Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Omar Rivera, integrante de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, aseguró que luego de un profundo análisis se determinó que era necesario avanzar en el proceso de rediseño y consolidación de una efectiva Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad que prestará los servicios de apoyo técnico jurídico a los diferentes organismos policiales y dependencias de esa entidad ministerial.
«Pudimos constatar que existía dispersión, ineficiencia y falta de armonización en las innumerables y poco articuladas unidades que brindaban asesoría, procuración, representación y conciliación legal en la Policía Nacional; además, existían varias denominaciones de puestos, salarios diferenciados, responsabilidades disímiles y una enorme anarquía en la dirección, supervisión y evaluación del desempeño de estos profesionales del derecho, razón por la cual se tuvo que implementar una radical reingeniería institucional» dijo Rivera.
El dirigente de sociedad civil expresó que «aquí nadie está cazando brujas o haciendo barridas; en la Comisión Especial le estamos apostando a rediseñar la Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría de Seguridad que sustituirá a las unidades de apoyo jurídico que mal funcionaban en la Policía Nacional tal cual sucede en todas los ministerios de línea en el marco de las disposiciones de la Ley General de Administración Pública; se elimina la estructura en la Policía y se constituye un renovado andamiaje en la Secretaría».
«Automáticamente los profesionales del derecho que laboraban en la vieja estructura policial tendrán que ser cancelados y se deberá iniciarse un proceso de rigurosa selección del nuevo personal para la Dirección de Asesoría Legal en la Secretaría de Seguridad; pretendemos que esos nuevos empleados sean contratados mediante concurso a fin de darle privilegio a los méritos, capacidades, competencias e idoneidad» exteriorizó el depurador.
Finalmente, Omar Rivera, manifestó que «algunos de estos abogados que conformaban parte de la estructura policial fueron denunciados de haber cometido actos ilícitos y toda la información respectiva fue remitida al Ministerio Público (MP), para que valorara los insumos y procediera de acuerdo a ley».
Un comentario
Las pandillas y maras mantienen en su poder muchas colonia en la capital
Lo que la administración de JOH ha estado haciendo a casi ocho años de gobiernos nacionalistas, no se ven resultados concretos para la eliminación del flagelo social que producen las maras y pandillas en la capital hondureña. En Honduras las principales pandillas que se han asentado es la MS-13 y la del Barrio 18. Solo en Tegucigalpa y Comayaguela existen 100,000 hogares con 500,000 personas que viven bajo la égida de estos grupos criminales. El control, acoso y presión de estos criminales llega al extremo que decisiones que deben ser tomadas por los jefes de familia en los hogares en muchas ocasiones tienen que contar con la venia del jefe de una mara. Según un informe de la FNA al menos 80 colonias son dominadas por la MS-13 y 73 por el Barrio 18. Estas pandillas al menos han reclutado 5,000 personas en todo el país. Según informe del comisionado para los derechos humanos 170,000 personas han tenido que migrar fuera de los lugares de residencia hacia sitios más seguros, huyendo del acoso y violencia de estas pandillas. Los líderes de las maras y pandillas han suplantado las autoridades estatales en los barrios y colonias de las que han tomado posición. De ese control no se han librado los centros educativos primarios y secundarios ubicados en las inmediaciones de esa colonias; recordemos que en el 2016 el colegio Modelo fue cerrado a causa de la constante hostilidad de los mareros y en estos días dos estudiantes del Central Vicente Cáceres fueron asesinados por pandilleros.
Es obvio que las políticas públicas para la seguridad ciudadana implementadas por estas dos administraciones nacionalistas no están dando los resultados que los hondureños deseamos. ¿Dónde está la paz y tranquilidad que Joh prometió el 27 de enero del 2014 cuando fue juramentado allá en el estadio nacional Tiburcio Carias Andino? Según parece, el haber capturado y encerrado en el centro penal de «máxima seguridad» jocosamente llamado «el poso» a los denominados «toros», jefes de pandillas, no ha generado el impacto esperado que asegure la paz y tranquilidad para los miles de hogares que a diario viven bajo el asecho de las maras en la capital de la República. Sin embargo, el gobierno cachureco de Joh ha gastado a manos llenas más de 10,000 millones de lempiras de los fondos ingresados de la tasa de seguridad, más las donaciones que todos los años el gobierno recibe de los países cooperantes y más los presupuestos regulares de las instituciones operadores de justicia; estamos hablando que, para la seguridad publica, anualmente se gastan muchos miles de millones de lempiras sin que los hondureños gocemos de la tan anhelada paz y tranquilidad prometida por el indómito pelo parado de las tierras del cacique Lempira.