Foto portada: Representante de la Red Lésbica Cattrachas entrega los expedientes de las personas de la población LGTBIQ+ que han sido asesinadas. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Desde el Observatorio de Muertes Violentas LGBTIQ+ de la Red Lésbica Cattrachasse han contabilizado 473 muertes violentas y cuatro personas desaparecidas. Ciento siete de estas muertes han sido judicializadas, pero solo 44 han tenido sentencia condenatoria. En 29 años de recopilación de datos, existe un 90% de impunidad
Tegucigalpa.- La Red Lésbica Cattrachas exigió el esclarecimiento de 473 muertes de violentas de la población LGBTIQ+, así como la desaparición de cuatro personas, registradas desde 1994 a la fecha. La demanda fue realizada en el marco del lanzamiento del proyecto Vicky Hernández y Otras vs. Honduras.
Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, compartió que “desde 1994 hasta hoy, a través del Observatorio de Muertes Violentas LGBTIQ+, han contabilizado 473 muertes violentas y cuatro personas desaparecidas, de las cuales 142 eran personas trans, 61 lesbianas y 270 hombres gays. Ciento siete de estas muertes han sido judicializadas, pero solo 44 han tenido sentencia condenatoria”. Agregó que, en 29 años de recopilación de datos, existe un 90% de impunidad.
“Tenemos 29 años de construir memoria, construcción dolorosa por todas las vidas robadas, pero estas memorias nos permiten un día como hoy aspirar a la justicia penal por medio de la investigación policial con enfoque diferenciado, porque nunca la orientación sexual o la identidad de género debió ser motivo de muerte en Honduras”, señaló.
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Mendoza sostuvo que con la entrega del sistema de recopilación de datos y cifras vinculados a los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, además de exigir acción a la Dirección Policial de Investigación Criminal, están contribuyendo a que disminuya considerablemente la impunidad y el fortalecimiento de la estrategia de seguridad para una vida libre de violencia. “Las personas LGBTIQ+ aspiramos a una Honduras libre de violencia para todas por igual”, afirmó.
Para esto, la Red Lésbica Cattrachas entregó a la Secretaría de Seguridad, a través del comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cruz, la base de datos de muertes violentas recolectadas desde 1994, hasta la fecha, por el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTIQ+, con el objetivo que el Estado integre la información a sus sistemas de recopilación de datos vinculados a los casos de violencia contra la población diversa y contribuir a la disminución de la brecha de impunidad en Honduras.
“Llevamos nueve asesinatos, solamente este año. La última masacre de Comayagüela eran cuatro personas LGTBI [asesinadas]. No somos minoría, de hecho, estamos en todas partes y no deberíamos vernos desde esa forma”, recalcó. A la vez que sostuvo que la entrega de los expedientes no solo es para que el Estado tenga el registro, sino también para que todas las familias, de esta y futuras generaciones exijan justicia.
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PROYECTO ES PARTE DE LAS MEDIDAS DE NO REPETICIÓN DICTADAS POR LA CORTEIDH EN CASO VICKY HERNÁNDEZ Y OTRAS
El proyecto Vicky Hernández y Otras vs. Honduras, es parte de las medidas de no repetición del Estado de Honduras tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en su punto resolutivo número diecisiete, mediante el cual se dará seguimiento a los casos de violencia hacia la población LGBTIQ+ del país.
En este punto, por unanimidad de la CorteIDH en su sentencia del 28 de junio de 2021 se dispuso: “El Estado diseñará e implementará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, con el fin de evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI, en los términos del párrafo 179 de la presente Sentencia”.
Las partes involucradas en el diseño de esta estrategia son: la Red Lésbica Cattrachas junto a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que proporcionará el 60% —300 mil Euros— del financiamiento del proyecto.
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Por parte de la Procuraduría General de la República, a través del sub director de derechos humanos y litigios internacionales, Olvin Mejía, detalló que la CorteIDH en el desarrollo de la sentencia identificó que el Estado no tenía estadísticas adecuadas con respecto a la violencia contra las personas LGBTIQ+, por lo que le ordenó la creación de una base de datos y cifras para identificar los patrones de violencia contra esta población, y que la misma fuera debidamente diferenciada para colaborar en la administración de justicia.
“En esencia lo que busca el proyecto es: identificar cuáles son las debilidades dentro de la Policía Nacional para la recolección de información, y sensibilizar y concientizar a las personas que manejan el desarrollo de estadísticas de la Secretaría de Seguridad, para que también conozcan y sean sensibilizados en temáticas de género y LGBTI”, explicó.
Detalló que el proyecto esta conformado por tres componentes que involucran la creación de un equipo ejecutor, desarrollo de un mapeo de actores-instituciones involucradas en la administración de justicia y levantamiento de información con respecto a la violencia de las personas LGBTIQ+, y un diagnóstico que identificará las debilidades estructurales que tienen la Policía para su fortalecimiento. El proyecto tendrá una duración de tres años, al final del cual, la PGR espera que la Policía Nacional se fortalezca en el levantamiento de estadísticas e investigación con enfoque diferenciado.
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El embajador de España en Honduras, Diego Nuño, observó que actualmente la situación para la población LGBTIQ+ “es muy grave”, por lo que espera que a través de la donación de 300 mil euros por parta de la Cooperación Española se creen herramientas, instrumentos de investigación, recopilación de información que termine con la impunidad y se consigan “efectos positivos” en la “concienciación social y política” no solo en Honduras, sino también en el resto de la región.
El comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cruz, en representación de la Secretaría de Seguridad, declaró que el compromiso de la Policía, a través de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la recientemente creada Unidad de Muertes con Enfoque Diferenciado, es que ninguna muerte quede impune.
El caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras, está fundamentado en el asesinato de una mujer transgénero de 26 años, activista de derechos humanos y trabajadora sexual en la ciudad de San Pedro Sula, una de las primeras víctimas, en medio de un estado de excepción (toque de queda) impuesto el día del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Como parte de las medidas de satisfacción y rehabilitación requeridas por la CorteIDH, se ordenó la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional el cual fue realizado por la administración de la presidenta Xiomara Castro, pese a que la sentencia fue anunciada durante el régimen de Juan Orlando Hernández.
El caso de Vicky Hernández fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012 por la Red Lésbica Cattrachas y recibió el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights, antes conocido como Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
