Policía primo de “Tony” y JOH conspiró para mantener al clan en el poder

 

Por: René Novoa

 

Tegucigalpa. Las piezas del ajedrez caen poco a poco. Con la solicitud de extradición del ex policía y primo de Juan y “Tony” Hernández, Mauricio Hernández Pineda, el mandatario hondureño pareciera tener los días contados para presentarse al menos a declarar a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ya había presentado cargos formales contra Hernández Pineda en septiembre de 2019.

Pero no fue hasta el pasado 5 de febrero, que el Poder Judicial hondureño recibió la solicitud de extradición por parte de la Corte Federal de Manhattan contra el primo de JOH y de “Tony” Hernández, este último procesado en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos.

Al respecto, cuando en 2019 el policía primo de los hermanos Hernández Alvarado fue señalado de “estar involucrado en la conspiración de importar cocaína” a ese país del Norte, la Secretaría de Seguridad se limitó a emitir un comunicado donde afirma que el subcomisionado Hernández Pineda fue depurado “por reestructuración” en 2018.

“Nuestros registros oficiales detallan que el señor Hernández Pineda fue cancelado de sus funciones por la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional el 23 de agosto del año 2018, por restructuración”, dice el comunicado.

Cabe aclarar que Hernández Pineda fue separado de su cargo por la Comisión de Depuración desde mayo de 2016, de acuerdo con el comunicado No. 8 de esa institución.

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Círculo de poder investigado

Al margen de eso y según la documentación en poder de la corte neoyorquina, los hermanos Hernández Alvarado junto a otros funcionarios de alto nivel, usaron el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político. Al respecto, JOH consideró que sólo se trata de un “ataque con afán de venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y es lógico esperar la reacción de estos criminales tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener”.

Si bien la documentación que presentó la fiscalía estadounidense no identifica a JOH con nombre y apellido, sí aluden a él como CC-4 (co-conspirador número 4) quien fue “elegido presidente de Honduras a fines de 2013”. Además, los documentos dicen que se habría destinado “1.5 millones (de dólares) para sobornos durante su campaña electoral con el objetivo de comprar favores políticos a cambio de protección”.

Se conoció extraoficialmente que el testigo cooperante que ligó al mandatario Hernández en este caso, es Alexander “Chande” Ardón, ex alcalde de El Paraíso, Copán, y quien es identificado en la investigación como CW-3 (testigo cooperante 3, en inglés). Por su parte, a Hernández Pineda se le identifica como CC-6.

Además, los fiscales federales sostienen que el presidente Hernández formaría parte de un grupo de personas investigadas por la DEA desde 2013 por participar “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos”.

Del mismo modo presentaron una solicitud en 2015 para que Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL proporcionaran información de títulos de correos electrónicos, pero no de su contenido. Al menos dos de estas cuentas de correos pertenecían, supuestamente a Juan Orlando Hernández.

“También se incluyen en la solicitud las cuentas de correos electrónico de la hermana del presidente, Hilda Hernández, ya fallecida; su asesor Ebal Díaz; su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y cuatro miembros de la familia Rosenthal”, se conoció.

Primo de “Tony” ayudó a traficar drogas

Durante el proceso judicial contra “Tony” Hernández, se señaló que cuando Mauricio Hernández Pineda se desempeñaba como agente de la Policía Nacional de Honduras, “conspiró con Juan Antonio Hernández Alvarado, alias ‘Tony Hernández’ y otros, para importar toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos”.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, y la Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy Woolcock, informaron que Hernández Pineda fue acusado de conspirar para importar cocaína a EE UU y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. “Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico a través de su país, y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que eventualmente llegaron a los Estados Unidos. Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de los Estados Unidos», manifestó el fiscal Berman.

Los cargos contra el policía primo de los Hernández Alvarado son 1- Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; 2- Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

Y 3- Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

La investigación salpica a JOH

En los documentos desclasificados del caso en fecha el 2 de agosto de 2019, la fiscalía sostuvo que Mauricio Hernández (CC-6), Juan Orlando Hernández (CC-4) y Juan Antonio Hernández, conspiraron para importar cocaína hacia Estados Unidos.

“El gobierno aspira establecer que CC-3 [Porfirio Lobo Sosa], CC-4 [Juan Hernández], CC-5 [sin identificar] y CC-6 [Mauricio Hernández Pineda] complotaron con Tony Hernández en las operaciones de narcotráfico. Igualmente hubo un complot para a través del tráfico de drogas mantener y aumentar su poder político y control del Partido Nacional de Honduras”, afirmaron.

En los documentos la fiscalía afirma que: en 2008, Mauricio Hernández (CC-6), le manifestó a CW-4 que Tony Hernández protegía a CW-1 a cambio de pagos de ingresos de drogas. En 2010, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que (i) quería acceso información sensible de los órganos de aplicación de justicia para ayudar a proteger los envíos de drogas que involucraban a Tony Hernández y Alexander Ardón, (ii) Alexander Ardón estaba usando el dinero producto de la droga para pagar a Tony, que estaba usando parte de ese dinero para ayudar a financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, y (iii) Tony Hernández y Juan Orlando Hernández protegerían a CW-4 y le pagarían y le ayudaría con promociones a cambio de información.

En 2012, Mauricio Hernández le expresó a CW-4 que (i) la nueva ley de extradición hondureña sería promulgada en respuesta a la presión de Estados Unidos y destinada a apaciguar al Gobierno de Estados Unidos, y (ii) Tony Hernández le dijo a Mauricio Hernández CC-6 que si bien podría haber extradición disponible en teoría, ellos no serían extraditados.

En 2013 o 2014, Mauricio Hernández le habría dicho a CW-4 que hablaría con Tony Hernández para lograr que Juan Orlando Hernández ayudara a CW-4 a obtener una promoción. En 2014, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que Juan Orlando Hernández CC-4 estaba considerando eliminar la extradición, porque le preocupaba que Estados Unidos solicitara la extradición contra Tony Hernández.

En 2016, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que (i) Juan Orlando Hernández CC-4 estaba trabajando para prevenir que Tony Hernández fuera extraditado, pero no pudo proteger a CW-4 debido al interés de Juan Orlando Hernández de buscar la reelección, y (ii) CW-4 no podía hablar sobre el Tony Hernández, Juan Orlando Hernández o Mauricio Hernández CC-6 en los Estados Unidos.

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Pero no solamente en los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de New York se habrían formulado acusaciones contra JOH, en materia de narcotráfico, sino que otras voces desde el Congreso de Estados Unidos lo habrían señalado. Por ejemplo, la congresista por el estado de California, Norma Torres, cuestionó los acuerdos promovidos por la administración Trump con el mandatario hondureño, a quien se refirió como un “narcotraficante acusado”.

Torres alude al acuerdo para convertir a Honduras en “tercer país seguro”, al igual que Guatemala y México, donde los solicitantes de asilo tendrían que acudir antes de viajar a la frontera entre México y Estados Unidos.

Para la congresista, “esta es una estrategia urdida por el mandatario centroamericano para sumar simpatía con la administración Trump y así ganar tiempo ante las investigaciones que están en curso en su contra en la Corte del Distrito Sur de New York”, concluyó.

Lea el informe original

 

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