Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) rechazó la instalación de una sede del banco holandés FMO en San José, Costa Rica, y demandó el paro de sus inversiones en tanto no se aseguren los derechos humanos y el derecho de consentimiento de las comunidades indígenas en Latinoamérica.
Además, exigió que esta institución financiera asuma su responsabilidad por la violencia sufrida por Berta Cáceres, la comunidad Lenca de Río Blanco y el Copinh, a través de «cambios verdaderos en su política de inversión, reparación de las víctimas y reconocimiento de responsabilidad».
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El FMO financió, junto al FinnFund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), ligado al asesinato de la lideresa Lenca Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, por su defensa del territorio Lenca en Intibucá y el río Gualcarque.
Por este caso, el gerente de DESA, Roberto David Castillo, fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por su coautoría en el asesinato de la ambientalista indígena Berta Isabel Cáceres.
Sumado a esto, el abogado Wout Albers, quien representa a la familia Cáceres en una demanda contra el FMO, señaló al medio fd.nl que «todo indica incluso que financiaron indirectamente su asesinato«, en relación al financiamiento que otorgó el banco holandés a la empresa dirigida por David Castillo y cuyos inversionistas mayoritarios incluyen a la familia Atala Zablah.
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LA INVERSIÓN DEL FMO EN PROYECTO QUE COSTÓ LA VIDA A BERTA CÁCERES
El Copinh indicó en un comunicado que a través de esta acción el FMO «propone avanzar sus inversiones en la región, a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió».
La organización afirmó en el documento, que el FMO financió entre 2014 a 2017 al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el cual fue impuesto de forma ilegal a la comunidad Lenca de Río Blanco. El caso es conocido como Fraude Sobre el Gualcarque, involucra a exfuncionarios del Estado y fue elaborado por la Ufecic-Maccih a partir de las denuncias que realizó Cáceres previo a su asesinato.
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De acuerdo al Copinh, el FMO habría aportado en conjunto 17.2 millones de dólares, un aproximado de 413 millones de Lempiras, los cuales habrían sido utilizados para el pago de actos de violencia y asesinatos en contra de la comunidad Lenca, los cuales fueron denunciados por Cáceres y el Copinh. Por estos hechos el FMO enfrenta desde el 2018, una demanda civil por negligencia.
La organización indígena señaló que el FMO junto al BCIE y FinnFund, «cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah».
Es por medio de este mecanismo de desvío de fondos, señaló el Copinh, que incluso se realizó un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo, principal contacto y enlace del FMO, tres días antes del asesinato de Berta Cáceres.
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Además, señalaron que si bien en 2017 el FMO se retiró oficialmente del proyecto Agua Zarca por las presiones del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, los términos de la salida se mantienen bajo secreto para las víctimas. Sin embargo, se verificó que se condonó la deuda a la familia Atala Zablah, «por ende regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres».
