Corte declara inconstitucionalidad parcial de Ley de Secretos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –La Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos” fue declarada parcialmente inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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La acción jurídica se conoció este lunes tras cinco años y medio de aplicación de la normativa que declara reservas en la información pública hasta por 50 años.

La resolución se adoptó por mayoría de votos y al no alcanzar unanimidad pasará al pleno de magistrados del Poder Judicial

El 16 de febrero de 2016, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la “Ley de Secretos” por violentar los derechos constitucionales, mismo que está a la espera de su dictamen por la Sala de lo Constitucional.

El 24 de julio de 2019 C-Libre también presentó un recurso de inconstitucionalidad por forma, al argumentar que el Congreso Nacional cometió un “fraude legislativo” al incumplir con los requisitos para aprobar la ley.

C-Libre denunció en aquel momento que el Poder Legislativo no solicitó un dictamen del Poder Judicial y que aprobó la normativa en un sólo debate, sin acreditar urgencia calificada, lo que a su juicio debía ser considerado una inconstitucionalidad por forma.

El 10 de febrero de 2016, la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por los Derechos Humanos interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley, pero en noviembre de ese mismo año la Fiscalía de la Defensa de la Constitución (CSJ) recomendó a la Corte que decretara sin lugar el referido recurso.

La Ley de Secretos está contemplada en el decreto legislativo número 418-2013, aprobado en el Congreso Nacional el 24 de enero de 2014 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” número 33,373, con fecha 07 de marzo de 2014.

El 13 de enero de 2014, el diputado Rodolfo Zelaya Portillo, presentó el proyecto de ley en sesión de Congreso Nacional. Posteriormente, no se nombró una Comisión de Dictamen, sino que fue la Comisión Especial de Seguridad que dictaminó como favorable la iniciativa del parlamentario del Partido Nacional. Seguidamente fue el entonces secretario de la Junta Directiva, Rigoberto Chang Castillo, quien solicitó la dispensa de los siguientes dos debates.

La normativa fue aprobada el 24 de enero de 2014 durante la llamada hemorragia legislativa del período constitucional (2010-2014), aprovechada por el presidente Juan Hernández, para aprobar varias leyes que favorecieran su mandato.

Hasta el momento suman ya cuatro iniciativas de ley presentadas ante el Congreso Nacional para la derogatoria de la normativa y han sido introducidas por diputados de las bancadas de la oposición política, pero éstas han sido engavetadas por la Junta Directiva del Congreso, actualmente en poder del Partido Nacional.

INCONSTITUCIONALIDAD

A juicio de varios abogados constitucionalistas y de organizaciones promotoras de los derechos humanos y libertad de expresión, la ley es inconstitucional porque fue aprobada en una fecha en la que el Congreso Nacional no estaba facultado porque la cuarta y última legislatura del 2013 había sido ampliada hasta el 19 de enero de 2014, por lo que cualquier asunto debió ser abordado hasta el 25 de enero, día en que se instaló la primera legislatura del periodo constitucional 2014-2018.

El 10 de febrero de 2016, la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por los Derechos Humanos interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley, pero en noviembre de ese mismo año la Fiscalía de la Defensa de la Constitución (CSJ) recomendó a la Corte que decretara sin lugar el referido recurso.

A raíz del respaldo legal, la ley ha venido escondiendo todas las actividades que se realizan en 16 instituciones del Estado, especialmente las compras, licitaciones y contrataciones, por lo que ningún ciudadano puede enterarse en qué se gastan o a qué se destinan los fondos públicos.

BLINDAJE

La ley de secretos se complementa con la resolución CNDS 069/2014, aprobada en julio de 2014 por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que preside el presidente, Juan Hernández y que declara como reservada la información proveniente de varias instituciones del Estado.

La ley de secretos entró en vigencia el 7 de marzo de 2014, a pocos días de la asunción del presidente, Hernández, quien siendo presidente del Congreso Nacional, incidió para su cabildeo y elaboración.

La normativa clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, por lo que muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública.

La Ley de Secretos Oficiales reserva la información en las siguientes 16 instituciones del Estado:

  1. Corte Suprema de Justicia

  2. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Policía Nacional

  3. Ministerio Público – Dirección de Lucha contra el Narcotráfico

  4. Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)

  5. Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras (C-2)

  6. Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

  7. Instituto Nacional de Migración

  8. Dirección Ejecutiva de Ingresos

  9. Registro Nacional de las Personas

  10. Instituto Hondureño de Seguridad Social

  11. Instituto de la Propiedad

  12. Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

  13. Dirección General de la Marina Mercante Nacional

  14. Dirección General de Aeronáutica Civil

  15. Empresa Nacional de Energía Eléctrica

  16. Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), cuyo mandato expiró el 21 de enero pasado, exigió la reforma de la ley de secretos al considerarla un tropiezo para investigar a los actores de la corrupción.

La ley es además un obstáculo para el desarrollo del periodismo de investigación.

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