berta Cáceres”.
Cáceres denunció las irregularidades presentes en el otorgamiento del proyecto hidroeléctrico a DESA y la ausencia de una consulta previa, libre e informada al pueblo lenca. Previo a su asesinato, aportó pruebas que posteriormente fueron usadas para armar el caso Fraude sobre el Gualcarque.
En la causa Berta Cáceres sigue pendiente llegar hasta los autores intelectuales del crimen. Desde diciembre de 2023, está pendiente de ejecutarse un requerimiento fiscal con orden captura contra Daniel Atala Midence, quien fungía como gerente financiero de DESA al momento del crimen.
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