Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso sobre la afectación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.
Ubicada en el Caribe hondureño, la población Garífuna asentada desde hace 207 años en el archipiélago depende de la pesca artesanal en arrecifes coralinos para su sustento y desde la segunda década del siglo XX han luchado por el reconocimiento y titulación de sus tierras y territorios tradicionales, expuso la CIDH mediante un comunicado de prensa.
A lo largo de los años se han desarrollado una serie de incidentes en contra de la población Garífuna que vive en el archipiélago de Cayos Cochinos. Uno de los cuales es la explotación comercial por parte de la entidad que maneja el área protegida, mientras los Garífunas son perseguidos y violentados por subsistir.
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A finales de septiembre de 2023, pescadores y buzos artesanales Garífunas denunciaron durante un plantón: “el contubernio, el servilismo y matrimonio económico de la Fuerza Naval de Honduras con la Fundación Cayos Cochinos para intimidar, perseguir y amenazar a los líderes y a los pescadores de las comunidades garífunas”.
En septiembre de 2021, líderes comunitarios Garífunas denunciaron la deforestación de al menos dos manzanas de tierra en la isla conocida como Cayo Menor, y responsabilizaron de la acción a la Fundación Cayos Cochinos.
HOSTIGAMIENTO Y AGRESIONES CONTRA COMUNIDAD GARÍFUNA EN CAYOS COCHINOS
En su informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humano concluyó “que la declaración del territorio de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos como área natural protegida y Monumento Natural Marino, junto con restricciones a la pesca sin considerar prácticas tradicionales, generó afectaciones en el uso de la propiedad y recursos colectivos, incumpliendo obligaciones internacionales”.
De acuerdo a la publicación realizada por la CIDH a finales de diciembre, esta considera “que el Estado violó el derecho a la libre determinación al no garantizar consulta previa, afectar la posesión pacífica de tierras y recursos, y no adoptar legislación conforme a estándares internacionales”.
Indicó que la designación en noviembre de 1993, a través de la cual el Estado de Honduras declaró a Cayos Cochinos como área protegida impuso “medidas conservacionistas y vigilancia militar”, lee el documento.
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Estas acciones fueron profundizadas cuando en julio de 2003, el Estado declaró a Cayos Cochinos como Monumento Natural Marino, confiando su administracióm a entidades externas, causando restricciones a la pesca, lo que a la vez afectó la subsistencia de los pobladores y desencadenó actos de hostigamiento y agresiones contra la comunidad Garífuna.
ESTADO IGNORÓ RESOLUCIÓN DEL INA Y FALLO DE LA CORTE SUPREMA
La CIDH calificó como una “demora injustificada y falta de diligencia por parte del Estado” la dilación de seis a siete años en el proceso de titulación y registro de propiedad. Esto basado en el hecho que en enero de 2002 el Instituto Nacional Agrario (INA) extendió tres titulos de dominio pleno a favor de las comunidades Garífunas. No obstante, el Registro de la Propiedad de Islas de la Bahía denegó la solicitud argumentando “incompetencia del INA para entregar terrenos de naturaleza urbana”.
La CIDH indicó que esta denegatoria por parte del Registro de la Propiedad de Islas de la Bahía resultó en una serie de recursos legales, incluyendo apelaciones y recursos de amparo, que concluyeron en junio de 2005 con la Corte Suprema de Justicia revocando la decisión de la Corte de Apelación y la orden de inscribir los títulos de las tres comunidades.
La Comisión también señaló la presencia de amenazas, hostigamientos y violencia contra la comunidad, sin identificar responsables, subrayando que una investigación eficaz podría haber prevenido estos actos.
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A causa de lo anteriormente expuesto, la CIDH concluyó que el Estado hondureño es responsable por violentar derechos vinculados a la integridad personal, garantías procesales, libertad de pensamiento y expresión, propiedad colectiva, derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, protección judicial y derechos culturales, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO GARÍFUNA EN CAYOS COCHINOS, ENTRE MEDIDAS DE REPARACIÓN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó una serie de medidas de reparación al Estado de Honduras. Entre estas destaca la adopción de medidas que eviten que el estatus de Monumento Natural Marino obstaculice la libre determinación de la comunidad Garífuna y garantizar la participación efectiva de esta en su funcionamiento y mantenimiento.
También se sugirió la reparación integral de las violaciones, tomando en cuenta los daños causados por las restricciones y efectos de la creación del Monumento Natural Marino. Así como la creación de un fondo de desarrollo comunitario que incluya actividades de pesca y uso de aguas costeras, en conssulta y coordinación con la comunidad.
Aconsejaron asegurar que no se ejecuten proyectos vinculados a actividades turísticas, hoteleras o explotación de recursos sin cumplir estándares de consulta y consentimiento. De igual forma, asegurar la pronta resolución de recursos judiciales pendientes de la comunidad con control de convencionalidad.
Finalmente, la adopción de medidas legislativas para prevenir hechos similares, incluyendo una ley de consulta previa acorde a estandares internacionales y en consulta con la comunidad indígena hondureña.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en tres casos relacionados a la violación al derecho a la propiedad colectiva del pueblo Garífuna en Honduras. El más reciente es el Caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros Vs. Honduras, seguido por el Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras y Caso Comunidad Garífuna Punta Pidra y sus miembros Vs. Honduras.
Los fallos de los tres casos arriba mencionados han responsabilizado al Estado de Honduras por la vulneración al derecho a la propiedad colectiva de diferentes comunidades Garífunas ubicadas en la costa continental hondureña. Sin embargo, las diferentes administraciones gubernamentales han mostrado incapacidad en realizar el proceso de saneamiento de tierras ancestrales en los casos que involucran a El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Esta es una de las razones por las que en junio de 2021, la Corte IDH declaró como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con respecto a la implementación de medidas provisionales y cumplimiento de las sentencias de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
