La normativa, aprobada de manera inconstitucional, esconde la información del Seguro Social y de 14 instituciones más
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, sigue siendo un obstáculo para que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) realice su trabajo.
La Misión de la OEA pidió el viernes anterior la derogatoria de la normativa y aconsejó darle paso a la Ley de Transparencia, mientras se aprueba una ley de Archivos, ya que de lo contrario no podrá realizar su trabajo para castigar la galopante corrupción e impunidad.
La “Ley de Secretos Oficiales” fue aprobada el 24 de enero de 2014 durante la llamada hemorragia legislativa del período constitucional anterior, aprovechada por el presidente Juan Hernández, para aprobar varias leyes que favorecieran su mandato.
Hasta el momento suman ya cuatro iniciativas de ley presentadas ante el Congreso Nacional para la derogatoria de la normativa y han sido introducidas por diputados de las bancadas de la oposición política, pero éstas han sido engavetadas por la Junta Directiva del Parlamento, actualmente en poder del Partido Nacional.
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Las iniciativas han sido presentadas de manera individual por los diputados, Luis Redondo, del PAC; Osman Aguilar, Partido Liberal y por los parlamentarios de Libertad y Refundación Libre, Jorge Cálix y Elvia Argentina Valle.
El diputado de Libre, Jorge Calix calificó a la Ley de Secretos Oficiales como “un escudo para los corruptos”, porque “el que defienda la ley de secretos es porque está defendiendo su escudo que lo cobija contra la transparencia y la lucha contra la corrupción”.
Por su parte Osman Aguilar, otro de los diputados proyectistas, dijo que la “Ley de Secretos” es una vergüenza y debería ser declara inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“Esta ley nos viola a todos los hondureños el derecho que tenemos de acceso a la información pública. No es posible que esta ley pueda permitir secretos de 10, 15 y hasta 25 años, justificándolos en materia de seguridad y defensa”, esbozó el ahora candidato a alcalde del municipio del Distrito Central.
Agregó que el marco legal le está sirviendo al gobierno para no dar a conocer en qué está gastando el presupuesto y cómo está haciendo las licitaciones, compras, y contrataciones del Estado.
A manera de ejemplo, Aguilar expuso que más de 2.500 millones de lempiras que se captan anualmente por la Tasa de Seguridad no se sabe en qué se están gastando, porque están amparados en la ley.
En virtud de la opacidad, Aguilar introdujo al Parlamento un decreto que pedía una auditoría forense en la Tasa de Seguridad, pero se le denegó, argumentando que la Ley de Secretos Oficiales lo prohibía.
INCONSTICIONALIDAD
A juicio de varios abogados constitucionalistas y de organizaciones promotoras de los derechos humanos y libertad de expresión, la ley es inconstitucional porque fue aprobada en una fecha en la que el Congreso Nacional no estaba facultado porque la cuarta y última legislatura del 2013 había sido ampliada hasta el 19 de enero de 2014, por lo que cualquier asunto debió ser abordado hasta el 25 de enero, día en que se instaló la primera legislatura del nuevo periodo constitucional.
El 10 de febrero de 2016, la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por los Derechos Humanos interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley, pero en noviembre de ese mismo año la Fiscalía de la Defensa de la Constitución (CSJ) recomendó a la Corte que decretara sin lugar el referido recurso.
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A raíz del respaldo legal, la ley ha venido escondiendo todas las actividades que se realizan en 16 instituciones del Estado, especialmente las compras, licitaciones y contrataciones, por lo que ningún ciudadano puede enterarse en qué se gastan o a qué se destinan los fondos públicos.
BLINDAJE
La ley de secretos se complementa con la resolución CNDS 069/2014, aprobada en julio de 2014 por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que preside el presidente, Juan Hernández y que declara como reservada la información proveniente de varias instituciones del Estado.
La ley de secretos, entró en vigencia el 7 de marzo de 2014, a pocos días de la asunción del presidente, Hernández, quien siendo presidente del Congreso Nacional, incidió para su cabildeo y elaboración.
La normativa clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, por lo que muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública.
La Ley de Secretos Oficiales reserva la información en las siguientes 16 instituciones del Estado:
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Corte Suprema de Justicia
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Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Policía Nacional
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Ministerio Público – Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
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Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)
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Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras (C-2)
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Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
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Instituto Nacional de Migración
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Dirección Ejecutiva de Ingresos
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Registro Nacional de las Personas
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Instituto Hondureño de Seguridad Social
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Instituto de la Propiedad
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Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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Dirección General de la Marina Mercante Nacional
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Dirección General de Aeronáutica Civil
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Empresa Nacional de Energía Eléctrica
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Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
El jefe de gabinete de la MACCIH, Julio Arbizu González, lamento que la ley proteja la información que se aleja de los parámetros internacionales, que se refieren a la seguridad y defensa del Estado.
En ese sentido citó que la ley confunde porque crea reservas en la información que se derive del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Ministerio Público, Poder Judicial y otros.
Cabe señalar que el acuerdo con la MACCIH fue suscrito entre el gobierno hondureño y la OEA, por la presión popular de las marchas de la antorchas, a raíz del descubrimiento del colosal saqueo al IHSS, paradójicamente protegido por la ley de secretos.
El funcionario de la MACCIH aconsejó al gobierno hondureño que en el marco del derecho de acceso a la información pública respete los parámetros internacionales y respete la Constitución y remarcó que la propuesta presentada el viernes anterior por la Misión se asienta sobre esos principios.
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“Creemos que el debate técnico de fondo debería incorporar eso como una premisa, es decir no podemos alejarnos de parámetros internacionales que ya asientan el derecho al acceso de la información pública”, consideró.
La MACCIH ha propuesto que las únicas excepciones para blindar la información se deben relacionar a:
A. EXCEPCIONES EN EL ÁMBITO MILITAR:
1. Los planes de guerra, logísticos, de reserva y movilización y de operaciones especiales. 2. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 3. Los desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional. 4. Las órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de guerra, planes de movilización y operaciones especiales. 5. Los planes de defensa de bases e instalaciones militares. 6. El material bélico, sus componentes, accesorios y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de guerra y/o de defensa.
B. EXCEPCIONES EN EL ÁMBITO DEL ORDEN INTERNO:
1. Los planes de operaciones policiales de inteligencia y aquellos destinados a combatir el terrorismo, el tráfico ilícito
de drogas y las organizaciones criminales. 2. Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley. 3. Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penales y de protección de dignatarios. 4. El movimiento del personal de unidades especializadas que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 5. El armamento y el material logístico comprometidos en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa.
C. EXCEPCIONES EN EL ÁMBITO DE INTELIGENCIA:
1. Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 2. Los informes que, de hacerse públicos, perjudicarían la información. 3. Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las excepciones contempladas en A.1, A.2 y A.4 [planes de guerra, operaciones y planes de inteligencia militar y órdenes de guerra.
5 comentarios
Que Dios nos proteja leyendo esos artículos de ducha leí solo Dios nos puede proteger
Ese gobierno tiene todo en sus manos mi deseo es que no dejen a nadie de ese gobierno sin darle su merecido no es justo hagan todo lo que puedan para que ese gobierno deje el poder y Honduras sea regenerada
hijos de puta dejen es mierda de ley secreta,,si ya sabemos que es para robar es que utilizan esa ley,,si fueran correptos no estubieran escondiendo mierdas,,,basuras de mierda solo para robar sirben estos malditos bipartidismo LIBERALES Y NACIONALISTAS,,,la ley secreta que ya no va aser ser secreta es que quememos sus cuarteles nacionalistas y liberales
La diferencia es que en Honduras, el objetivo es esconder actos de corrupción,ese cuento de la seguridad nacional nadie lo cree, porque los únicos que pueden atentar contra la seguridad de los hondureños son la generación de corruptos que se encuentran a lo interno del gobierno actual,y cada dia atentan contra la humanidad de los hondureños…robandose las instituciones y los recursos del país, para si, para sus familias y las pequeñas élites a quien le sirven incondicionalmente..
Cachirecos para el pozo
Hasta que deje de existir «HONDURAS» si va cambiar….pero mientras esten liberales y cachurecos jamas va a pasar!!!