El caso se desarrolla en medio del incumplimiento de fallos previos y recientes amenazas contra liderazgos garífunas, incluyendo el rapto del hermano del presidente del patronato de Punta Piedra
Tegucigalpa, Honduras. – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará el próximo 21 de mayo la audiencia pública por el caso comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. el Estado de Honduras en Ciudad de Guatemala, Guatemala, dio a conocer la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
El caso Cayos Cochinos refiere a la alegada afectación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad garífuna residente en el archipiélago, luego de que este fuera declarado área natural protegida y posteriormente monumento natural marino –con las consiguientes restricciones a la pesca, las actividades económicas turísticas–, a la vez que se realizan programas de televisión.
Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh, dijo a Criterio.hn que el otorgamiento por parte del Estado de la administración de los Cayos Cochinos a la fundación homónima, así como la creación del área protegida, se realizó sin una consulta previa libre e informada a las comunidades garífunas residentes. Este error se continúa replicando, detalló, con el reciente anunció de creación del Refugio de Vida Silvestre «La Danta» en territorio de la tribu tolupán de Agalteca.
Sumado a esto, declaró que, con la creación del área marina protegida, administrada por la Fundación de Cayos Cochinos se prohibió el acceso al territorio marítimo por parte de las comunidades garífunas violentando su derecho a la alimentación de acuerdo con sus tradiciones y costumbres.
La Corte IDH en el resumen del caso establece que se investiga la responsabilidad del Estado hondureños por la violación a los derechos a la integridad personal, garantías procesales, libertad de pensamiento y expresión, propiedad colectiva, derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, protección judicial y derechos culturales, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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El caso fue elevado a la Corte IDH en noviembre de 2023, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras 20 años de haber recibido la petición por parte de la Ofraneh, en la que inicialmente se incluía a las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, ambos con fallo a favor del pueblo garífuna desde 2015.
ANTECEDENTES
Cayos Cochinos es un archipiélago, bajo la jurisdicción política del departamento de Islas de la Bahía, específicamente el municipio de Roatán. Entre las islas que lo conforman están los cayos Timón, Bolaños, Chachahuate y East End, donde residen comunidades garífunas para quienes “el hábitat marino es esencial para la economía de su pueblo”, refirió la parte peticionaria ante la CIDH.
El documento enviado por la CIDH a la Corte IDH en noviembre de 2023, señaló: “La pesca en arrecifes coralinos ha sido fuente de alimentación e ingreso económico para los miembros de la Comunidad”, quienes desarrollan dicha actividad de forma artesanal.
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El escrito explica, además, que las y los residentes garífunas de los cayos no han sido tomados en cuenta al momento de emitir resoluciones vinculadas al uso y manejo de sus recursos, cuya administración está a cargo de la Fundación Cayos Cochinos, el entonces Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre–hoy Instituto de Conservación Forestal–, y la Municipalidad de Roatán.
Además, establece que en el Informe de Fondo No. 394/20, la CIDH concluyó que, a través de la declaración de parte del territorio de la comunidad como área natural protegida, las restricciones a la pesca y la realización de programas de televisión, entre otros, se generaron afectaciones a la población garífuna que reside en el archipiélago.
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La Fundación Cayos Cochinos ha sido denunciada de forma repetitiva por afectaciones contra el pueblo garífuna que reside en el archipiélago. Una de las acusaciones más recientes fue en 2021, y refiere a la deforestación de al menos dos manzanas de tierra en la isla Cayo Menor. Los empleados de la fundación acusados fueron sobreseídos provisionalmente en 2024. En respuesta, el patronato de la comunidad de Nueva Armenia en Jutiapa, Atlántida, denunció impunidad.
En marzo de 2024, se alertó que la comunidad garífuna de Chachahuate en Cayos Cochinos habría sido amenazada e intimidada mientras se realizaba la filmación de un reality español en Playa Uva, ubicada en el Cayo Menor.
