Covid-19: escenario fértil para las violaciones y agresiones contra la prensa de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Al menos 41 agresiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la mayoría de estas dirigidas contra periodistas y medios de comunicación, se han registrado en Honduras del 16 de marzo al 11 de junio de 2020, según un monitoreo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

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El 16 de marzo con la entrada en vigencia del PCM021-2020, como respuesta gubernamental al combate de la Covid-19, se inició la primera amenaza a la libertad de expresión al suspender las garantías constitucionales.

El gobierno suspendió varios artículos de la Constitución, incluido el artículo 72, que garantiza la libre emisión del pensamiento y que literalmente establece: “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”.

Desde el primer día del estado de excepción, que contempla además la restricción de la libertad de locomoción, se denunciaron los primeros actos de coerción al trabajo de periodistas, con la retención de trabajadores de la comunicación por miembros policiales cuando estos se dirigían a sus centros de trabajo.

De manera simultánea, el entonces titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, declaró a una radioemisora de cobertura nacional, que un grupo de periodistas debían entrar en período de cuarentena por dar cobertura en un sector donde se detectaron casos de contagio positivo por Covid-19.

Por otra parte, varios periodistas denunciaron que la emisión de salvoconductos (documento que autoriza la circulación) se convirtió en una herramienta para limitar el ejercicio periodístico, sin dejar por fuera el discurso de odio en contra de medios de comunicación por parte de funcionarios públicos.

En el complejo escenario CRITERIO.HN fue objeto de tres agresiones. La primera es producto del discurso de desprestigio en contra del medio de comunicación por parte de funcionario públicos a quienes les incomoda el periodismo de investigación y además por parte del dueño de Diario La Tribuna, el expresidente de Honduras, Carlos Flores Facussé, denunciado por violentar derechos laborales de sus periodistas.

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Posteriormente, C-Libre registró una alerta por agresiones al fotoperiodista, Alex Fernando Desthephen, quien fue objeto de intimidación por parte de miembros policiales, después de fotografiar un incendio en un mercado de Comayagüela.

Finalmente, la agresión contra la periodista Nancy Paola Cruz, quien recibió una serie de llamadas extrañas, a su vez mensajes vía SMS con ofrecimientos monetarios a cambio de tener relaciones sexuales.

Afectaciones económicas

En este periodo se han registrado también deducciones salariales, suspensión de labores y vacaciones no remuneradas contra trabajadores y trabajadoras de la comunicación.

Este escenario de afectaciones económicas es palpable en la situación de precariedad denunciada por los periodistas del departamento de Santa Bárbara, quienes manifestaron las dificultades de ejercer su actividad profesional y de sufragar gastos personales por la falta de publicidad, que les permita mantener sus espacios informativos, todos ellos pagados de forma independiente en medios privados en la zona.

De igual manera se documentaron suspensiones y deducciones de salarios a trabajadores de diario La Tribuna, bajo el argumento de ser “un acto solidario” con el medio de comunicación en consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

Mientras en Honduras se han vulnerados los derechos de los periodistas y comunicadores sociales, el subdirector de información y comunicación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Moez Chackchouk, remarcó el 26 de marzo sobre la necesidad de brindar protocolos de seguridad para periodistas en la cobertura de la pandemia de la COVID-19.

De conformidad con las normas internacionales sobre libertad de expresión, Moez Chackchouk recordó, tanto a los Estados como a los propietarios de los medios de comunicación, el deber de garantizar “la seguridad de sus periodistas en la cobertura de la crisis sanitaria y de sus repercusiones sociales”.

Periodistas contagiados por COVID-19

La pandemia del nuevo coronavirus o Covid-19, también ha impactado directamente en los periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Casos positivos y hasta muerte por este virus se registran específicamente en el continente americano.

El colectivo Voces del Sur, que representan ocho organizaciones que monitorean el estado de libertad de expresión en las américas, presentó un reciente informe sobre el impacto de la COVID-19 en la integridad física de los y las periodistas. En países como Ecuador, se reportó el fallecimiento de 13 trabajadores de la prensa entre el 25 de marzo al 21 de abril.

En este contexto, Honduras no quedó exenta del trabajo de cobertura en tiempos de Covid-19. Hasta la fecha, C-Libre reporta trece trabajadores de medios contagiados.

La información confirmada por C-Libre es que al menos uno de los 13 comunicadores, ya fue dado de alta el pasado 14 de mayo y se trata de Orlando Escoto, jefe de redacción de diario El País, editado en San Pedro Sula.

Durante la semana del 18 al 22 de mayo, se realizaron más de 250 pruebas de detección de Covid-19 a periodistas y trabajadores de medios en Tegucigalpa, de acuerdo con la información, las mismas resultaron insuficientes para la cantidad de comunicadores que las solicitaron

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