El fallo de la comunidad de San Juan es el tercero que emite la Corte-IDH en favor del pueblo Garífuna de Honduras. El Estado sigue sin cumplir las reparaciones dictadas en 2015 en favor de las poblaciones de Punta Piedra y El Triunfo de la Cruz
Tegucigalpa. – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por unanimidad responsabilizó al Estado de Honduras por la vulneración al derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Garífuna de San Juan en Tela, Atlántida, ubicada en la costa del Caribe hondureño.
Esta es la tercera condena del Tribunal regional contra el Estado de Honduras por violentar el derecho a la propiedad colectiva de una comunidad Garífuna. El 8 de octubre de 2015, esta misma entidad falló en favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.
La sentencia fue notificada este viernes 15 de diciembre, pero emitida desde el 29 de agosto de 2023, según especificó durante la lectura del fallo el presidente de la Corte-IDH, juez Ricardo C. Pérez Manrique.
En este mismo fallo, también se responsabilizó al Estado por violar su obligación de garantizar la participación en los asuntos públicos, y el acceso a la información pública, en perjuicio de la comunidad de San Juan y sus miembros.
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La Corte-IDH estableció que el Estado hondureño incumplió su obligación de titular, delimitar y demarcar el territorio de la comunidad garífuna de San Juan, tampoco garantizó el uso y goce de esa propiedad y no le garantizó a la comunidad su participación en asuntos que la afectaron.
NO SE GARANTIZÓ NI RESPETÓ DERECHOS A PARTICIPACIÓN Y GARANTÍAS JUDICIALES
En la relación de hechos manifestada por la Corte-IDH se estableció que “en el marco de la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela, como de la creación del Parque [Jeanette] Kawas, las autoridades no garantizaron ni respetaron el derecho a la participación de la Comunidad de San Juan en asuntos que la afectaron”.
De igual forma, el Tribunal afirmó “que el clima de amenazas y de violencia en contra de los integrantes de la comunidad Garífuna de San Juan era atribuible en parte al Estado por lo cual, este era responsable por una violación al derecho a la integridad personal en su perjuicio”.
En la misma línea, se responsabilizó al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las y los pobladores garífunas de San Juan por no dar respuesta a las solicitudes de titulación que presentaron, ni se remitieron las investigaciones relacionadas a denuncias presentadas por la comunidad de San Juan.
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Entre las medidas de reparación dictadas por la Corte se establecen: conferir un título de propiedad colectiva a la Comunidad Garífuna de San Juan sobre tierras alternativas o en su caso pagar las correspondientes indemnizaciones a dicha Comunidad; resolver losrecursos judiciales o administrativos pendientes interpuestos por la Comunidad Garífuna de San Juan de conformidad con lo establecido por la normatividad interna.
Así como pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y constituir un fondo para financiar proyectos con propósitos educacionales, habitacionales, seguridad alimentaria, salud, así como de suministro de agua potable y la construcción de infraestructura sanitaria, recolección de basura, en beneficio de los miembros de la Comunidad; y pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos.
REACCIONES DE LAS PARTES
En respuesta al anuncio del fallo, la Procuraduría General de República (PGR) publicó en redes sociales que “reafirma su compromiso de cumplir con las resoluciones y coordinará esfuerzos para implementar la decisión”.
Además, compartió un comunicado en el que asegura que “la República de Honduras asume su compromiso en el respecto y protección de los derechos que les asisten a los pueblos indígenas y tribales, en este caso a la comunidad garífuna de San Juan y sus miembros”.
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Desde “X” [antes Twitter] del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa legalmente a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) en el país, se instó al Estado a “acatar las 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Ofraneh”.
Esto debido a que han pasado ocho años desde que la Corte-IDH falló en favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y El Triunfo de la Cruz, sin que el Estado cumpla gran parte de las reparaciones que dictó el Tribunal, especialmente aquellas relacionadas a garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales.
En junio de 2021, el Tribunal regional declaró como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con respecto a la implementación de medidas provisionales y cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
