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pretenden legitimar proyecto minero rechazado por garífunas

Incumplimiento de sentencias de la Corte-IDH por Estado de Honduras permite atropellos contra comunidades Garífunas

Tegucigalpa.- La conflictividad y violencia que vive el pueblo Garífuna no es nueva y tiene sus raíces en el racismo y la codicia por la riqueza natural de su territorio ancestral en la costa Caribe de Honduras.

A este caldo de atropellos se suma la falta de voluntad por parte del Estado de Honduras en dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en los casos de las comunidades de Punta Piedra en Iriona, Colón, y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.

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Lo que ocurrió en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía, obedece al mismo patrón de violencia que experimentan las poblaciones Garífunas a manos de quienes se han apropiado de su territorio comunal, y a un Estado cómplice.

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE CORTE-IDH REQUIERE DECISIONES RADICALES

Para el abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tábora, la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH, especialmente en lo que respecta a los puntos resolutivos que refieren al saneamiento de la tierra y la investigación de la violencia ejercida contra el pueblo Garífuna requiere de decisiones radicales por parte del Estado de Honduras.

Durante su participación en la sesión “Incumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH: el caso Garífuna de Honduras” en el segundo día del Foro Centroamericano de Donantes (CADF, por sus siglas en inglés), Tábora explicó que el saneamiento requiere de una comisión de alto nivel que tome decisiones al respecto.

Señaló que si bien se trata de devolver el territorio comunal al pueblo Garífuna, los actores involucrados en la adquisición de estas tierras van desde grupos empresariales nacionales y extranjeros, personas que adquirieron tierra para vivienda, crimen organizado, sector extractivo y hasta zonas protegidas entregadas a fundaciones que posteriormente pasan a manos privadas.

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El abogado apuntó que si se toma en cuenta la doctrina sobre la tierra colectiva del pueblo Garífuna y las sentencias de la Corte-IDH en ambos casos, se entiende que todos los títulos otorgados a terceros en territorio Garífuna son nulos.

Punta Gorda, ejemplo de ausencia de protección jurídica
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“Los títulos garífunas, la tierra garífuna, el territorio garífuna no se puede transmitir a terceros que no sean Garífunas, ese el postulado básico jurídico. La tierra garífuna, de acuerdo con los títulos ancestrales no se puede transferir a terceras personas, punto y sobre eso hay que analizar lo que implica el saneamiento”, expresó el profesional del derecho.

SANEAMIENTO DE TIERRAS PASA POR REVISIÓN DE NORMATIVAS SECUNDARIAS

Para que ocurra el proceso de saneamiento, Tábora señaló que es necesario enfrentarse al modelo de negocios extractivos en Honduras. El abogado advirtió que el mismo implica la revisión, derogación o modificación de algunas leyes en el país, “y eso no es poca cosa, porque todas las leyes que han afectado al pueblo Garífuna, han sido inconsultas”. Agregó que además de impunidad, la falta de cumplimiento genera nuevos hechos de violencia.

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Estas declaraciones fueron realizadas el jueves 27 de octubre, el desalojo violento en la comunidad de Punta Gorda en el departamento insular de Islas de la Bahía fue realizado el lunes 7 de noviembre a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir diez días después del evento que reunió no solo a donantes, sino también a funcionarios del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Para que haya saneamiento del territorio del pueblo Garífuna, Tábora advierte que primero se deben revisar las siguientes normativas: la Ley General de Minería de 2012, la Ley Marco del Subsector Eléctrico de 1994, la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, la Ley de Promoción de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, la Ley de Hidrocarburos que concesiona medio mar de Honduras, la Ley Forestal y de Áreas Protegidas, la Ley de Adquisición de Bienes Urbanos y la Ley General de Aguas de 2009.

Así como una reforma, que califica como “urgente y profunda”, sobre el sistema de licenciamiento ambiental en el país, pues la misma permite el otorgamiento de licencias operativas por cuatro meses para que las multinacionales se instalen en el país, inviertan 100, 200 y 300 millones dólares sin haber recibido nunca una licencia definitiva.

“¿Cómo enfrentarse a un proyecto de ese valor? Si cuando usted exige que se derogue lo que van a decir es que lo van a asesinar”, compartió Tábora.

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Ejemplificó este actuar con lo ocurrido la madrugada del 12 de julio de 2020, cuando cuatro jóvenes Garífunas del Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato, Albert Snaider Centeno Thomas, fueron desaparecidos durante un operativo en medio del estado de excepción declarado por la pandemia de covid-19.

“Eso es producto de la falta de cumplimiento de la sentencia”, apuntó, y es que la comunidad del Triunfo de la Cruz es vocal en cuanto a que pasa el tiempo y el Estado de Honduras sigue sin dar cumplimiento a la sentencia de la Corte-IDH y por tanto al saneamiento de su territorio.

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Periodista , Criterio HN

Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante.  Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general.

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